Las noticias del mundo judicial tienen esas cosas. Según la procedencia del medio, la información tiene un sentido determinado. Y tal y como están las cosas, con la instrumentalización política de la justicia, aún más. Recientemente, los medios progresistas han reflejado con letras de molde la decisión de la jueza que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de encargar a la cada vez más poderosa UCO una investigación a fondo sobre los negocios de Alberto González Amador. Normal, no están las cosas para tirar ese tipo de cohetes. Y no hace falta ir muy lejos, a la prensa conservadora para ver que, en sus encabezados, se habla del último auto de la Audiencia Provincial de Madrid donde “avala” la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez con titulares como el de “La Audiencia cerca a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación: actuó como funcionaria”. Si sus superiores le hubiesen desautorizado al magistrado no le quedaría más remedio que archivar la causa. Demasiado hacen con que le obligan a devolver el dinero en concepto de multas al defensor de la esposa de Sánchez y a las acusaciones particulares por haber efectuado declaraciones sobre el sumario.
Que el periodista que escribe sobre la resolución de la Audiencia de Madrid en el caso Begoña Gómez hace juicios de valor basta con transcribir una de las frases de su información: “la Audiencia Provincial de Madrid concluyó este miércoles que a Begoña Gómez se la debe considerar funcionaria a efectos penales en lo relativo a la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense. Esta advertencia abre la puerta a imputar a la mujer de Pedro Sánchez por malversación y allana el camino para su hipotético procesamiento por tráfico de influencias que es un delito por el que el juez Juan Carlos Peinado le atribuye desde el arranque de la investigación”. Tal argumento es un balón de oxígeno para el magistrado que está siendo muy criticado porque no encuentra indicios suficientes como para iniciar el trámite que desemboca en el auto de procesamiento. Lo que ocurre es que no lo hace un juez, la interpretación sale del ordenador de un periodista que lo que debe de hacer es limitarse a contar los hechos, y no a interpretarlos. Y luego saldrán sus jefes alegando que su medio es independiente y “vive para contar la verdad”.
El otro asunto que analizamos, el del medio progresista que publica a toda página que “la jueza no cree a la pareja de Ayuso e impulsa la investigación por el `soborno’ a un directivo de Quirón”, es poco ortodoxo si lo que se quiere es, como ya se ha expuesto en el caso anterior, contar los hechos. Un juez, cuando considera que las versiones facilitadas por los investigados no tienen consistencia le encarga el trabajo a la policía judicial casi siempre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo que ocurre es que, últimamente, el cuerpo ha estado más en los medios que centrado en su trabajo por la trascendencia de sus conclusiones. Pero hay que recordar, también, que esas conclusiones a veces han sido consideradas estrafalarias, incluso escasamente asépticas. Basta con recordar que, en el caso del fiscal general del Estado, sin argumentos que lo indique, su informe concluye asegurando que “el fiscal general del Estado tuvo una actuación preeminente” en la filtración del correo que fue objeto del delito de revelación de secretos por el que está a punto de ser procesado. Los autores del informe no se atreven a señalarle directamente, pero esa afirmación de que “tuvo una actuación preeminente” es en la que se basa el juez Ángel Hurtado para mandarle al banquillo. Por lo tanto, hay que tener muchas reservas y no lanzar las campanas al vuelo en las pesquisas que vaya a llevar a cabo la unidad en torno a un asunto tan complicado desde el punto de vista político, y que está siendo objeto de fuertes presiones.
Que las causas más sensibles en las que trabajan varias instancias judiciales están siendo objeto de manipulaciones y tergiversaciones por parte de unos y otros es evidente. Pero la responsabilidad no la tienen los medios inclinados hacia una tendencia política determinada. Son las fuentes las culpables. Esas fuentes proceden, en la mayoría de los casos, de asociaciones y partidos personados en las causas en concepto de acusación particular. Como tales tienen la potestad de acceder al sumario y utilizarlo a su conveniencia. Por eso no es de extrañar la petición del abogado de Santos Cerdán, rechazada por el juez, de que se retransmitiera en directo su interrogatorio. Porque ya nadie se fía de nadie. Y menos un imputado que ayer ingresó en la cárcel de Soto del Real y que es consciente de la existencia de un macro juicio paralelo al más puro estilo de los que se llevaron a cabo a finales del siglo pasado, sólo que en esta ocasión se apunta a la clase política con el consiguiente deterioro reputacional.
La utilización política de las causas judiciales es lo que ha llevado a los estrategas del actual gobierno a intentar solventar este estado de cosas limitando la participación ciudadana en la justicia. Es cierto que es un derecho constitucional pero también lo es que en los países de nuestro entorno no existe esa figura de la acusación popular limitando la personación a los fiscales y, en algunos casos concretos, a las víctimas, damnificados o perjudicados. Aquí se pretende prohibir la personación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones afines. A nadie se le escapa que la extrema derecha de Vox, y los grupúsculos más o menos afines a sus postulados, Manos Limpias y Hazte Oír, además de unas sospechosas entidades que nadie sabe de dónde salen pero que cuando las aguas se calman desaparecen misteriosamente, están utilizando la acción judicial para desgastar al gobierno de Sánchez y que, como contrapartida, partidos como el PSOE se están personando en las causas aportando un relato similar al utilizado por la extrema derecha.
Ni lo uno ni lo otro. Dejemos actuar a los jueces. Que hagan su trabajo sin presión alguna y ya veremos como las cosas vuelven por la senda de la que nunca nos debimos desviar: la estricta aplicación de la ley.