Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha convocado a una reunión a los presidentes de sala del Tribunal Supremo. A todos: de Lo Penal, Lo Civil, Lo Contencioso Administrativo, Lo Social y Lo Militar. En principio la idea es empezar a cubrir las plazas vacantes en las salas, que, en total, ascienden a casi un centenar, pero es muy probable que Perelló les hable de sustituciones. Hay una segura, la de la sala de Lo Penal. Manuel Marchena se va. Se jubila en noviembre y hay que buscarle un sustituto. Los progresistas y parece ser que, con el apoyo de Perelló, quieren colocar a la magistrada de la sala Ana María Ferrer al frente.
Ferrer es la magistrada rebelde dentro de la sala de Lo Penal. Ha elaborado varios votos particulares en contra de sentencias como la del procès y, últimamente, el auto en el que sus compañeros rechazan la amnistía por malversación. Demasiado agresivo su argumento. Califica de "ficción jurídica" y "entelequia" las explicaciones de la sala. De esta manera se sitúa en el argumentario utilizado por la izquierda y los soberanistas de que el auto obedece más a una intervención política que a los procedimientos jurídicos que deben utilizar los jueces.
La magistrada advierte, en su voto particular, que "la lectura de los preceptos del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Catalunya en los años 2014 y 2017 y, con carácter general, todos los gastos asumidos por el erario público siempre que buscaran hacer realidad lo que el legislador denomina el proceso independentista catalán, no es interpretativa sino derogatoria", porque deja sin contenido la ley que deben aplicar. Según Ferrer, los ejemplos que incorpora la resolución para defender su posición "poco tienen que ver" con la celebración de un referéndum, caso en el que, sostiene, "no puede apreciarse el ánimo de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial, previsto como causa excluyente de la amnistía, ni aún menos que ese beneficio se materializara".
Este voto particular, y el de la sentencia contra los doce líderes independentistas sitúa a Ana Ferrer en la “lista negra” de la derecha judicial para ocupar el cargo de presidenta de la sala de Lo Penal. Los conservadores buscan un perfil más parecido al del actual presidente, Manuel Marchena. Se presiona a Andrés Martínez Arrieta, pero éste no ha aceptado ser el candidato de momento. El nombramiento corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora debe poner de acuerdo a tres quintos de sus miembros (13 de 21), y la presidencia de la Sala de lo Penal nunca ha sido una negociación fácil. Si hay una instancia a la que los políticos miran de reojo en el Tribunal Supremo es esa . Sus quince magistrados son los únicos en toda España que pueden enjuiciar a los diputados del Congreso, a los miembros del Gobierno o al Rey. Es la que revisa los casos de corrupción más importantes, los asuntos de terrorismo, o la que cambia la jurisprudencia y corrige a los órganos inferiores, como ocurrió con el caso de “La Manada”. Presidirla es un caramelo muy atractivo para cualquier jurista, pero también una responsabilidad inmensa que no todos están dispuestos a asumir.
A Ana Ferrer la apoyan sus compañeros de Juezas y Jueces para la Democracia de la que también es integrante Isabel Perelló. Martínez Arrieta procura distanciarse de las organizaciones profesionales conservadoras, pero cuenta con el apoyo de la APM y la Francisco de Vitoria asociación que fundó. Aun así, en el ambiente judicial se le considera progresista. Su trabajo es contradictorio. Fue capaz de condenar a Baltasar Garzón por las escuchas ilegales en el sumario de la Gürtel y absolver a este mismo magistrado en el caso de las víctimas del franquismo. Se le propuso para presidir el tribunal que enjuició a los líderes independentistas catalanes pero debido a la trascendencia social de la causa se prefirió poner al frente al propio Manuel Marchena.
Esos son los dos magistrados que aspiran a sustituir al actual presidente que cesará el 3 de noviembre. Ana María Ferrer tiene una ventaja que es la de ser mujer. La presidenta de CGPJ, Isabel Perelló quiere que sean las juezas las que ocupen los puestos a cubrir en consonancia con su mayoría en la carrera judicial. Las 2.858 juezas y magistradas en activo suponen el 53,2 por ciento de la carrera judicial, según el “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial” publicado por la Sección de Estadística del CGPJ con los datos disponibles a 1 de enero de 2018. Es el mismo porcentaje que representaban los hombres hace exactamente diez años. Con las estadísticas en la mano, Perelló y los progresistas del consejo creen conveniente la cobertura de plazas en la magistratura con mujeres. Y ese es el argumento que utilizan para proponer a Ana Ferrer.
En lo que se refiere a su experiencia, su currículo es muy sólido. Tanto como para hacerse cargo del puesto requerido. En su primer destino, el juzgado de Valdepeñas, (Ciudad Real) se la llamaba “Ana Thatcher” porque mandó a prisión al secretario de su juzgado por haberse estado apropiando de fondos durante quince años. Pero donde adquirió fama fue en el juzgado 16 de Madrid cuando instruyó el Caso Roldan, el ex director general de la Guardia Civil condenado por malversación de fondos públicos entre otros delitos. En 1996 fue designada magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, instancia de la que fue su presidenta hasta 2008 en que pasó a ser destinada al Tribunal Supremo. Es profesora de práctica jurídica de la universidad Alfonso X el Sabio.
No hace falta profundizar más en su historial profesional. Suficiente para competir con Martínez Arrieta quien cuenta a su favor el haber sido durante muchos años el juez que mantuvo relaciones con los periodistas que cubrían la información del alto tribunal. Gracias a ello se le considera un juez transparente.
Se puede decir que la guerra por hacerse con la trascendental presidencia de la sala segunda del Tribunal Supremo no tiene, a esta hora, un seguro ganador. Es otro debate más de un Consejo General del Poder Judicial muy polarizado en el que conservadores y progresistas libran batallas continuamente para ganar terreno en la judicatura. Eso se sabía que iba a ocurrir. Y por eso los partidos mayoritarios pactaron una composición igualitaria del órgano de gobierno de los jueces. Ahora se entiende el bloqueo mantenido por la derecha judicial durante cinco años. Está en juego una importante parcela de la vida social de este país.