El PSOE ha emprendido un cambio de calado en la ley de Enjuiciamiento Criminal, Lecrim, para cortar las alas a los partidos políticos, jueces, fiscales y asociaciones ciudadanas. Los socialistas quieren modificar todo el articulado que afecta a la acusación popular, desde el artículo 101 hasta el 104 e introduce dos nuevos, el 104 bis y el 277 bis. También se modifican otros como el 113 y el 269. En síntesis, lo más destacable es que el ejercicio de la acción popular obligará al depósito de una fianza que deberá ser proporcionada a los medios económicos del acusador, a la naturaleza del delito y a los perjuicios y costas que pudieran derivarse del procedimiento, aunque se encuentre ya en tramitación. Este sistema ya se viene utilizando para la querella, pero no en el caso de las denuncias. Lo que se quiere es acabar con el abuso de la utilización de esta figura constitucional según se regula en el artículo 125 de la carta magna.
En la actualidad existen decenas de acciones ante los tribunales que llevan a cabo las asociaciones vinculadas a la extrema derecha. Manos Limpias, el seudosindicato que lidera el abogado Miguel Bernard, condenado por pertenencia a organización criminal en el caso Ausbanc, aunque posteriormente el Supremo lo absolvió, es el que cuenta con mayor número de personaciones. Participa en las diligencias previas más mediáticas. Le sigue Hazte Oír que actualmente está investigada por haber colocado una gran pancarta enfrente de Ferraz llamando “corrupto” a Pedro Sánchez. Y después hay un variado número de asociaciones de diferente signo, algunas vinculadas a Vox que también participa en este sistema. El abuso ha llegado a tal extremo que, en la instrucción del Supremo por la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la formación que lidera Santiago Abascal fue admitida como acusación particular justo cuando el procedimiento había concluido. Esto permitirá al abogado intervenir en un juicio que se prevé mediático, con la propaganda que trae consigo este tipo de intervenciones.
“Quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente”, dice la proposición de reforma donde se pone como condición que “a tal efecto, al tiempo de personarse deberán acreditar ante la autoridad judicial la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo”. La reforma de los artículos citados limita la personación. No podrán ejercerla ni las asociaciones y partidos políticos ni las administraciones e instituciones públicas para las que se reserva el derecho de comunicar a la fiscalía cualquier indicio de delito. Las asociaciones vinculadas a los partidos tampoco podrán ser admitidas por el instructor quien limitará las prácticas probatorias de las acusaciones prohibiendo su presencia.
Otra importante novedad es que no se admitirán denuncias sustentadas en “meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados”. Y este precepto es importantísimo porque últimamente se están presentando denuncias basadas en recortes de prensa o informaciones de medios de la caverna mediática que, a pesar de la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, son admitidas a trámite por los jueces.
La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal no puede suprimir la figura de la acusación particular porque está contemplada en la Constitución. Pero ninguno de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno contempla esta iniciativa. El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, manifiesta que “es increíble que en España exista esta monstruosa posibilidad de que cualquier ciudadano pueda colocar en el banquillo a otro, si encuentra a un juez de instrucción que casi de oficio le acompañe con su investigación en el camino. Debe saberse que, a lo largo y ancho del mundo, solo puede acusar de delitos la fiscalía —o como mucho la víctima, y no siempre—, precisamente para evitar este tipo de excesos que se han hecho particularmente frecuentes en las últimas décadas en España”.
La casi totalidad de los casos judiciales mediáticos que están afectando a la clase política han sido presentados en los juzgados por agrupaciones ultras o próximas a la extrema derecha utilizando, para ello, la figura de la acusación popular. Es por eso por lo que sus medios afines están criticando contundentemente la reforma emprendida por el ministerio de Justicia y dicen que lo que se pretende es que se apruebe antes de que concluyan las instrucciones de los casos que más afectan a Pedro Sánchez, el caso Koldo, el caso Begoña Gómez o el del hermano del presidente. Porque si eso ocurre la ley, que tiene efectos retroactivos, anulará todas las peticiones probatorias y los interrogatorios solicitados por los abogados de las acusaciones.
Las voces más radicales proceden de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales que califican la reforma de inconstitucional. Por su parte, las acusaciones populares personadas en los distintos procesos judiciales que afectan a los familiares de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, creen que estas modificaciones no solo son confusas, sino que son contrarias al artículo 125 de la carta magna.
Es cierto que en la Constitución se protege este derecho fundamental para evitar precisamente que la fiscalía pueda cerrar un caso y se quede sin investigación. Puede ser que la reforma incida sobre tal circunstancia, pero también se puede dar la vuelta a esta controversia si recordamos el caso Noos. El fiscal renunció a acusar a Cristina de Borbón mientras la abogada de Manos Limpias la mantuvo. La situación fue un tanto esperpéntica. Se quiere evitar este tipo de espectáculos en una justicia, la española, escasamente creíble debido al abuso que de ella está ejerciendo la extrema derecha.