El PP ha llevado al Tribunal Constitucional, con carácter preventivo, un recurso contra la reforma exprés del Código Penal y del Poder Judicial que prepara Pedro Sánchez. De esta manera, los populares piden medidas cautelarísimas para frenar una proposición de ley del Gobierno de coalición que ni siquiera ha pasado el trámite parlamentario. Nunca antes en nuestra democracia se había producido un hecho de tal gravedad. El proceso marcado por la Constitución establece claramente que las leyes emanan del Parlamento, máxima expresión de la soberanía popular, y que, acto seguido, las diferentes fuerzas políticas tienen derecho a recurrirlas, si consideran que son inconstitucionales, ante el TC, que habitualmente tarda años en resolver. Así se ha hecho siempre, así se ha garantizado la pureza de la democracia. Sin embargo, el Partido Popular vuelve a subvertir el orden constitucional establecido y da un nuevo paso adelante en su estrategia de bloqueo, saltándose el imperio de la ley.
Está claro que los populares pretenden convertir el Tribunal Constitucional, caducado desde hace meses, en una tercera cámara, en un órgano fiscalizador usurpando competencias del Poder Legislativo. Su estrategia de bloqueo en la renovación de los altos cargos judiciales no solo consiste en dejar que se pudra el CGPJ, cuyos puestos de magistrados llevan más de cuatro años fuera de plazo, sino también en controlar con sus peones el más alto órgano jurisdiccional español. De esta manera, el partido de Feijóo mantiene intacta la capacidad de tumbar todas y cada una de las leyes que emanan del Congreso de los Diputados y del Senado. No se puede ir más allá en el lawfare judicial. No se puede practicar una política más antidemocrática en un claro intento por derribar al Gobierno mediante una especie de dictadura de las togas.
Pero repasemos la secuencia de los acontecimientos. Desde que comenzó esta legislatura, el Partido Popular ha estado bloqueando sistemáticamente la renovación de los cargos del Poder Judicial, una estrategia política para desgastar a Sánchez y, de paso, seguir manteniendo la mayoría conservadora, o sea, la sartén por el mango, en la cúpula de nuestros jueces y magistrados. Es decir, primero Casado y Feijóo después, han estado incumpliendo el mandato constitucional, se han saltado a la torera la Carta Magna. De nada han servido las sucesivas llamadas de atención de la Unión Europea para que los populares se sentaran a negociar con el Gobierno de coalición al que, dicho sea de paso, el PP considera ilegítimo desde la moción de censura que descabalgó a Rajoy y pese a que el PSOE ganó las elecciones.
A finales de octubre, el presidente Sánchez y el jefe de la oposición (este a regañadientes) tenían un acuerdo casi apañado para desbloquear la situación. Sin embargo, cuando parecía que el pacto de renovación del CGPJ iba a llegar por fin a buen puerto, los poderes fácticos en la sombra de las derechas españolas presionaron al dirigente conservador gallego para que se echara atrás en el último momento y se negara a firmar nada. A Feijóo le dieron un golpe interno letal entre los representantes del ala dura ayusista, la caverna mediática, la casta judicial más reaccionaria y la extrema derecha de Vox. De haber fructificado ese acuerdo entre populares y socialistas, hoy no estaríamos en este callejón sin salida que viene a degradar todavía más, no solo la credibilidad del CGPJ y del Tribunal Constitucional, sino la ya depauperada imagen general de la Justicia española.
Tras el golpe contra Feijóo, Sánchez se veía obligado a mover ficha. Aprovechando la reforma exprés del Código Penal de los delitos de malversación y sedición (una clara concesión a Esquerra Republicana, que exigía rebajas penales para los condenados por el procés a cambio de seguir manteniendo su apoyo a la estabilidad del Gobierno), el presidente socialista ha dado un arriesgado paso adelante al colar en el Parlamento, por la puerta de atrás, una serie de enmiendas para la renovación del Tribunal Constitucional, un trámite que exigiría modificar la ley orgánica que regula su funcionamiento. Ante el bloqueo permanente del PP, y como se diría coloquialmente, Sánchez ha optado por recurrir al “esto sale por mis narices sí o sí”. Prestigiosos juristas como el catedrático Ruiz Robledo creen que la maniobra de Moncloa traspasa las líneas de la constitucionalidad. “El camino que le queda al Gobierno es cumplir la Constitución. Es decir, esta enmienda que ha presentado el PSOE que afecta al Tribunal Constitucional es una proposición que va sobre el Código Penal. Lo que ha hecho el PSOE es inconstitucional ya que las leyes tienen que ser homogéneas”, asegura. O lo que es lo mismo: según Robledo no se puede aprovechar una reforma exprés del Código Penal para introducir enmiendas a la ley orgánica que regula la renovación de cargos del Alto Tribunal. Conviene no perder de vista ese importante matiz.
De esta manera, llegamos al tenso día de hoy en el que el TC, de mayoría conservadora y con un tercio de sus miembros con el mandato caducado, se reúne en un pleno extraordinario de urgencia para deliberar si suspende una ley que ni siquiera ha sido aprobada por el Congreso. Además, para más inri, el ponente, o sea, el hombre que puede decantar la balanza, no es otro que el polémico magistrado Enrique Arnaldo, cuyo currículum es bien conocido. Hombre del PP, salpicado por los casos Palma Arenay Lezo, Arnaldo ha protagonizado escándalos como la organización de másteres y cursos con juristas del Partido Popular, rozando la incompatibilidad con su cargo. El PSOE tragó con su nombramiento creyendo que así el PP se avendría a negociar y no fue así.
La batalla en el Tribunal Constitucional ha comenzado esta misma mañana. La tensión es máxima. La izquierda cree que si el TC admite las cautelarísimas y da marcha atrás a la reforma exprés de Sánchez, antes de que la ley haya pasado por las Cortes, se habrá dado el “mayor golpe a la democracia desde el 23F”.
Recordemos que el Alto Tribunal está formado por doce magistrados: cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del CGPJ. El Ejecutivo de coalición ya ha propuesto al exministro Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, pero el Consejo General del Poder Judicial, controlado por los conservadores y en comandita con el PP, sigue bloqueando sus dos nombramientos. En las próximas horas se sabrá si se consuma el golpe de los jueces conservadores contra la separación de poderes, que es tanto como dárselo a la democracia.