Era de esperar la resolución del pasado martes de la sala de Lo Contencioso Administrativo rechazando la pretensión de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales de anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Lo que sorprende es la unanimidad con la que unos jueces controvertidos se han pronunciado. Pero tiene sentido. A la misma hora en que se hacía público el fallo, el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso de amparo de Dolores Delgado contra la sentencia que anula su ascenso como fiscala de sala de Memoria Democrática. Los magistrados del Supremo las ven venir y miran de reojo a su compañero de Lo Penal, Ángel Hurtado, cuestionado hasta la saciedad por la instrucción que está llevando a cabo contra García Ortiz por revelación de secretos hasta llegar al punto de negar la existencia de una confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso donde su abogado reconoce que defraudó al fisco en dos declaraciones del impuesto de sociedades. No están las cosas como para resolver estrafalariamente. El nombramiento del cargo de FGE es, constitucionalmente, potestad exclusiva del ejecutivo. Haber dicho otra cosa hubiese significado una intolerable intromisión en las competencias del poder ejecutivo justo en un momento de seria crisis institucional.
La corte de garantías va a estudiar si los jueces de la sala de Lo contencioso Administrativo vulneraron los derechos fundamentales de Dolores Delgado cuando anularon su ascenso. El tribunal que preside Conde-Pumpido se ha puesto serio en este asunto porque los magistrados argumentaron que se había producido una “desviación de poder”, un fundamento poco jurídico que suena más bien a un argumento político. Pero es que, además, es la segunda impugnación que asume en lo que va de año contra decisiones del TS relativas a ascensos en la fiscalía. La primera es la de Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Menores fue anulado por “falta de motivación” de la decisión. Es un caso diferente al de Dolores Delgado, pero ambos tienen un denominador común: los obstáculos que está poniendo la sala de Lo contencioso Administrativo a la labor de García Ortiz. Por eso mismo se dudaba de que la sentencia de este martes fuese a ir en el sentido en el que ha ido.
El rechazo del recurso contra ese nombramiento lo han avalado los cinco magistrados que integraban el tribunal: Pablo Lucas, presidente en funciones de la sala, Luis Díez-Picazo, Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. De ellos se temía, principalmente, la opinión de Requero. Pilar Teso se habría opuesto a cualquier sentencia contraria a García Ortiz porque es la candidata progresista para ocupar la presidencia de la sala. Igual circunstancia que la de Pablo Lucas propuesto por los conservadores los cuales no hacen más que decir que es un juez “de talante progresista” aunque últimamente sus ponencias van en sentido contrario. Pero Requero, del que se dice que ha sido el inspirador de las ultimas resoluciones contra García Ortiz, es un juez ultraconservador. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura. De 2001 a 2008 fue Vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Durante este tiempo fue autor de informes referidos a anteproyectos de ley sobre Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, al anteproyecto de ley orgánica integral de Violencia sobre la Mujer, y la reforma del Código Civil en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo. Es miembro del Opus Dei, y colaborador del periódico La Razón y la fundación FAES. Con este historial es lógico que sostenga cierta beligerancia hacia el que la derecha judicial considera la bestia negra del sanchismo.
Por eso mismo, también sorprende la rapidez con que se ha producido el debate y la publicación del fallo. Aunque lo habitual es que la sentencia completa se firme y difunda varios días después de la deliberación, el tribunal la ha hecho pública apenas dos horas después de que los jueces la hayan acordado. En fuentes jurídicas se justifica esta rapidez por la cercanía de la comparecencia de García Ortiz ante el juez Hurtado en su calidad de investigado por un delito de revelación de secretos.
Es cierto que esta sentencia y la admisión a trámite del recurso de Dolores Delgado son dos buenas noticias para un fiscal que, la derecha asegura, se encuentra acorralado. Nada más lejos de la realidad. García Ortiz está avalado por Pedro Sánchez que le ha ratificado en numerosas ocasiones y, sobre todo, siempre que ha sido cuestionado por las asociaciones conservadoras de fiscales que le han declarado la guerra. Y con eso basta. Lo dicen los propios magistrados del Supremo quienes destacan el “amplio margen de discrecionalidad” que confiere la Constitución al gobierno para los nombramientos discrecionales. Además, dejan claro que no se discutía que García Ortiz cumpliera las condiciones que exige la ley para acceder al cargo, ser un jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, sino su idoneidad. Por esta razón, según el tribunal, el examen judicial debe ser “prudente” para no privar al Gobierno de su competencia.
Ahora a García Ortiz sólo le resta conocer cuál va a ser el destino penal de la causa abierta contra él por revelación de secretos. Todo parece indicar que el instructor, Ángel Hurtado, propondrá su procesamiento, pero los indicios que se van a utilizar son poco consistentes. Al menos hasta el momento actual de las diligencias. Y es cierto que el juez no está teniendo en cuenta testimonios importantes como los de los periodistas que dieron a conocer el famoso correo electrónico en el que el abogado defensor de Alberto González Amador hacía una propuesta de acuerdo de conformidad al fiscal anticorrupción de Madrid, Julián Salto. Toda una serie de elementos que permiten asegurar la absolución, en la vista oral, para el FGE del delito que se le imputa.
Por cierto, se ha dado a conocer que el recurrente ante la sala de Lo Contencioso Administrativo, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, está asesorada por la abogada Elisa de la Nuez, una de las miembros destacadas de la Fundación Hay Derecho, la misma que se postula como “independiente” al margen de cualquier ideología política. Esta abogada fue la que logró de esta sala la anulación del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del consejo de Estado.