Tres magistrados del bloque conservador del Tribunal Constitucional piden que se paralice la sentencia del recurso sobre la ley de amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Van más allá y exigen que se abra un debate en el pleno para discutir sobre la conveniencia de solicitar una cuestión prejudicial a la instancia europea.
Concepción Espejel, César Tolosa, y Enrique Arnaldo quieren que los jueces discutan "acerca de la pertinencia de proceder al planteamiento de una cuestión prejudicial o, en su caso, a la suspensión del futuro señalamiento para deliberación, votación y fallo del recurso de inconstitucionalidad del PP mientras no se proceda por el TJUE a dictar sentencia sobre las cuestiones dada la homogeneidad existente entre las dudas planteadas al TJUE y las que son pretensión de declaración de inconstitucionalidad en el recurso citado". Pero lo que realmente buscan es ganar tiempo.
Paralizar la resolución de la corte de garantías significaría tener suspendida la LOA, algo que pone muy nervioso a Carles Puigdemont y que es el origen de las desavenencias entre Junts y el resto de los socios de investidura en el Congreso. Las cuentas que hacen en Waterloo es que, para después del verano, el expresident estará libre de toda responsabilidad judicial y podrá regresar a Catalunya con garantías de que no será detenido. La derecha, tanto política como judicial, quieren paralizar esta estrategia.
El bloque conservador ya intentó neutralizar el proceso de elaboración de la ponencia de sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad con su radical oposición a la recusación de su miembro más activo, José María Macias. Utilizaron todos los mecanismos a su alcance para recurrir la decisión adoptada en el pleno. Macías, ultraconservador elegido el año pasado por el Partido Popular, no se apartó de la causa como le pidieron sus compañeros progresistas por haberse declarado en contra de la amnistía a los líderes del procès en su época de vocal del Consejo General del Poder Judicial. El exministro Juan Carlos Campo lo hizo voluntariamente pero su compañero se negó y utilizó todos los medios posibles para que esa oposición ralentizase la formación de la ponencia. A él le tocaba por turno haber sido el ponente, pero al ser apartado se designó a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, con la orden expresa por parte de Conde-Pumpido de aligerar los trabajos y concluirlos antes de las vacaciones de verano.
Fracasado el intento de los conservadores ahora han encontrado otra fórmula. Argumentan que varias instancias judiciales han solicitado una cuestión de prejudicialidad al TJUE, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un juzgado de Vilanova y la Geltrú, y la Audiencia Nacional. Justifican la necesidad de esta consulta porque "es necesario examinar si el hecho de que varios órganos judiciales españoles se hayan dirigido al TJUE planteando distintas cuestiones prejudiciales sobre la Ley Orgánica de Amnistía puede ser un obstáculo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta norma, sin esperar la respuesta del Tribunal de Justicia o, en su caso, si el propio Tribunal Constitucional está obligado a elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre la conformidad de dicha norma con el Derecho de la Unión". La razón que esgrimen los jueces es que la ley puede ser contraria a la normativa europea sobre todo en lo que se refiere a la malversación de caudales. Se basan en las advertencias contenidas en el informe de la Comisión de Venecia, el organismo del Consejo de Europa que estudió la legalidad de la medida de perdón a los independentistas catalanes.
Los argumentos del bloque conservador tienen, también, otra lectura. La sentencia del TC sobre la pieza política de los Eres de Andalucía que obliga a la Audiencia de Sevilla a elaborar una nueva sentencia que tenga en cuenta el principio de que no puede haber delito en una actuación parlamentaria, ha sido rechazada por los jueces de la instancia que van a presentar una cuestión de prejudicialidad. Ello ha generado un fuerte debate político en el cual la derecha se muestra contraria a las resoluciones de la corte de garantías. La cuestión prejudicial consiste en elevar una consulta ante el TJUE bien porque se plantee una interpretación nueva y de interés general para la aplicación uniforme del derecho de la Unión o bien porque la jurisprudencia nacional no aborde una situación jurídica nueva como la derecha dice que sucede con la Ley de Amnistía.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional es el máximo organismo judicial de este país en lo que a la interpretación de la carta magna se refiere, que es la ley de leyes. Si se tiene en cuenta la hipótesis de que el TJUE puede llegar a sentenciar que la LOA es contraria al derecho europeo, pero el TC español resuelve que es compatible con los principios constitucionales, habrá que ver cual de los dos fallos prevalece. Porque ya se han producido varios antecedentes en Europa de tribunales constitucionales que se consideran por encima de las instancias jurídicas comunitarias. Pasó en Polonia, Hungría y Chequia, y se mantienen las diferencias sin que se haya encontrado una solución.
Pero ese no es el asunto que ocupa a los magistrados conservadores. Lo que intentan es paralizar un proceso muy avanzado. El grupo de trabajo formado por los letrados adscritos a los magistrados progresistas, - un hecho por el que los conservadores han elevado su protesta-, tienen prácticamente elaborado el borrador que está siendo coordinado por la vicepresidenta Montalbán. Y se calcula que el mes que viene estará listo para ser debatido en el pleno. Y eso es lo que pretenden evitar a toda costa Espejel, Tolosa y Arnaldo. Exigen a Conde-Pumpido que suspenda esta elaboración hasta que se pronuncie el TJUE porque conocen, perfectamente, que la instancia judicial de la Unión tardará en pronunciase un año en el mejor de los casos.
Y para entonces, los soberanistas catalanes habrán perdido la paciencia y forzarán la convocatoria de elecciones anticipadas argumentando que Pedro Sánchez ha incumplido los acuerdos de investidura. En el PP dan por segura una victoria que les permitirá hacerse con La Moncloa y, para entonces, ya se encargarán sus expertos en neutralizar los efectos de una ley, la Orgánica de Amnistía, que consideran la más negativa de la democracia.