El abuso de la utilización de la figura jurídica de la acusación popular por parte de la extrema derecha está provocando no sólo un colapso en la administración de justicia sino gran malestar en la sociedad civil por las acusaciones, muchas veces sin fundamento, que están utilizando las organizaciones afines para desprestigiar al gobierno progresista, utilizando a los jueces y magistrados que, en ocasiones, entran en su juego. Utilizar la vía judicial para fines políticos no es de recibo. “La perversión de la acusación popular por ultras y buleros es ya un problema democrático. Y que el PP les siga la corriente es lamentable. Eso sí, debe de ser frustrante que tanto trabajo les dé tan poco rédito”. Quien así habla es el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en la última sesión de control al gobierno denunció que las “asociaciones ultraderechistas a las que ustedes, PP y Vox, benefician está pervirtiendo la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino a personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias”. Y dijo más: “afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos, sino contar mentiras y que ustedes se beneficien de esas mentiras y de esos bulos”.
La acción popular en los juzgados debe reconsiderarse en nuestro ordenamiento jurídico porque, como dice el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, “es increíble que en España exista esta monstruosa posibilidad de que cualquier ciudadano pueda colocar en el banquillo a otro, si encuentra a un juez de instrucción que casi de oficio le acompañe con su investigación en el camino. Debe saberse que, a lo largo y ancho del mundo, solo puede acusar de delitos la fiscalía, o como mucho la víctima, y no siempre, precisamente para evitar este tipo de excesos que se han hecho particularmente frecuentes en las últimas décadas en España”. La casi totalidad de los casos judiciales mediáticos que están afectando a la clase política han sido presentados en los juzgados por agrupaciones ultras o próximas a la extrema derecha utilizando, para ello, la figura de la acusación popular.
No son pocos los juristas que coinciden en el análisis del gobierno sobre el uso de la justicia con fines muy diferentes al proceso penal y que aumenta además el riesgo de investigaciones prospectivas o pervierte el esquema natural por el que sólo deberían llegar a los tribunales aquellas investigaciones en las que haya indicios concluyentes de responsabilidad criminal. La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos de los fiscales las instrucciones, va a limitar las actuaciones de la acción popular a los partidos políticos, sindicatos y a las administraciones públicas. Y, además, se estudia la posibilidad de prohibir el ejercicio de este tipo de actuaciones por parte de los grupos de extrema derecha, aunque ello suponga ir en contra de la Constitución que regula la participación de los ciudadanos en la justicia. La Carta Magna regula, en su artículo 125, la participación de los ciudadanos en la justicia. Permite tanto la acusación pública como la particular en los procedimientos judiciales.
La personación particular sólo la pueden ejercer aquellos que se consideren perjudicados o parte directa en una causa. La acusación pública no puede personarse en todos los procesos judiciales, sino sólo en los que enjuicien delitos perseguibles de oficio. No cabe en delitos privadosy se excluye también de los procesos penales militares. Para poder participar en la instrucción hay que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos destaca no ser juez o magistrado, no tener una condena firme por injurias o calumnias e identificar al acusado y los hechossobre los que se establece su acusación de manera clara.
Precisamente se trata de aumentar estas limitaciones para evitar el abuso actual mediante el cual cualquier organización puede personarse como acusación pública. La única condición es que se deposite una fianza que puede llegar a ser ridícula. Hay grupos como Hazte Oír, presente en todas las causas donde están implicados miembros del gobierno progresista o partidos de izquierda, con suficientes recursos económicos como para hacer frente a esas fianzas y los gastos de abogados y procuradores. Y sólo con un objetivo. Poder acceder al sumario para utilizarlo a su conveniencia en los medios de comunicación afines. Porque, al final, las conclusiones a las que llegan los jueces instructores es que no hay suficientes indicios como para proceder al procesamiento de los investigados. Pero el daño reputacional ya está hecho a través de la caverna mediática que se presta al juego de la extrema derecha con el propósito de derribar al gobierno sin importar si ello daña a la democracia.
¿Cómo se va a plasmar en la reforma de la Lecrim esta limitación? No se sabe bien lo que va a hacer el Ministerio de Justicia en el proyecto de ley que están elaborando en el departamento de Bolaños. Pero la clave reside en quién se va a encargar, tras esta modificación legal, de la investigación ya que se pretende que desaparezca la figura del juez instructor siendo sustituida por la del fiscal. El magistrado quedaría como” garante” de la legalidad en las investigaciones que se llevan a cabo. Si esto se llega a reflejar en el proyecto de ley, que no es otra cosa que la “tercera pata” de la pretendida modernización de la justicia, el ministerio público sería el encargado de aceptar las personaciones en las causas que investiga.
Es una fórmula para evitar que la justicia se instrumentalice políticamente porque el problema no radica en el desarrollo de una investigación sino en cómo esta instrucción judicial, sobre todo si se producen excesos, es utilizada a sabiendas como instrumento para influir en la opinión pública y perjudicar al adversario. Es decir, no importa el resultado final y la verdad, sino el daño que se inflige mediante la construcción del relato.