El último escrito del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, no puede ser más revelador. Acusa al “equipo de Fortuny de omitir algunos detalles clave del caso para dar al traste con su intención de solucionar de manera discreta y rápida su investigación por fraude fiscal”. Es la respuesta del letrado Neira a uno de los recursos de la Abogacía del Estado en defensa de Álvaro García Ortiz basándose en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Impugna las alegaciones de la defensa de García Ortiz y amplia el sentido de sus acusaciones dejando claro que lo que pretenden es llegar a un acuerdo con el ministerio público, algo que se antoja imposible después del enfrentamiento judicial entre las dos partes. A González Amador no le queda más remedio que encarar un delito contra la Hacienda Pública.
El escrito del abogado Carlos Neira, del despacho de abogados Garrido, tiene todos los ingredientes de una huida hacia adelante. Culpa de la filtración a dos secretarios técnicos de la fiscalía general del Estado y a la directora de Comunicación, el “equipo de Fortuny” en alusión a la madrileña calle donde se encuentra su sede. Su nueva versión viene a recopilar de forma sesgada parte del informe de la Guardia Civil y el testimonio del exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato. En su escrito de réplica al recurso, Neira dice que García Ortiz dio la orden al fiscal del caso, Julián Salto, para que le remitiese los correos que había intercambiado con él. Esos correos fueron filtrados, según el letrado, a dos medios de comunicación concretos, El Diario y El Plural y, posteriormente, a la SER. Lo que no dice es que esos mismos correos fueron publicados con anterioridad por un periódico afín a la derecha mediática, “El Mundo”. O sea, que ya estaban publicados cuando se produjo la supuesta filtración.
Según el abogado, esta se hizo con el apoyo de la fiscal superior de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue quien ordenó a Salto la entrega de esos correos que, a su vez, fueron enviados a La Moncloa donde una asesora del secretario general de la Presidencia, Oscar López, Pilar Sánchez Acera, habló con Juan Lobato para que utilizase en el pleno de la Asamblea de Madrid esos datos contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
De esta manera, el abogado de González Amador politiza el asunto. Incluso se queja de que su cliente pasó a ser calificado como “delincuente confeso por todos los políticos de grupos rivales al de su pareja sentimental”, algo que sucedió después de que trascendiera que había reconocido que “efectivamente” había cometido dos delitos fiscales. Un reconocimiento que es la clave de todo este asunto porque nadie niega la veracidad de los correos, aunque se discrepa en la fórmula empleada y, hasta ahora, este argumento no había salido a relucir judicialmente.
El abogado de González Amador se mete en un verdadero “charco” del que le puede costar mucho salir ya que para el mes que viene tienen que testificar quien, según los defensores de la otra versión contrapuesta a la suya, señalan como autor de las filtraciones, el jefe del gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los ocho periodistas que firmaron las informaciones sobre el caso.
No se sabe bien si lo hace conscientemente, pero lo cierto es que el letrado, con este escrito, entra en el terreno que pretende el abogado del Estado defensor de García Ortiz y Rodríguez. Porque se sigue manteniendo que todo obedece a una maniobra diseñada por el jefe del gabinete de Díaz Ayuso quien fue el que, inicialmente, filtró a la prensa una supuesta oferta del ministerio público a González Amador para que se declarase culpable de dos delitos fiscales, pagando entre deuda, multa e intereses 500.000 euros y siendo condenado a ocho meses de cárcel que, por supuesto, no cumpliría. Esa es la famosa “solución discreta y rápida” a la que se refiere González Amador. Si hubo intencionalidad política se podrá saber cuando Miguel Ángel Rodríguez declare.
Carlos Neira no se da cuenta de que el juez Hurtado podrá ser lo que quiera, pero no es tonto y no se deja tomar el pelo. No va a entrar en ese juego porque si lo hace sabe que no tendrá más remedio que archivar la causa puesto que no se hablará de un delito de revelación de secretos sino de una maniobra con tintes políticos para desgastar una institución que a nadie en la judicatura, ni siquiera a la derecha, interesa su desprestigio como parece ser que quiere la extrema derecha representada en este proceso por Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, y una asociación que no se sabe bien a lo que juega, la Asociación Profesional e Independiente de fiscales. Todos ellos con la complicidad de un colegio de abogados, el ICAM, una parte de cuyos afiliados se muestra perpleja ante esta acción con demasiados ribetes políticos para una entidad que debería mostrarse neutral debido a la diversidad ideológica, social y profesional de sus noventa mil miembros.
Y donde el letrado vuelve a caer en otra trampa es cuando omite que la primera información que reflejaba extractos textuales de los correos fue publicada por el diario El Mundo, lo que provocó que el fiscal general ordenara recopilar los mensajes en cuestión que el fiscal, Julián Salto, había cruzado con su abogado un mes antes. Su relato salta directamente a cuando, al filo de las diez de la noche, el fiscal general recibe los emails y dos horas más tarde su contenido es referido por una noticia de la Cadena SER.
Carlos Neira ha cometido varios errores en este nuevo escrito porque, ahora, la causa adquiere unos derroteros diferentes a los que pretendía el instructor, Ángel Hurtado, que quiere limitar el asunto a la identificación del autor de las filtraciones públicas de los datos personales de Alberto González Amador. El asunto se les ha ido de las manos y va a ser muy difícil, por no decir que imposible, que se pueda llegar al objetivo pretendido por la sala segunda de Lo Penal del Tribunal Supremo que no es otro que establecer las responsabilidades por la difusión de datos personales que nunca debieron salir a la luz.