Buena noticia para Carles Puigdemont, aunque lo único que hace la Audiencia Provincial es poner las cosas en su sitio. Joaquín Aguirre, el juez instructor número 1 de la ciudad, había sido advertido. Tenía que proceder a archivar la causa contra el expresident de la Generalitat y doce imputados más en lo que se llamó la “trama rusa del procés”. El motivo no daba lugar a dudas. El magistrado había abusado de las prórrogas en sus investigaciones sin haber respetado la normativa vigente. La historia recuerda mucho a lo que le ocurrió a su colega de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón en el asunto de Tsunami Democràtic. La duración de una instrucción judicial está limitada. Se puede pedir prórroga si se considera que es compleja. Pero en el caso de la “trama rusa” lo que estaba pasando es que no se avanzaba. Se encontraba paralizada, algo muy habitual en el juzgado del magistrado Aguirre. Por eso, sus superiores le exigieron que la archivase. Pero el juez se creía más listo que sus superiores. Y sí, cerró el sumario pero, al mismo tiempo, abrió una pieza separada con los mismos imputados. Ahora sus superiores le ordenan que se olvide del asunto porque si no, se “podría dar lugar a la exigencia de la consiguiente responsabilidad”.
Entre los imputados en esta causa, además de Puigdemont, se encuentran el diputado de Junts Per Catalunya, Francèsc Dalmases, el abogado Gonzalo Boye, el asesor, Josep Lluìs Alay, la ex consellera, Elsa Artadi, y el antiguo responsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas. En la nueva pieza, el juez cambió la acusación por un delito de traición que no figura en la ley de amnistía por lo que ninguno de ellos se pudo acoger a la medida de gracia. La Audiencia de Barcelona, al mismo tiempo que envía al Supremo la orden de archivo por si hubiese la posibilidad de recurso, recuerda al juez que las resoluciones son “de obligado cumplimiento y le exigen cumplirla “sin excusas, de manera inmediata, y sin que pueda plantear imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas en las leyes y que, en definitiva, burlan la decisión previa del tribunal”. Advierten que su actuación ha supuesto, “un flagrante incumplimiento” de una resolución firme, lo que ha supuesto la vulneración del derecho a la tutela judicial de los investigados.
Los superiores de Aguirre le señalan que “está cometiendo un fraude de ley” y que si se niega a obedecer sus órdenes “podría dar lugar a la exigencia de la consiguiente responsabilidad”. La sección 21 de la sala de Lo Penal de la Audiencia critica, también, la forma en que cumplió sus órdenes y, al mismo tiempo, abrió otra pieza separada: “con un auto de 56 páginas en el que hace consideraciones generales y en el que mezcla trabajos doctrinales y periodísticos, divagaciones sobre cuestiones personales y filosóficas”, todo ello “salpicado con opiniones puramente personales sobre la evolución histórica del denominado procés”. La sala declara este auto “nulo de pleno derecho”.
Para el titular del juzgado número 1 de Barcelona, la resolución supone un serio varapalo a su actuación cuando está a punto de jubilarse. Pero es que, además, la orden tiene mucha trascendencia. Carles Puigdemont no puede acogerse a la amnistía por tener pendientes tres causas cuando se aprobó la ley. La investigación por terrorismo de García Castellón en la Audiencia Nacional se resolvió de la misma manera que ésta. La sala de Lo Penal ordenó al juez el archivo del sumario por haberse traspasado el límite temporal de la instrucción. Ahora, el delito de traición que le imputa el juez Aguirre también queda sin efecto por lo que sólo quedan por resolver las acusaciones del instructor del procés, el juez Pablo Llarena. El expresident no se puede acoger a la medida de gracia por haber sido declarado prófugo de la justicia. Pero las resoluciones de la corte suprema contra sus compañeros procesados indican que se puede acoger a la medida de gracia por todos los delitos exceptuando el de malversación que dependerá de lo que diga el Tribunal Constitucional en los recursos de amparo.
Lo que ocurre es que a Puigdemont le han entrado las prisas. Quiere volver cuanto antes a España sin ser detenido. Pero aún tendrá que esperar un tiempo hasta que se resuelva la única imputación que pesa sobre él. Porque, poco a poco, las actuaciones de los jueces se han ido neutralizando. La última ha sido esta del instructor de Barcelona, Aguirre, por un asunto que, en su día ya se calificó de “inconsistente” jurídicamente hablando.
Todo empezó por unas conversaciones telefónicas del dirigente de CDC, Víctor Terradellas, en las que aseguraba que el Kremlin había ofrecido su ayuda en el proceso independentista catalán, “incluso si hace falta con el envío de 100.000 soldados”. Desde un principio estas conversaciones fueron calificadas como “producto de las fantasías de una persona con cierta tendencia a inventarse historias de espías”. Rusia desmintió lo manifestado por Terradellas pero el juez Aguirre siguió manteniendo la investigación que duró cinco años hasta que la Audiencia de Barcelona ha dicho “basta”. Los doce imputados, por lo tanto, quedan libres de toda responsabilidad. Y eso es un alivio para Puigdemont que ya no podrá ser perseguido judicialmente por esta causa.
Joaquín Aguirre es un magistrado controvertido. En su juzgado figuran diligencias tan mediáticas como el “caso Negreira”, el esclarecimiento de los pagos del Futbol Club Barcelona al que fue vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira, cuya conclusión depende de un informe de la Guardia Civil que todavía tarda en llegar. Otro caso como el llamado “Macedonia”, una presunta trama de corrupción en el seno de los Mossos d’Esquadra, también acabó en nada. Sus superiores de la sala de Lo Penal de la Audiencia le censuraron que ese asunto parecía “una fiscalización general de toda la actuación policial”.
Está considerado como un juez “prospectivo” que se basa en simples sospechas que nunca llegan a indicios. Sus instrucciones han traspasado los límites temporales exigidos por la ley. Por ello ha sido llamado al orden en multitud de ocasiones. Pero estamos en lo mismo de siempre. A Joaquín Aguirre le queda muy poco tiempo para jubilarse. Lleva en ese juzgado 36 años y, como ocurre con estos magistrados al borde del retiro, (leasé el caso de Juan Carlos Peinado, juez número 41 de Madrid), le importa muy poco lo que le pueda pasar o lo que puedan decir o hacer sus superiores. Y es triste que este magistrado acabe así cuando en su curriculum figuran instrucciones tan importantes como la de Grand Tibidabo que acabó con el financiero Javier de la Rosa en la cárcel.