Todos coinciden en que los buenos propósitos de la ley de eficiencia de la administración de Justicia pueden quedar en nada si no se habilitan los medios suficientes. En el ministerio insisten en que el coste real de la conversión de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia apenas llegará a los 43 millones de euros. Pero los gobiernos autonómicos con competencias en la materia y los colectivos afectados, desde los letrados de la administración de justicia hasta los jueces pasando por los funcionarios y usuarios del servicio público no son tan optimistas. Los LAJ hacen hincapié en un punto concreto que es el que más problemas va a suscitar: la creación de las secciones judiciales de violencia contra la mujer que va a abarcar muchas más competencias de las que tienen hasta ahora los juzgados de violencia de género. Los letrados consideran “incomprensible” que la reforma impulsada contemple un incremento del 50 % de jueces sin prever ni una sola nueva plaza de Letrado de la Administración de Justicia.
Las asociaciones representativas de los LAJ, antiguos secretarios judiciales, recuerdan que son ellos quienes dirigen técnicamente la tramitación procesal: desde el reparto inicial de los asuntos hasta las citaciones, oficios, notificaciones, diligencias de averiguación, o mandamientos de pago. Todo el impulso procesal que permite que los jueces puedan celebrar vistas orales, dictar resoluciones, y garantizar los derechos de las víctimas y acusados, pasa antes por su trabajo.
Y tienen toda la razón. Es evidente que el funcionamiento de una instancia judicial pasa por la labor que efectúan los que ahora llaman letrados de la administración de justicia. Pero no sólo ellos. Los funcionarios también se quejan. Estiman que la carga de trabajo se va a incrementar en un 20%. Los sindicatos representativos del colectivo, UGT, Comisiones Obreras y CSIF, exigen una solución y recuerdan que hace dos años llevaron a cabo movilizaciones y paros parciales que acabaron por afectar al funcionamiento de las instancias judiciales generando un fuerte retraso en los trámites que hoy, todavía, no ha logrado superarse.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia advierte que “si el ministerio de Justicia pretende abordar el colapso que se avecina en las secciones de violencia únicamente creando más plazas judiciales sin que ello tenga un correlato en el aumento de plazas de LAJ y personal funcionario que conformen los servicios comunes y que se evidencian absolutamente necesarias, por ser consustanciales a una tramitación procesal eficaz, auguramos que la anunciada reforma judicial que pretende la ley orgánica 1/2025 de eficiencia, no pasará de ser un mero cambio. cosmético que, con el paso de los meses, se evidenciará como un gran fiasco”.
Las administraciones autonómicas con competencias en materia jurídica se han unido a los planteamientos de la Comunidad de Madrid cuyo portavoz y consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García Martín, advirtió, hace unos días, que “el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas” y amenazó con llevar el asunto a los tribunales. De momento, a falta de algo más de dos meses para que los tribunales de instancia entren en vigor, en la CAM señalan que el departamento de Bolaños no se ha puesto en contacto con ellos para coordinar las iniciativas en materia de formación para jueces, letrados y funcionarios de las nuevas secciones de violencia contra la mujer. En el ministerio dicen que el organismo que se está encargado de ese asunto es el Consejo General del Poder Judicial donde se ha creado un grupo de trabajo que tiene de plazo hasta finales de año para organizarlo todo.
El inconveniente es que los nuevos organismos se ponen en funcionamiento mucho antes y la duda reside en lo que pasará en esa especie de “periodo de transición”. De momento, los problemas han surgido a la hora de poner en marcha los llamados MASC, Medios de Resolución Alternativos de Conflictos, que obliga a la negociación extrajudicial en materia civil y mercantil. El ministerio se había comprometido a dotar de medios suficientes a los colegios de abogados para que los letrados pudiesen efectuar esa labor. El Consejo General de la Abogacía anunció la creación de unos cursos de formación. Hasta la fecha, ni cursos ni sedes donde celebrar las reuniones entre las partes. Los abogados de familia se quejan de que están teniendo problemas a la hora de explicar a sus clientes el nuevo procedimiento, y creen que se está generando cierta “indefensión jurídica” ya que los jueces no admiten demandas si no pasan, antes, por los MASC.
El ministerio está preparando decretos para reforzar las nuevas secciones de violencia sobre la mujer reconvirtiendo algunos juzgados de instrucción y eso ha puesto en pie de guerra a los magistrados afectados. Los jueces decanos de 15 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid han hecho público su rechazo “más rotundo y firme” a que tres juzgados de instrucción de Alcalá de Henares, Móstoles y Torrejón de Ardoz se conviertan en juzgados de violencia sobre la mujer. Estos jueces que, según dicen, cuentan con el apoyo de los decanos de los 17 partidos restantes, advierten que “esta medida supondría una merma grave de medios personales y materiales dedicados actualmente a la investigación penal ordinaria, y afectaría a más de 800.000 ciudadanos. Alcalá de Henares, pasaría de 6 a 5 juzgados de instrucción para atender a una población de 244.466 habitantes; Móstoles, de 6 a 5 para 343.600 personas; y Torrejón de Ardoz, de 4 a 3 para 232.777 residentes.
No se puede poner en marcha una reforma del calado de la pretendida en la ley orgánica 1/2025 sin dotar de medios económicos y materiales suficientes a los juzgados. Y de eso no parece enterarse el ministerio de Bolaños. Es bastante probable que ni siquiera se logren los efectos que busca la norma que no son otros que acabar con el colapso judicial. Las asociaciones de usuarios están convencidas de que todo quedará en un maquillaje de la administración de justicia. Ni siquiera se tiene la esperanza de que los nuevos juzgados de violencia contra la mujer logren acabar con el incesante aumento de este tipo de delitos. No, mientras no se aborde una cuestión fundamental: la formación necesaria no sólo para reprimir sino también para prevenir esa lacra social.