Laura Borrás, la expresidenta de Junts Per Catalunya, condenada a cuatro años y medio de cárcel por acordar con un amigo la adjudicación de contratos menores de páginas webs de la Institución de las Letras Catalanas, ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el que pide que se suspenda su ingreso en prisión hasta que se resuelva la cuestión de su indulto, una medida que ni siquiera nombra. Porque Borrás sigue pensando que es una “perseguida política”, igual que su jefe, el inquilino de Waterloo, Carles Puigdemont, quien no se atreve a volver a España porque está convencido de que el juez Pablo Llarena lo manda a Can Brians sin miramientos. La derecha independentista catalana tiene alergia a la cárcel a pesar de que muchos de sus dirigentes pasaron por ella. Jordi Turull, secretario general, no pierde la ocasión de manifestar su paso por el centro penitenciario durante tres años. Más discretamente lo llevan Raül Romeva, y Joaquim Forn.
En un breve escrito de una sola página, la defensa de Borrás no menciona en ningún momento la palabra indulto, pero pide al tribunal que lo formalice “con carácter previo a adoptar cualquier otra medida”. La expresidenta del Parlament pide al tribunal que envíe sin demora la petición de medida de gracia que los propios jueces se mostraron partidarios de solicitar mediante una alusión a la sentencia de 2023: “con carácter previo a adoptar cualquier otra medida, procédase a ejecutar lo establecido en el Razonamiento Jurídico Quinto, apartado 5.3, en los términos expresados en el último párrafo de dicho razonamiento”. La defensa de Borrás se refiere al párrafo de la sentencia del TSJC en el que los jueces argumentaron que, si la dirigente independentista cumplía con las penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos, su entrada en prisión no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. Los jueces valoraron como suficiente reproche penal el hecho de permanecer inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros. Este argumento es perfectamente válido y es muy probable que el tribunal lo tenga en cuenta dejando en libertad condicional a la condenada.
Otra cosa bien diferente se refiere a la inhabilitación para gestionar dinero público que no podrá ejercer durante 13 años. Laura Borrás es presidenta de la Fundación FumDem. Supuestamente se la pedirá que deje el cargo ya que es el “Think Tank”, el laboratorio de ideas de la derecha catalana, que maneja partidas presupuestarias procedentes de las subvenciones que recibe el partido de la Generalitat.
En el caso de Borrás no tiene nada de extraño que se haya dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para pedir el indulto que no quiere mencionar, aunque hay que recordar que la medida de gracia es competencia exclusiva del gobierno central. Lo único que pueden hacer los jueces es tramitar el correspondiente expediente cuyo trámite suele demorarse bastante tiempo hasta que se aprueba en consejo de ministros. Pero el TSJC sí puede suspender el ingreso en prisión de Borrás. De hecho, algunas instancias judiciales ya lo hicieron en casos como el del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aunque por motivos diferentes.
Sí que llama la atención que, durante la vista oral celebrada en el Supremo en la que se vieron los recursos de los líderes independentistas sobre su exclusión de la ley de amnistía, el abogado de Puigdemont pidió que se trasladase la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, algo que nunca había pedido el expresident. Su abogado, Gonzalo Boyé, considera que el Supremo no es competente para aplicar laley de amnistía a los procesados, y lo tiene claro: “Sin lugar a duda, tenemos razón. Esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo, porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña". A ese respecto, el letrado apunta a que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la ley de amnistía. Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada".
Y el argumento de Boyé puede llegar a tener sentido jurídico porque cualquier decisión que adopte el Supremo puede vulnerar el principio constitucional del juez “predeterminado por la ley". De ahí que exija la intervención del TSJC. De todas maneras, poco podría variar el sentido del fallo en una u otra instancia según los expertos jurídicos, ya que el alto tribunal territorial también se ha mostrado contrario a aplicar la ley de amnistía a los segundos niveles de los dirigentes independentistas que han juzgado. Es más, uno de los recursos de inconstitucionalidad que se encuentra en los despachos de Doménico Scarlatti, fue presentado por ellos por lo cual, si lo que pretenden los representantes de los dirigentes de la derecha catalana es cierto trato de favor por parte de los jueces de esa demarcación judicial se equivocan.
Puigdemont sigue errando a la hora de buscar un interlocutor que le libre de dar con sus huesos en la cárcel. El gobierno de Pedro Sánchez no puede hacer nada por mucho que los siete diputados de Junts presionen en el Congreso de los diputados manteniendo la legislatura prácticamente bloqueada. Tampoco los jueces de las instancias territoriales los van a escuchar. La única alternativa que tiene para librarse de la cárcel y que sus delitos sean perdonados en su totalidad está en el Tribunal Constitucional y en las instancias europeas, el TJUE y el TEDH. Y a éstos hay que darles tiempo. Eso lo sabían los líderes de la derecha independentista catalana pero la impaciencia ha calado entre sus filas sobre todo porque su líder tiene verdadero pánico a ingresar en prisión. Y, por supuesto lo mismo les ocurre a sus segundos, incluida Laura Borrás que no fue condenada por su actuación durante el proceso independentista, sino por cometer un delito penado en el Código Penal. No puede argumentar una persecución porque lo que hizo no tiene nada que ver con la actuación política. Se aprovechó de su cargo para colocar a un amigo saltándose la legalidad vigente.