Este miércoles conocíamos estupefactos la decisión del Tribunal Constitucionalpor la que el Alto Tribunal, con un ajustado margen, declaraba inconstitucional el estado de alarma decretado en el mes de marzo de 2020. Una decisión auspiciada por la ultraderecha de Santiago Abascal al que los magistrados han arropado en una sentencia que apesta a oportunismo político. Desde el inicio de la pandemia la derecha ha mostrado una desmedida falta de responsabilidad y ahora este delirio es avalado por la judicatura.
La legalidad de la decisión no ha sido puesta en duda en ningún caso, pero sí deberíamos reflexionar sobre la legitimidad, argumentos e incluso la ética de los magistrados que han votado a favor del recurso de Vox.
Resulta sorprendente que un órgano constitucional entre al trapo en una cuestión de este calado en un momento en el que cualquier país del mundo se encuentra inmerso en una crisis colosal derivada de la pandemia por la Covid.
Como bien explicaron desde el Gobierno y desde otras instancias en la tarde de ayer, la mejor vacuna contra el coronavirus que había en aquel momento era el confinamiento con el fin de restringir al máximo la movilidad de las personas y así también la del virus del que en aquel momento poco se conocía. Con esta medida se salvaron en España miles de vidas.
Por otra parte, conviene resaltar que ni VOX en su recurso, ni el TC en su decisión critican la limitación en exceso de algunos derechos fundamentales, como el de reunión o libre circulación, no, ambos argumentan que había que haber aplicado el estado de excepción, que si consultamos el texto legal que de lo desarrolla, no solo limita estos derechos, sino que directamente quedan fulminados.
Además, la aplicación del artículo 116 de la Constitución que en la Ley que lo desarrolla (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio) contempla expresamente la aplicación del estado de alarma en crisis sanitarias, tales como epidemias ... . Para cualquier lego en la materia está claro, para una inmensa mayoría de los juristas, también, pero para la extrema derecha no solo no está claro sino que van más lejos y tal y como en su ADN figura, lo suyo habría sido aniquilar todos nuestros derechos a través de un estado de excepción.
De la misma manera que las sentencias se acatan, cualquier español está en su derecho de criticarlas y sobre todo cuando las intenciones no son, como es el caso, la de aclarar una situación reversible, las intenciones son meridianamente claras, desgastar "cuanto más mejor" al Ejecutivo de Sánchez.
La pregunta que queda en el aire y sobre la que debemos reflexionar es sobre la legitimidad de las decisiones al ser estas tomadas por un órgano caducado, cuya renovación está bloqueada por el Partido Popular, incumpliendo así la Constitución.
Entonces, el Tribunal Constitucional con su presidente más que pasado de fecha y, magistrados que tenían que haber sido renovados hace tiempo, ¿tiene credibilidad y legitimidad para opinar sobre una Constitución que incumplen ellos sistemáticamente al mantenerse en sus sillas?.
La judialización de la política, que observamos desde las más bajas instancias, y que hace años muchos advertimos que resulta como mínimo injusta, ha llegado al extremo de poner en peligro el sistema democrático.
Lo peor de esta decisión, que para gusto y opinión de muchos resulta una torpeza,es que abunda más en la percepción, diríamos que correcta, de sentirse los ciudadanos poco o nada protegidos por la Justicia. Una decisión que además anima a la derecha y ultraderecha a continuar con sus delirios jurídicos,ya que ellos, los endiosados ytodopoderosos magistrados, ya están para extender los brazos y abrazar la vesania de sus razonamientos contra cualquier decisión que tome este Gobierno tildado, a un incomprensible modo de insulto, como "socialcomunista".