El PP no negociará la renovación del Constitucional si antes no se aparta a Conde-Pumpido

El Partido Popular ya ha dicho que, debido a su mayoría en el Senado, quiere hacerse con tres vacantes dejando una para los socialistas. Si esa propuesta prosperase, la composición del TC quedaría en empate entre los integrantes de los dos bloques

25 de Agosto de 2025
Actualizado a las 11:40h
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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido

Lo que pretende el Partido Popular en torno a la renovación de los cuatro jueces del Tribunal Constitucional no tiene sentido. Quieren que antes deje de presidir la corte Cándido Conde-Pumpido precisamente uno de los que cesan. Y si no, habrá bloqueo. Si hay bloqueo, los cuatro jueces, incluido el presidente, se mantendrán en sus puestos por lo que el objetivo pretendido por los populares será imposible de llevar a cabo. Si no fuese porque se conoce la idiosincrasia de los ocupantes de los despachos de Génova se diría que su pretensión es mantener a su “bestia negra” ya que, aunque la votación para elegir nuevos jueces hay que llevarla a cabo en el Senado, el Partido Popular, a pesar de tener la mayoría absoluta, no reúne los tres quintos necesarios para elegir directamente a los cuatro representantes.

Alberto Núñez Feijóo ha sido claro. Se abre a negociar con el PSOE la renovación parcial del TC, pero con una condición previa: solo lo hará si se cumplen requisitos que garanticen la independencia de los candidatos, como que no hayan ejercido actividad política en los últimos cinco años. Al mismo tiempo acusa a Pedro Sánchez de querer “seguir controlando” el Constitucional y de tener como objetivo principal prolongar el mandato de su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, porque, según su versión, “el ejecutivo necesita mantenerlo como escudo frente a las causas judiciales abiertas que afectan al Gobierno, al PSOE y a familiares del propio Sánchez”. No se sabe bien a qué obedece tal afirmación. Cándido Conde-Pumpido es uno de los cuatro jueces que cesan por lo cual dejará, también, la presidencia. Si la negociación se lleva a términos maximalistas los magistrados seguirán en funciones por lo que al Partido Popular es al primero que le interesa llegar a un acuerdo. Pero es que, además, no tiene sentido hablar de una protección ante eventualidades penales que no corresponde a la corte de garantías. Los casos de la mujer del presidente, de su hermano o los de Koldo y Ábalos tienen escasas posibilidades de acabar en el TC porque nadie está hablando de vulneración de derechos fundamentales. Es lo mismo de siempre, confundir el tocino con la velocidad, algo a lo que nos tiene acostumbrados el líder conservador.

Alberto Núñez Feijóo pone como ejemplo el pacto al que llegaron con los socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero en Moncloa dejan claro que no volverán a cometer el error de la negociación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El resultado de esa negociación es un consejo bipolarizado que dominan los conservadores gracias, en gran medida, a la actitud de la presidenta, Isabel Perelló, que, a pesar de tener cierta fama de progresista se ha posicionado en numerosas votaciones con las propuestas conservadoras. Fuentes del ministerio de Justicia señalan que el resultado de esa negociación trajo como consecuencia no haber podido elegir la presidenta que querían los socialistas, la jueza del Supremo, Ana Ferrer, y la renuncia a ocupar la presidencia de las dos salas más importantes de la corte, la de Lo Penal y la de Lo Contencioso Administrativo. “No queremos que vuelva a suceder lo mismo”, dicen en el departamento de Félix Bolaños quien será, probablemente, el encargado de la negociación por parte del PSOE si es que ésta llega a producirse.

Hay que tener en cuenta que, ahora mismo, la composición del Tribunal Constitucional se inclina hacia la mayoría progresista, siete jueces frente a cinco conservadores. De los cuatro que tienen que ser renovados dos corresponden a cada uno de los bloques y el Partido Popular ya ha dicho que, debido a su mayoría en el Senado, quiere hacerse con tres vacantes dejando una para los socialistas. Si esa propuesta prosperase, la composición del TC quedaría en empate entre los integrantes de los dos bloques. Y ya hemos visto cual es el resultado de una situación semejante en el CGPJ por lo que los socialistas no van a ceder, dos para los populares y dos para ellos es su propuesta. Y si no, no hay acuerdo. Y luego está esa pretensión de apartar a Conde-Pumpido antes de empezar la negociación. Técnicamente no es posible. El presidente cesará de sus funciones cuando abandone su puesto. Antes no salvo que presente su renuncia, algo que no va a suceder.

Por lo tanto, la cosa pinta mal. La renovación que debe producirse antes de que finalice el año está bastante difícil por lo que los cuatro magistrados permanecerán en funciones y Cándido Conde-Pumpido de presidente. La estrategia del Partido Popular no va a dar los resultados que busca la formación conservadora. Pero hay expertos que piensan que todo este sinsentido obedece a algo radicalmente diferente. El PP no quiere esa renovación porque espera que se adelanten las elecciones y que su resultado les permita maniobrar sin necesidad de consensuar con la izquierda. Es el escenario con el que trabajan sus estrategas. Hacerse con las instituciones sin consenso.

Lo que no encaja en esa estrategia es la hipótesis de que Sánchez resista y no adelante elecciones. El Tribunal Constitucional mantendría, entonces, cuatro vocales en funciones durante un largo periodo de su mandato cuando hay que tratar asuntos tan importantes como son los recursos a la ley orgánica sobre amnistía presentados por las comunidades autónomas, los tribunales superiores de justicia de Madrid y Catalunya y algunos juzgados de primera instancia. Y lo que más puede afectar a la política, los amparos solicitados por los condenados del procés, incluido el de Carles Puigdemont. Si asumimos el argumentario de Núñez Feijóo, esos asuntos sí que son el “escudo” en el que puede influir Conde-Pumpido. Si esto ocurre, su exigencia de una institución “independiente “no habrá tenido sentido. Son las contradicciones de la derecha política de este país.

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