Sin entrar en otras consideraciones como pueden ser sus formas de interrogar y de llevar las instrucciones de las causas que le tocan, el titular del juzgado número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dicho una cosa, en sus numerosas comparecencias públicas de los últimos días, que llama la atención. Se está enterando de las actuaciones probatorias que piensan llevar a cabo los abogados de las partes del sumario Mouliaá por los medios de comunicación. Se queja el magistrado de filtraciones y advierte que la de la grabación de sus interrogatorios constituye un delito de revelación de secretos. Hay otros jueces como el 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que dice haberse visto obligado a tomar medidas para evitar la filtración de las actuaciones que lleva a cabo en el caso Begoña Gómez, incluso con advertencias a los abogados de las partes. Dos jueces de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, y Santiago Pedraz, de la trama de los hidrocarburos, piensan seguir el mismo camino y muestran su malestar por tenerse que enterar por la prensa de las circunstancias que rodean los casos que instruyen. Y así podríamos seguir. No son culpables de que esas instrucciones se hayan convertido en circos mediáticos. Sólo el caso de Peinado que consintió, en un principio, el espectáculo sin adoptar medidas, es más fomentándolo, es la excepción que confirma una regla que ya empieza a cansar en los juzgados. Ahora bien, ¿Quién tiene la culpa de todo esto que está sucediendo? Las responsabilidades hay que buscarlas en los abogados que representan a las partes, y más concretamente, en las acusaciones particulares.
En todas las causas judiciales en las que puede llegar a haber un interés político, un escándalo que puede afectar a la izquierda, se personan organizaciones vinculadas a la extrema derecha. Hazte Oír, Manos Limpias, Abogados Cristianos y semejantes, solicitan estar presentes en las instrucciones de esas causas sólo con un interés: tener acceso al sumario y filtrarlo a la prensa, a ser posible a los medios afines a su ideología quienes se encargan de manipular esa información con fines políticos.
Hace unos días se ha conocido que el abogado Víctor Manuel Soriano, representante de Manos Limpias en la instrucción del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, trabaja a sueldo de la secretaria primera de la mesa del Senado, Eva Ortiz, del Partido Popular. Los socialistas echan en cara al PP que tenga en "nómina" a un letrado del “pseudosindicato ultra" y ponen el foco en el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Es el PP el que impulsa a estas organizaciones a poner demandas basadas en recortes de prensa? ¿La orden procede del propio Feijóo?
La sospecha de concomitancia del PP con los jueces que llevan estas causas mediáticas es cada vez más evidente. Y la relación se hace a través de un método muy simple. Los populares no dan la cara salvo en contadas ocasiones cuando el asunto está muy claro. En caso contrario se encarga de que sean esas organizaciones, con las que mantienen contactos que nunca se hacen públicos para evitar el desprestigio que supone para un partido que se autodenomina de centro derecha, las que se personan en los juzgados. Los abogados y procuradores se encargan de buscar y filtrar a los medios de comunicación afines los aspectos más interesantes del sumario. Y luego, el Partido Popular saca el rédito político. En Génova no se ensucian las manos y evitan cualquier acusación que, como ya se ha visto, puede llegar a ser penal.
Diario16+ lo ha contado en multitud de ocasiones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cometió la indiscreción de reconocer que había pedido “asesoramiento legal a magistrados amigos” sobre el asunto de las contrataciones de clínicas privadas. Pero el caso más evidente es el del jefe de gabinete de Isabel Diaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien se vanagloria en las redes sociales de conocer el destino penal del fiscal general del Estado, ese famoso “va a ir p´alante”. Y sus conocidas maniobras sobre las filtraciones de los correos del abogado del novio de su jefa, Alberto González Amador, y el fiscal que le acusa de delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
Por eso no debe extrañar que en el ministerio de Justicia se haya decidido tomar cartas en el asunto y presentar un proyecto de ley que reforma la ley de enjuiciamiento criminal limitando la actuación de las acusaciones populares que, de prosperar, sólo tendrán acceso a una instrucción al principio de esta, para ejercer la potestad de denunciar, y en la fase de juicio oral.
De esta manera se evitaría el abuso de la utilización de los sumarios que contienen detalles de la causa que comprometen su instrucción. Porque, además, la regulación del llamado “secreto de las diligencias” se está tornando obsoleta debido a la discrecionalidad del juez a la hora de decretar esa condición. En varias ocasiones se ha comprobado que un sumario secreto acaba por ser conocido por las partes que se encargan de filtrarlo. Ha ocurrido con la instrucción del juez Ángel Hurtado en la parte referida a los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en la sede de fiscalía. Al magistrado se le fue la mano y ordenó la intervención de todos los soportes digitales, no sólo los referidos a las fechas de autos. Eso puso en riesgo informaciones comprometidas que pueden afectar a la seguridad del Estado. De momento no han trascendido, pero hay que dar tiempo al tiempo. Se desconoce lo que había en esos correos y mensajes a los que tuvieron acceso los agentes, pero de lo que no hay duda es de que, el día menos pensado, algún medio de comunicación puede dar la sorpresa. Se han visto cosas peores.