A medida que pasan los días se va conociendo la verdadera cara de Génova que no es otra que el empeño de sus dirigentes en hacerse con Moncloa al precio que sea. Y luego hablan de Pedro Sánchez. Desmentidos aparte, lo cierto es que el PP estudió la posibilidad de amnistiar a los independentistas catalanes, que si se desechó la idea no fue por la famosa “inconstitucionalidad” sino porque no tenían los votos suficientes para sacar adelante una iniciativa parlamentaria teniendo en cuenta la radical oposición de sus socios de Vox. Luego dicen que llegaron a ofrecer un indulto “si se daban las condiciones necesarias”, y otras concesiones que pronto conoceremos.
Carles Puigdemont ha contestado contundentemente a la resolución del Europarlamento en la que exigen, a propuesta del Partido Popular Europeo, que se investiguen las conexiones del independentismo catalán con Rusia. La respuesta de Puigdemont ha sido durísima: “si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, todos estos espectáculos se habrían evitado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la trama rusa, todo se sabrá”. Y en Génova les ha entrado el pánico. Y es que los dirigentes del PP no saben medir las consecuencias de sus actos. Con tal de machacar al contrario utilizando todo tipo de triquiñuelas, se han metido en la boca del lobo.
¿Qué es lo que se puede desvelar que tanto temen en Génova? Ya hay quien dice que lo que se le ofreció al inquilino de Waterloo fue resolver favorablemente sus casos en los juzgados. Si eso se confirma estará claro quién controla a los jueces.
La indiscreción de Ignacio Coisidó, portavoz del Grupo Popular en el Senado de hace unos años, puso al descubierto ese control de la derecha, aunque sea “por la puerta de atrás”. Eso vino a decir cuando anunció a sus compañeros que el juez propuesto por ellos, el que hoy es presidente de la sala de Lo Penal, Manuel Marchena, sería el nuevo titular del Consejo General del Poder Judicial y así “pasaremos a controlar la sala segunda de Lo Penal”. La oferta a Puigdemont va en ese mismo sentido. “Arreglar sus problemas con la justicia en los mismísimos juzgados” no es otra cosa que obligar a los magistrados a que se olviden de sus diligencias y las archiven. Ahora se entiende cómo se libraron de las responsabilidades penales gente como Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy.
Y ahora se entiende, aún más, ese empeño en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial a pesar de que el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, insiste en que hay que resolver ese “grave desajuste” en la justicia española. Las negociaciones apenas avanzan a pesar de los contactos mantenidos, el último este lunes, porque Núñez Feijóo pide un imposible: la renovación debe hacerse simultáneamente al cambio de sistema de elección de los vocales y a una reforma en profundidad de las instituciones jurídicas del país, refiriéndose al Tribunal Constitucional y a la fiscalía general del Estado. Es imposible hacer eso que piden porque requiere la reforma de leyes orgánicas, algo que implica trámites parlamentarios y tiempo para efectuarlos.
Está claro que lo que buscan es mantener el bloqueo indefinidamente y esperar a que se presente una nueva oportunidad de hacerse con La Moncloa para sacar adelante su proyecto que, a su vez, está comprometido con las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales. Pero luego que no vengan a pedir a Bruselas el amparo hacia lo que consideran “desmanes” del gobierno de Pedro Sánchez. Porque la Comisión Europea ya se ha dado cuenta de lo que realmente pretende la derecha de este país. Reynders se ha quitado la venda. Todavía le queda un mes y medio para mediar, pero se ha dado cuenta de la imposibilidad de un acuerdo debido a que las posturas entre los negociadores están cada vez más alejadas.
El PP, la derecha, se ha ido haciendo con el control judicial por mucho que haya profesionales de la administración de justicia que consideren ofensiva tal afirmación. No se puede entender, de otra manera, esos ofrecimientos para “solucionar en los juzgados el conflicto político con Catalunya”. Cada vez es más evidente la constatación de que no son casualidades las reaperturas de causas como la de Tsunami Dèmocratic y la “trama rusa”. Mal final le espera a esas causas judiciales hasta el punto de que en el mismo Partido Popular se reconoce que va a ser prácticamente imposible procesar a Puigdemont por terrorismo y alta traición porque las acusaciones están cogidas “con papel de fumar”. Pero el objetivo ya se ha alcanzado. La coincidencia de la reapertura de estos sumarios con el debate en el Congreso de la ley de amnistía ha roto el consenso de los socios parlamentarios. Y otra cosa peor, ha puesto en cuestión la independencia judicial.
El ala dura del PP, con José María Aznar en la sombra, está presionando para que la estrategia diseñada en la fundación FAES siga adelante sin temor a que Puigdemont saque a la luz las negociaciones que mantuvo con Feijóo. Los barones regionales están convencidos de que, con dicha estrategia, a medio plazo obtendrán el deseado premio de alcanzar el poder a nivel nacional. Se saben ganadores porque controlan todo el aparato del Estado: desde los juzgados hasta la calle. Y creen que, en esta situación, el gobierno progresista no durará mucho tiempo. Lo que ocurre es que la paciencia tiene un límite y los colectivos que apoyan a Núñez Feijóo pueden cambiar de opinión si esta situación se alarga. Y como las cosas no salgan bien en Galicia, el actual presidente del PP no durará ni dos años.
La pelota está en el tejado de Puigdemont y los suyos porque convendría contar a la opinión pública todo lo que ofreció el Partido Popular para investir presidente a Núñez Feijóo y si es cierto que puso los juzgados a disposición de los independentistas. Porque si eso fue así, la cosa es de extrema gravedad. Se demostraría que los jueces están al servicio de la derecha conservadora.