En México, la crítica situación que enfrentan los periodistas ha alcanzado niveles alarmantes de violencia e impunidad, transformándose en un desafío insoportable e inadmisible para la democracia y la libertad de expresión. Las cifras son escalofriantes: desde el inicio del siglo XXI, al menos 141 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados, con 61 de estos crímenes vinculados directamente a su labor periodística. Esta situación coloca a México como el país más peligroso del hemisferio occidental para ejercer el periodismo, según datos recopilados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) desde 1992.
La AGP-UGT pide más seguridad para los periodistas
Mariano Rivero, coordinador de laAgrupación de Periodistas de UGT, reitera su petición a las autoridades mejicanas a que refuercen y extremen la seguridad y protección de los y las periodistas de ese país. "Son intolerables las presiones y amenazas de muerte, que por desgracia algunas se llevan a cabo, que están sufriendo los y las periodistas mejicanas en el ejercicio de su profesión".
La reciente investigación conjunta de Amnistía Internacional y el CPJ titulada “Nadie garantiza mi seguridad” pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer y reformar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A pesar de su creación en 2012 para ofrecer salvaguardas a aquellos en riesgo extremo debido a su trabajo, el mecanismo ha demostrado ser insuficiente e ineficaz, con ocho periodistas protegidos por el estado asesinados en los últimos siete años.
Demasiados periodistas asesinados
Las deficiencias del Mecanismo se reflejan en su lenta respuesta, burocracia y falta de empatía, especialmente hacia las mujeres periodistas, quienes frecuentemente sienten que sus riesgos no son tomados en cuenta adecuadamente. Esto ha llevado a una creciente desconfianza hacia la institución, cuyo personal, según el informe, carece de conocimientos básicos sobre derechos humanos y no evalúa adecuadamente los riesgos a los que se enfrentan los periodistas.
Los periodistas independientes mexicanos, como Primavera Téllez Girón, Luis Miguel Carriedo, Juan Pablo Villalobos Díaz y Cecilia Suárez, han sido partícipes y testigos de esta crisis. Sus contribuciones a la investigación reflejan no solo el peligro constante en el que viven, sino también su valentía y compromiso con la verdad, a pesar de las amenazas y la falta de protección estatal.
Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala
La situación de Alberto Amaro Jordán, periodista de Tlaxcala, es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan: pese a las amenazas relacionadas con su trabajo, las medidas de protección que solicitó fueron consideradas innecesarias por el Mecanismo, dejándolo vulnerable. Casos como el de Amaro evidencian la necesidad de una evaluación de riesgos más precisa y un enfoque que considere la particular vulnerabilidad de los periodistas ante la violencia.
La impunidad prevalece en México, ubicándolo constantemente entre los países con mayor número de asesinatos de periodistas sin resolver. Esta impunidad, junto con la violencia sistemática y las deficiencias en los mecanismos de protección, perpetúa un ciclo de miedo y autocensura que socava gravemente la libertad de prensa.
Exigen al presidente mexicano protección
Amnistía Internacional y el CPJ urgen al gobierno mexicano a tomar medidas inmediatas para reformar el Mecanismo, garantizar financiación adecuada, proporcionar formación pertinente a su personal y colaborar estrechamente con organismos de investigación para abordar la impunidad. Asimismo, se recomienda una perspectiva de género en los protocolos para responder mejor a las necesidades específicas de las periodistas.
En un país donde la prensa juega un rol crucial en la democracia y el Estado de derecho, es imperativo que México actúe con determinación para proteger a sus periodistas. La situación actual, marcada por el asesinato y la intimidación de periodistas, es insoportable e inadmisible. Es hora de que México demuestre un compromiso real con la libertad de expresión y el derecho a la información, garantizando la seguridad y protección de quienes se atreven a contar la verdad.