No se sabe bien si lo que hizo Carles Puigdemont le va a ser rentable políticamente. Pero lo que sí es seguro es que desde el punto de vista judicial le perjudica. Y no sabe cuánto. El juez Llarena puede volver a dictar la orden europea de detención y entrega y los jueces europeos, después del espectáculo que han podido presenciar, es muy probable que accedan a la petición de su colega del Tribunal Supremo de España porque saben que no tiene intención de presentarse voluntariamente. Y el riesgo de fuga está contemplado en el derecho europeo como motivo para ordenar la prisión preventiva. Todo depende, ahora, del magistrado instructor del procès. De todas maneras, cualquier resolución se hará esperar a finales de mes, cuando concluya el periodo inhábil.
Pablo Llarena y la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, han vuelto a sus lugares de vacaciones mientras esperan recibir los informes de la policía autonómica catalana, la guardia civil, y la policía nacional sobre los dispositivos de detención del expresident quien, hay que recordar, no goza de protección alguna al dejar de ser eurodiputado.
El problema que se presenta es de signo político. Saber cuál va a ser la reacción de Puigdemont a lo que seguramente se va a convertir en su acorralamiento judicial. Los siete diputados de Junts recibirán órdenes de cara al inicio del curso legislativo y no tiene buena pinta para el gobierno progresista que va a intentar sacar adelante un nuevo techo de gasto y el proyecto de presupuestos para 2025.
Pedro Sánchez tiene muy difícil el apoyo parlamentario de la formación catalanista. Tal vez por eso es por lo que cada vez cobra más fuerza la teoría de que el plan de Puigdemont era conocido en Moncloa que dejó hacer y ordenó la no intervención de las fuerzas policiales dependientes de la administración central, guardia civil y policía nacional. De ahí que la derecha mediática no haga más que decir que el objetivo de Llarena es pedir responsabilidades penales a los altos cargos del ministerio del Interior y, en concreto a Grande-Marlaska. Pero el juez es consciente de que el ministro se las sabe todas jurídicamente y alegará que, con el tratado de Schengen en la mano, es muy difícil establecer controles fronterizos. Precisamente uno de los argumentos utilizados por Puigdemont para hacer lo que hizo: que es muy fácil entrar y salir del territorio español.
Y es verdad. Pero hasta ahora el expresident lo pudo hacer, si es que lo hizo alguna vez, gracias a la impunidad que le daba el ser eurodiputado y el tener dos sentencias de los jueces belgas y alemanes rechazando su detención y entrega. Ahora todo dependerá de lo que dictamine el juez del Supremo, pero con algo para tener en cuenta: que el tiempo juega en contra de las autoridades judiciales españolas. Porque una euroorden de detención no se resolvería inmediatamente. Pasarían algunos meses hasta su ejecución, el tiempo que tienen sus abogados para presentar la solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Porque esa es la otra. Todos saben que Carles Puigdemont acabará por beneficiarse de la ley de amnistía. De momento, los jueces del Supremo se lo niegan porque está acusado de un delito de malversación y, según los magistrados de la corte suprema, dicho delito no es amnistiable por dos razones: porque se utilizó dinero procedente de los fondos europeos y porque ese dinero se utilizó para fines personales.
El Tribunal de Cuentas, una institución ajena al poder judicial, ha sido la primera instancia en presentar una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La vocal que la ha promovido, Elena Hernáez, propuesta por el PP, ha sido fiel a los principios de su partido y tomó una decisión que en ámbitos políticos se considera precipitada. Las instancias que acudirán a Bruselas están apurando los plazos porque saben que el TJUE tardará, como poco, un año en dictar sentencia, tiempo suficiente para tener paralizada la ejecución de la ley en los casos más emblemáticos, los de los líderes soberanistas condenados por el Tribunal Supremo.
Y luego está que esa premura por parte de la instructora de la causa contra los líderes del procés por malversación se puede volver en su contra. Es cierto que ni la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ni la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, disponen nada en relación con el posible planteamiento de una cuestión prejudicial europea por la jurisdicción contable, pero también lo es que la disposición final segunda de la ley orgánica del TCu atribuye carácter supletorio a las leyes de la jurisdicción contencioso-administrativa y de enjuiciamiento civil y criminal, por ese orden, en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del tribunal. Además, el TJUE no habla de órganos judiciales sino de órganos jurisdiccionales lo que da lugar a deducir que el Tribunal de Cuentas sí está habilitado para personarse en el tribunal de Luxemburgo.
Lo que está claro es que mientras se deciden las admisiones a trámite de las cuestiones de prejudicialidad, y la posible adopción de medidas cautelares, parece que antes se habrá pronunciado el Tribunal Constitucional que desde que entró a presidirlo Cándido Conde-Pumpido ha agilizado los trámites resolviendo en tiempo récord los recursos presentados. Y más si, como todo parece indicar, los líderes del procès solicitan su amparo, una vez que el Supremo resuelva los recursos que han presentado a sus resoluciones sobre la ley de amnistía.
Mientras tanto Carles Puigdemont, quien ha dicho públicamente que hará cualquier cosa para no ser apresado, deberá andarse con mucho cuidado. Los expertos juristas ya han calificado de error su presentación en el parque de la Ciutadella y su posterior huida porque ahora mismo se encuentra en la cuerda floja, no sólo con las autoridades judiciales españolas sino también con las europeas.