Una vez más, los pactos que alcanza el PSOE de Pedro Sánchez con la derecha supremacista catalana como pago para mantenerse en el poder rozan la ilegalidad, sobre todo con el derecho de la Unión Europea que, hay que recordar una vez más, es prevalente sobre el nacional.
El acuerdo entre el PSOE y Junts por el que se ceden las competencias en migración y control de fronteras a la Generalitat. Al igual que sucedió con la amnistía, Sánchez se mueve en la delgada línea roja de la ilegalidad, algo que está dispuesto a realizar si con ello se mantiene en el poder.
Para entender cómo ese pacto, trasladado a una proposición de ley, si finalmente es aprobado por el Congreso de los Diputados, estaría rozando la vulneración del derecho de la Unión Europea en materia de inmigración y de control de fronteras, hay que analizar esa normativa y las competencias que los estados tienen transferidas a la UE.
Competencias migratorias
La gestión de la inmigración en la UE se basa en un sistema de competencias compartidas entre los Estados miembros y las instituciones de la UE. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la política migratoria es una competencia compartida, lo que significa que tanto la UE como los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicos en este ámbito. Sin embargo, en caso de conflicto, prevalece el derecho de la UE.
Algunas áreas específicas de la política migratoria se consideran competencias exclusivas de la UE. Estas incluyen la gestión de las fronteras exteriores, la política común de visados y las normas sobre el tránsito de personas dentro del Espacio Schengen. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) desempeña un papel crucial en la coordinación de la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros.
Las competencias compartidas abarcan una amplia gama de áreas relacionadas con la inmigración, como la política de asilo, la lucha contra la inmigración ilegal, la integración de inmigrantes y la cooperación con terceros países en asuntos migratorios. Los Estados miembros tienen la libertad de desarrollar y aplicar sus propias políticas en estas áreas, siempre y cuando no contradigan el marco jurídico de la UE.
Uno de los pilares fundamentales de las competencias en materia de inmigración en la UE es el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Este sistema establece normas y procedimientos comunes para garantizar que las solicitudes de asilo se gestionen de manera justa y eficaz en toda la UE. El SECA incluye la Directiva de Procedimientos de Asilo, la Directiva de Acogida y el Reglamento de Dublín, que determina el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de asilo.
El SECA ha enfrentado numerosos desafíos y críticas en su implementación. La crisis migratoria de 2015 puso de manifiesto las debilidades del sistema, especialmente en términos de la distribución desigual de solicitantes de asilo entre los Estados miembros y la falta de solidaridad y cooperación efectiva. La revisión del Reglamento de Dublín y la propuesta de un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo buscan abordar estas cuestiones y fortalecer el SECA.
La política común de visados y el control de las fronteras exteriores son competencias exclusivas de la UE. El Código de Visados de la UE establece los procedimientos y condiciones para la expedición de visados de corta duración, mientras que el Sistema de Información de Visados (VIS) permite el intercambio de datos entre los Estados miembros sobre solicitudes de visado.
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, desempeña un papel fundamental en la coordinación y apoyo a los Estados miembros en la gestión de sus fronteras exteriores. Frontex lleva a cabo operaciones conjuntas y despliega equipos de respuesta rápida para hacer frente a situaciones de alta presión migratoria. La agencia también colabora con terceros países para mejorar la gestión de las fronteras y combatir la inmigración ilegal.
La integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida es una competencia compartida entre la UE y los Estados miembros. La UE apoya los esfuerzos nacionales a través de fondos y programas específicos, como el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). La integración efectiva de los inmigrantes es esencial para su inclusión social y económica y para la cohesión social en la UE.
Posible vulneración de la normativa europea
Las medidas incluidas en la proposición de ley presentada conjuntamente por el PSOE de Sánchez y la derecha supremacista catalana bordean en muchos aspectos las competencias exclusivas de la UE, como todo lo referente a control de fronteras por parte de los Mossos, la devolución de migrantes o la gestión de documentos de identidad, sobre todo tras la entrada en vigor en 2022 de ETIAS.
La política de control de flujos fronterizos será gestionada a partir del 1 de enero de 2022 por el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).
La responsabilidad de este nuevo sistema corresponderá a las tres agencias de la UE con competencias de seguridad: Frontex, EU-Lisa y Europol. Por tanto, la competencia de control de entrada y salida de los países del Espacio Schengen, entre los que se encuentra España, tendrán que cederla a estas tres agencias. En concreto, perderán a partir de ese momento cualquier control sobre el flujo de fronteras.
ETIAS es la autorización del sistema que ha sido creado por la Unión Europea para aquellos ciudadanos que actualmente no precisan solicitar un visado para desplazarse por el Espacio Schengen.
Se trata un sistema de autorización previa al viaje para estos viajeros. Su función clave será verificar si un nacional de un tercer país cumple los requisitos de entrada antes de viajar al espacio Schengen. Es un fichero que se integra y complementa con el Sistema de Información de Visados (VIS).