La segunda Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética llega en un momento clave: con los efectos de la emergencia climática ya presentes y tras un ciclo marcado por sucesivas crisis —sanitaria, inflacionaria y geopolítica— que han tensionado el acceso a los suministros básicos en cientos de miles de hogares. Con más de 1,6 millones de personas beneficiarias actuales, el Gobierno quiere consolidar y ampliar ese número, pero sin tocar aún las barreras estructurales que impiden reconocer el suministro energético como un derecho garantizado, no condicionado.
Un marco sólido, pero aún insuficiente frente a la desigualdad energética estructural
El nuevo plan —que se extenderá entre 2025 y 2030— propone 12 medidas concretas, agrupadas en torno a cuatro ejes: caracterización del fenómeno, protección del consumidor, mejoras estructurales y sensibilización social. Entre ellas destaca la creación de un observatorio estatal de pobreza energética, la prohibición de penalizaciones contractuales si se cambia a tarifa PVPC con bono social, o la inclusión de la variable climática estacional en la concesión de ayudas.
El documento también recoge medidas de calado técnico y comunitario, como la rehabilitación energética de viviendas vulnerables o la integración de personas en situación de pobreza energética en comunidades de autoconsumo público.
El enfoque del plan es riguroso: se parte de datos, se reconoce la heterogeneidad de los perfiles vulnerables y se apuesta por una política pública transversal que involucra a educación, sanidad, servicios sociales y entidades locales. La implicación del sistema sanitario en la detección precoz de situaciones de pobreza energética, por ejemplo, supone un salto cualitativo en la comprensión del fenómeno.
Sin embargo, el propio texto reconoce algunas ausencias. No se contempla, por ejemplo, la prohibición efectiva de cortes de suministro para todos los colectivos vulnerables, ni la concesión automática del bono social a quienes cumplen los requisitos, lo que mantiene una carga burocrática injustificada sobre quienes menos recursos tienen.
Tampoco se aclara qué ocurrirá con las ayudas a familias numerosas ni se concreta la financiación adicional que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente en lo que se refiere a rehabilitación y eficiencia energética, dos ámbitos con altísima demanda y ejecución lenta.
Blindar derechos en tiempos de crisis, el reto pendiente
El Gobierno ha insistido en que este plan busca convertir la pobreza energética en una prioridad de Estado, no en una política de gestión de daños. Y lo cierto es que su formulación apunta hacia esa dirección. La participación de múltiples niveles institucionales, agentes sociales y actores del tercer sector muestra un esfuerzo por democratizar el diseño de la estrategia. Y los datos de la anterior etapa (2019–2024) avalan su impacto: una reducción del 24,7% de la carga energética en los hogares con menos renta es un resultado importante, especialmente si se considera el contexto inflacionario.
Pero los desafíos estructurales siguen pendientes. Mientras el bono social no sea un derecho automático y mientras el suministro energético pueda cortarse legalmente por impago en pleno invierno, la política contra la pobreza energética seguirá siendo asistencialista, no garantista.
La emergencia climática y las desigualdades socioeconómicas hacen de este problema algo más que una cuestión de facturas: se trata de seguridad vital, de salud pública, de equidad territorial y de justicia ambiental. Un hogar sin calefacción en enero o sin ventilación en julio no es solo un hogar pobre: es un hogar en riesgo.
Por eso, proteger el acceso a la energía debe equipararse legal y políticamente a proteger el acceso a la sanidad o a la educación. No como favor, ni como subvención temporal, sino como derecho social exigible.
Más que tarifas sociales, una transición energética con justicia
El nuevo plan consolida avances indiscutibles, pero también expone los límites del actual marco normativo. Si se pretende transformar el sistema energético en una palanca de equidad, la respuesta no puede limitarse a ampliar ayudas: debe garantizar el acceso universal y no condicionado al suministro básico.
Además, este tipo de políticas solo pueden tener éxito si se conectan con una visión más amplia de la transición ecológica justa. Rehabilitación energética, autoconsumo colectivo, fiscalidad verde progresiva, democratización de las renovables… todo eso debe articularse con políticas de acceso garantizado, no subordinado a la renta, la complejidad administrativa o los intereses de las comercializadoras.
La equidad energética no es un concepto técnico, es una exigencia democrática. No basta con medir cuánto ha bajado el recibo medio: hay que mirar quién puede permitirse encender la luz, calentar su casa o refrigerarla cuando la temperatura se dispara.
El Gobierno tiene ahora la oportunidad de profundizar esta agenda con valentía legislativa y ambición presupuestaria. Y para ello, el próximo paso no debe ser una nueva estrategia, sino un marco normativo que convierta en derechos reales lo que hasta ahora solo han sido medidas excepcionales.