Que José María Macías, recientemente designado por el PP miembro del Tribunal Constitucional, es un halcón entre los halcones no es noticia. Fue el promotor del informe en contra de la amnistía aprobado por un Consejo General del Poder Judicial cinco años caducado cuando ni siquiera se conocía el contenido de la proposición de ley que poco después presentarían los socialistas en el Congreso. Llegó a calificar el independentismo catalán de “fascismo inverso” y su falta de neutralidad no deja lugar a dudas. Pero Macías se niega a apartarse voluntariamente del debate sobre la constitucionalidad de la medida de gracia. Mientras su compañero, Juan Carlos Campo, ha tenido el pudor de alejarse voluntariamente de los debates, el juez, amigo de Pablo Llarena, se niega a hacerlo y no queda otro remedio que la recusación, algo que ya han hecho los abogados de Carles Puigdemont y el fiscal del TC.
Macias ha mantenido una postura dura contra el gobierno de Pedro Sánchez llegando a pronunciarse en contra de la ley de amnistía asegurando que era “inconstitucional” y puntualizando que “los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía son los que con sus votos la están sacando adelante”. En una entrevista llegó a manifestar que consideraba que el Estado de Derecho quedaba “abolido” a causa de esta ley. Ese es el magistrado que deberá elaborar la ponencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad del articulo 1 de la medida de gracia a no ser que antes el pleno decida aceptar la recusación de los líderes del procès en los recursos de amparo que van a presentar. En ese supuesto es bastante probable que Juan Carlos Campo sí participe en la recusación que nada tiene que ver con el fondo de la cuestión. Si eso ocurre, la correlación de fuerzas en el seno del pleno del TC volverá a ser de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores.
José María Macias, mientras permaneció en servicio activo, fue miembro de la ultraconservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Ocupó el puesto de director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña en los años 2002 y 2003, siendo president Jordi Pujol, y profesor asociado de Derecho Orgánico Judicial en la Escuela Judicial. En 2005 solicitó la excedencia voluntaria para ejercer la abogacía y se incorporó como socio a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. También cuenta con experiencia docente desde 1991 como profesor asociado de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es considerado entre sus propios compañeros como el nuevo ariete del conservadurismo en el seno del tribunal, incluso por encima de César Tolosa y Concepción Espejel. A los magistrados progresistas les da la sensación de que va a luchar por dos, intentando, así, equilibrar las fuerzas. De ahí que se niegue a apartarse voluntariamente. La doctrina del TC sobre abstenciones y recusaciones impedirá, casi con toda seguridad, que Macías sea apartado de la sala que debe resolver los recursos. Sólo hay una posibilidad, y es cuando Carles Puigdemont solicite el amparo. De momento, su abogado, Gonzalo Boyé, ya ha presentado varios escritos en nombre del expresident en los que dice que “si se analizan los pronunciamientos realizados hasta la fecha por Macías lleva a concluir que hay datos bastantes para entender que no será imparcial".
El abogado de Puigdemont recuerda “la exigencia obligada” de garantizar que no existan parcialidades en la función jurisdiccional tal y como se establece en la Constitución y en la Convención Europea de Derechos Humanos. Al escrito de Boyé le acompañan los de los abogados de los también condenados, Clara Ponsatí y Toni Comín, con argumentarios en la misma línea. Pero en fuentes jurídicas se señala que estas recusaciones tienen escaso recorrido debido a la doctrina del propio TC. La estrategia de los letrados está clara. Saben que Macías no va a ser apartado, pero sí quedará muy cuestionado ante la opinión pública y todavía falta que lleguen los recursos de amparo que no se pueden presentar hasta que no se agoten todas las vías del Supremo. El juez Llarena mantiene su negativa a amnistiar los delitos de malversación de los condenados por lo que estos ya cuentan con vía libre para recurrir a la sala de Lo Penal del TS que, con toda seguridad, va a apoyar a Llarena. Una vez agotada esta vía es cuando los condenados pueden pedir amparo al Constitucional y aquí sí que cabe la posibilidad de que prospere la recusación contra Macías.
Como contrapunto está la coherente decisión adoptada por el exministro Juan Carlos Campo. No ha hecho falta que se recuse al exjuez de la Audiencia Nacional tal y como pretendía el Partido Popular. El mismo se ha apartado. Y la razón la ha dejado clara. No es imparcial y, en cierta ocasión, se mostró contrario a la amnistía. Paradoja. Los populares querían vetarle porque dice, y eso es verdad, que participó en las deliberaciones del consejo de ministros que indultó parcialmente a los condenados del procès.
Es verdad que Juan Carlos Campo siempre fue muy activo a la hora de asesorar al PSOE en temas como el aborto y la educación, tanto en la época de Rodríguez Zapatero como en esta de Pedro Sánchez donde llegó a ocupar la cartera de Justicia entre los años 2020 y 2021. Pero considera que efectuó una “valoración expresa y genérica sobre la inviabilidad constitucional de la ley de Amnistía, entonces reclamada en favor de las personas condenadas por el Tribunal Supremo”. Este argumento ha sido asumido por el ponente de la resolución en la que se acepta la abstención de Campo. El conservador Ricardo Enríquez señala que, si Campo participara en los debates, estas personas podían “verse afectadas por las previsiones de la amnistía”.
Aun así, todavía quedan por resolver otras dos recusaciones más presentadas por el PP, la del presidente Cándido Conde-Pumpido porque los conservadores consideran que no puede ser neutral cuando ejerció de fiscal general del Estado en la época en la que se celebró el juicio del procès, y Laura Diaz porque fue asesora de Moncloa y de la Generalitat catalana. Partiendo del hecho de que en el historial de Macías también aparece su relación con el gobierno de Pujol no se entiende muy bien el rasero por el que mide el PP a la magistrada.
De todas maneras, es poco probable que todas estas recusaciones prosperen. Las peticiones se estudiarán en un próximo pleno, anterior a la designación de la ponencia que deberá dictaminar la respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo.