Al Partido Popular le han entrado las prisas por renovar la Junta electoral Central. Se olvida de que tuvo bloqueadas las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años y ello supuso, a su vez, la paralización de la renovación de la JEC con todas sus consecuencias. Entre ellas algunas decisiones que fueron calificadas de parciales en su día. La secretaria general popular, Cuca Gamarra justifica la tardanza por la celebración de cuatro convocatorias electorales en 2024 que, según ella, impidieron sacar adelante el proceso. Y ahora dicen que no hay excusas. Aprovechan un momento de debilidad parlamentaria del PSOE que pude llegar a perder uno de los cinco juristas que debe designar la mesa del Congreso. Esa y no otra es la razón por la que en Génova se disponen a presionar ahora. Dicen que les corresponden dos de los cinco juristas elegidos por el legislativo, pero ni los socialistas quieren perder uno ni Sumar está dispuesto a quedarse fuera. El PSOE propone una proporción consistente en dos designaciones del Partido Popular, dos de ellos, uno de Sumar y dejar fuera a Vox que según la tradicional aritmética parlamentaria tendría derecho a proponer un nombre. Así las cosas, parece poco probable que se llegue a un acuerdo inmediato.
La Junta electoral Central está compuesta, además de por los cinco miembros designados por el Congreso, por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de los jueces, una vez desbloqueada su situación tras cinco años con funciones limitadas por haber concluido su mandato, ya ha confeccionado su lista. Se trata de Carmen Lamela, Javier Hernández García y Vicente Magro Servet de la sala de Lo Penal, Pilar Teso y Eduardo Calvo de la sala de Lo Contencioso Administrativo, Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste, de la sala de Lo Social, y Fernando Martín Castán de la sala Militar. Por lo tanto, la composición definitiva sólo depende del acuerdo parlamentario.
La Junta electoral Central tenía que haber sido renovada hace un año. A mediados de 2024, Gamarra estuvo a punto de llegar a un acuerdo con Félix Bolaños para proceder a la designación de los vocales, pero, al final, debido a la división interna en Génova, el portavoz del grupo popular, Miguel Tellado, lo frustró por ser “ventajoso para el PSOE”. En la anterior legislatura, el PSOE designó a tres vocales y el PP dos atendiendo a la composición de la mesa de la cámara baja. Todo ello teniendo en cuenta el juego de mayoría de diputados. Con los resultados de las generales de julio de 2023, el acuerdo al que llegaron Gamarra y Bolaños consistió en dos vocales para cada uno de los grupos, PP y PSOE, teniendo en cuenta que el primero tiene el mayor número de escaños, y el quinto para Sumar. El problema es que Vox exige un miembro, y Tellado cree que, si se materializa el pacto, la formación de Abascal lo recurrirá. Además, el portavoz del grupo parlamentario popular no cree “equitativo” que el PSOE proponga dos nombres con inferioridad de escaños. Y como Miguel Tellado manda mucho en Génova, - en la práctica es el numero dos-, Gamarra, bastante molesta según dicen en fuentes del Partido Popular, ha tenido que volver a sentarse con Bolaños con una contrapropuesta consistente en dos designaciones para PP, una del PSOE, una de Sumar y otra de Vox.
Por lo tanto, la excusa puesta por Gamarra no es de recibo. Es verdad que 2024 estuvo cargado de procesos electorales: Catalunya, Euskadi, Galicia y los comicios europeos, pero hubo tiempo de sobra para proceder a la renovación y a que los nuevos miembros tomasen posesión de sus cargos. No existe problema alguno. Los puestos de la JEC no son retribuidos. Sólo perciben las dietas por asistencia a las reuniones y son permanentes, no como las de las juntas electorales provinciales, locales y territoriales que dependen de una convocatoria electoral en su demarcación.
El problema sigue siendo el de siempre. En el seno del Partido Popular los halcones se niegan a suscribir acuerdo alguno que favorezca a los socialistas. Y eso ha provocado el bloqueo de algunas de las instituciones que tenían que ser renovadas. El gobierno progresista encontró la solución aplicando una especie de rodillo parlamentario en los casos de RTVE y del Banco de España. Se cambió el sistema de elección que pasa de la mayoría cualificada a simple cuando no hay posibilidad de poner de acuerdo a los grupos con mayor número de representación parlamentaria. Pero el caso de la Junta Electoral Central es un poco más complicado porque la elección de los cinco juristas corresponde a la mesa del Congreso. Si los eligen con arreglo a su composición se deberá tener en cuenta que el PSOE y Sumar tienen la mayoría de integrantes, cinco de nueve, seguidos por el PP con cuatro. Vox no tiene ningún representante por lo que la propuesta socialista de dejar fuera a los de Santiago Abascal tiene su lógica.
El PSOE no quiere perder la mayoría en la administración electoral porque sus dirigentes conocen a la perfección la extracción de los ocho miembros elegidos por un Tribunal Supremo conservador. Y la Junta ya ha demostrado en anteriores ocasiones como se las gasta. La mayoría de los recursos presentados por el Partido Popular y Vox fueron resueltos favorablemente durante el anterior mandato mientras que los de la izquierda acabaron por ser rechazados.
La ley contempla la posibilidad de mantener en funciones a los miembros de la JEC con todas las competencias que se les otorga. Por lo tanto, se puede decir que no hay anomalía. Además, la JEC suele multiplicar su trabajo durante los procesos electorales y, en estos momentos, no hay comicios a la vista.