Los ERE de Andalucía no son el primer caso de persecución de la derecha política contra el Partido Socialista. Los herederos del franquismo, agrupados en Alianza Popular, ya utilizaron el aparato judicial para acabar con una mayoría que les resultaba molesta, la de la Junta de Castilla y León. Desde que lograron neutralizar a su presidente, Demetrio Madrid, en 1896, los socialistas no volvieron a levantar cabeza en ese territorio. Y peor aún, las actuaciones contra Madrid sirvieron para que un desconocido diputado por Ávila acabase por ser uno de los dirigentes políticos más controvertidos de este país. José María Aznar ganó unas elecciones en las que no se presentó Madrid que, años más tarde, acabaría no sólo por ser absuelto sino más que eso: los tribunales reconocieron su labor social al frente de la empresa algunos de cuyos trabajadores lo denunciaron.
Demetrio Madrid dimitió el 29 de octubre de 1986 después de que un grupo de trabajadores de la cooperativa que había presidido le acusasen de un presunto delito social. Madrid había vendido la empresa cuando fue elegido presidente. Lo hizo por ética, para no compatibilizar unas funciones públicas con su anterior actividad privada. Un grupo de empleados presentó una querella contra él. Y dimitió. Fue sustituido por otro miembro del Partido Socialista, José Constantino Nalda, hasta que se convocaron elecciones en la comunidad. A ellas se presentaron el que luego sería senador socialista, Juan José Laborda, hoy colaborador del diario de extrema derecha Voz Populi, y José María Aznar. Quedaron empatados a escaños, pero dos procuradores independientes dieron la presidencia al que entonces sólo era dirigente territorial de Alianza Popular. Años más tarde todos conocemos las consecuencias de aquella operación.
Cuatro años después, Demetrio Madrid fue absuelto. Se retiraron todas las acusaciones y cargos contra él. Pero ya era demasiado tarde. El fiscal había solicitado para él tres meses de arresto y multa de 300.000 de las antiguas pesetas “por descuido en la dirección del taller”. Los jueces fueron implacables. En enero de 1990 la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó una sentencia no sólo absolutoria sino favorable al expresidente. Dijo que Madrid se “había excedido en sus obligaciones laborales”. El Supremo confirmó esa sentencia en 1993. Pero el daño ya estaba hecho.
Ahora, una jueza de Sevilla, Mercedes Alaya, se encuentra en el punto de mira por su instrucción en torno al caso ERES de Andalucía. Hay quien está convencido de que la jueza estaba conchabada con el Partido Popular y la fiscalía para acabar con un Partido Socialista imbatible en las urnas. Es difícil de sustentar esta creencia porque la misma tesis conspiratoria de Alaya la refrendaron tres jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla y toda una sala de Lo Penal del Supremo. Pero los hechos son tozudos. El Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en su sitio y ha contado lo que nadie quería ver. Que es imposible constitucionalmente señalar como delictivo un acto parlamentario como es la aprobación de unos presupuestos, sean de una administración local, autonómica, o general. El acto se podrá recurrir por inconstitucional, por ilegal, pero nunca se puede responsabilizar penalmente a quienes lo diseñaron. No hay prevaricación administrativa.
Aún así, este asunto que cada día se parece más a una persecución de la derecha contra una izquierda a la que no había manera de derrotar en las urnas acabó con varias personas cuyo único delito era haber representado a una formación política y a un gobierno legalmente elegido, en la cárcel o inhabilitados para ejercer cargos públicos. Griñán que no llegó a entrar en prisión por padecer un cáncer, algo todavía peor que la cárcel, Manuel Chaves, que tuvo que entregar su carné del partido en el que había participado en su refundación, Magdalena Álvarez, Carmen Aguayo, Gaspar Zarrias, histórico dirigente, hijo de un veterano socialista de la época de la República, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano… y así hasta 19 altos cargos de la Junta. La operación descabezó al PSOE en Andalucía hasta tal punto que la sucesora de Griñán al frente de la Junta, Susana Díaz, fue derrotada electoralmente siendo sustituida por Juan Manuel Moreno, de quien se dice que acabará liderando el PP en España. La historia se parece bastante a lo ocurrido en Castilla y León.
Hubo otros intentos de acusar a dirigentes socialistas de corrupción. El 21 de septiembre de 1981, el concejal del PSOE y segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid, Alonso Puerta, denunció que dos compañeros de partido, el concejal de Hacienda, Baltasar Aymerich, y el responsable de saneamiento, Jesús Espelosín, habían recibido ofertas de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos a una empresa de recogida de basura. La historia tiene su trasfondo político ya que Alonso Puerta se había enfrentado a Felipe González en el famoso XXVII Congreso, el del marxismo, y su enemistad era manifiesta con otro viejo conocido, el hoy seguidor incondicional de Isabel Díaz Ayuso, Joaquín Leguina.
El asunto no pasó a mayores porque en aquella época, al frente de la derecha estaba un tal Adolfo Suárez al que nunca se le pasó por la cabeza, al menos a principios de los ochenta, judicializar la política, y los dirigentes del franquismo, agrupados en torno a la Alianza Popular de Manuel Fraga, todavía no manejaban la idea de utilizar el intacto aparato judicial franquista para lograr los objetivos que no conseguían a través de las urnas.
Ahora, la instrumentalización de la justicia por la derecha está a la orden del día. Y, desgraciadamente jueces como Mercedes Alaya no sólo no reconocen su error, sino que siguen considerandose los baluartes del estado de derecho. Esos mismos jueces que si sus decisiones fuesen analizadas políticamente acabarían en los mismos juzgados de los que son titulares. Decisiones controvertidas socialmente como son las adoptadas por Peinado, Marchena, Gadea y García Castellón, entre otros, que se van a su casa pensando que han cumplido con su deber sin fijarse en los ciudadanos que, a su alrededor, les miran perplejos porque bajo ellos está la sombra de la sospecha.