Se va, pero se queda. Manuel Marchena deja de ser presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, pero seguirá como magistrado de a pie. Al menos nominalmente porque nadie duda de que va a seguir mandando “por la puerta de atrás” como diría el exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Coisidó. Y, de momento, el que ha sido su chico de los recados, Andrés Martínez Arrieta, pasará a ocupar la presidencia en funciones. El Consejo General del Poder Judicial estaba dispuesto a hacer una excepción en el agotamiento del mandato de Marchena y prorrogarlo durante una temporada. Pero el juez se ha negado en redondo. Eso sí. Piensa seguir en la sala hasta que cumpla los setenta años, su edad de jubilación. Ahora tiene 65. Cinco años en los que su parecer será determinante en las sentencias de la sala que investiga y juzga a los aforados y que tiene la última palabra sobre los grandes casos de corrupción. El Partido Popular no debe tener miedo. Uno de sus hombres de confianza en la cúpula judicial estará ahí participando en esos controvertidos fallos, jurídicamente impecables, pero con una carga política que ha dado mucho que hablar últimamente.
Se dice que en Génova tienen previsto proponerle para el Tribunal Constitucional, pero hay que recordar su frase cuando tenía todas las papeletas para ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial y pasó aquello de la famosa indiscreción del portavoz pepero en el Senado, Ignacio Coisidó, que abortó la operación. En un mensaje dijo a sus compañeros que seguirían controlando “por detrás la Sala Segunda”, porque Marchena “no va a necesitar ni un pleno para darle la vuelta a esa mayoría”. PSOE y PP habían llegado a un acuerdo para elegir un consejo de mayoría progresista, pero con Marchena de presidente. El farol de Coisidó fue suficiente para romper ese acuerdo. Y, además, el magistrado renunció porque “jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.
Palabras, sólo palabras, porque lo que está claro es que en estos diez años de mandato al frente de la Sala Segunda del Supremo ha dictado las sentencias mas controvertidas políticamente inclinadas siempre en una dirección: el conservadurismo. Todavía se recuerdan las vueltas que dieron sus señorías con la acusación a los soberanistas catalanes. Querían condenarles por delitos de rebelión y se tuvieron que conformar con el de sedición con penas menos elevadas. Marchena va a dejar de ser presidente justo en el momento en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se va a pronunciar sobre esta sentencia. Y hay quien va diciendo por ahí que el varapalo que van a dar a los jueces españoles va a ser antológico.
Sobre la sentencia del procès, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás García Rivas, se atreve a apuntar públicamente lo que expertos juristas comentan en privado: “hay un dominio de dogmática penal, pero también una manipulación jurídica. Todos los tribunales manipulan la ley, pero en este caso es una manipulación muy conservadora”. Lo que ocurre es que la época en que los líderes soberanistas pasaron por la plaza de la Villa de París era muy convulsa. Los soberanistas habían desobedecido no sólo las órdenes del gobierno central sino, lo mas grave, del Tribunal Constitucional. Y no hubo más remedio que suspender la autonomía catalana aplicando el tan traído y llevado artículo 155 de la Constitución. Todo lo que pudiese sentenciar al Supremo para reprochar penalmente esta actuación iba a ser bien visto por la ciudadanía.
El tiempo, en cambio, ha servido para que los antagonismos se hayan reconsiderado. Se tiene la percepción de que el independentismo catalán ha perdido fuerza. Y ahora la sociedad civil quiere la reconciliación para restablecer una colaboración que resuelva los problemas cotidianos sin entrar en un tipo de aventuras cuyas consecuencias ya se ha visto cuales son. En la Generalitat está un socialista, Salvador Illa, y en Madrid tampoco mandan los conservadores del PP sino Pedro Sánchez cuyo objetivo es lograr esa reconciliación. Y para ello ha planteado una amnistía. Y ahí, los jueces de la sala de Lo Penal del TS se le han enfrentado. El auto en el que rechazan la ley pasará a los anales de la historia judicial de este país por sus planteamientos políticos, y los escasos fundamentos jurídicos utilizados. Unas resoluciones que se adoptan por unanimidad, lo que extraña a los expertos. Sucedió, también, con la oposición al indulto del gobierno a los independentistas y sólo en algunas sentencias se ha visto la oposición de los magistrados progresistas, cuatro de un total de quince, algunas con votos particulares como es el caso de la candidata a sucederle, Ana Ferrer.
No debe extrañar esa unanimidad. Además de su poder de convicción, Marchena ha tenido la suerte de contar con el inestimable apoyo del que fue presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quien se encargó, en la época de la mayoría absoluta de Rajoy, de destinar a los jueces mas conservadores para ocupar puestos en las dos salas más sensibles, la segunda de Lo Penal y la tercera de Lo Contencioso Administrativo. De esta manera el Supremo se ha convertido en un operador político en contra del gobierno de Pedro Sánchez.
La ultima intentona es la imputación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta “revelación de secretos”. No se entiende que Marchena no haya utilizado su carisma para convencer a sus compañeros de la necesidad de archivar esta causa. Sobre todo, porque el magistrado conoce perfectamente los mecanismos de la institución. Fue su secretario técnico en tiempos de Jesús Cardenal, probablemente uno de los fiscales generales más cuestionados del periodo democrático por sus decisiones en favor del gobierno. Fue designado por José María Aznar.
Manuel Marchena no va a dejar de influenciar el la Sala Segunda del TS por lo cual no hay que lanzar las campanas al vuelo. Las derechas política y judicial seguirán controlando la instancia más sensible, la que juzga a los aforados y la que se encarga de los delitos de corrupción.