PSOE y Unidas Podemos han cerrado, una vez más, un principio de acuerdo sobre la reforma laboral. El documento, suscrito por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, recoge la intención de “derogar” la legislación de Rajoy de 2012, es decir, que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo y vuelve a pactar lo que ya estaba pactado. Así funciona este gabinete: en bucle constante y devolviendo el miura a los corrales para torearlo otro día.
Sin embargo, pese a que es cierto que con este enésimo trato la situación parece desbloquearse, todavía no ha trascendido el contenido del borrador, los puntos concretos, la madre del cordero. Habrá por tanto que esperar para saber qué es lo que se deroga, si mucho, si poco, si solo los aspectos más lesivos o qué. De momento parece que se descarta la derogación íntegra, que era lo que merecía el bodrio del PP que tanto daño ha hecho a la clase trabajadora de este país. Esa renuncia, de entrada, ya supone una primera derrota para las clases más humildes.
El comunicado, que habla de reunión constructiva y positiva, no deja de ser una tregua, un alto el fuego en la batalla ideológica que habían mantenido ambos socios de Gobierno. Aquí se trataba de salvar la coalición (la crisis y las tensiones internas de las últimas semanas habían puesto al Ejecutivo a punto de resquebrajarse) pero lo duro empieza ahora. Superada la distensión, el protocolo de cortesía, las buenas intenciones, las disquisiciones sobre la metodología a seguir y los nombres de los negociadores, entramos en la fase más complicada: qué artículos de la ley Rajoy nos cargamos, cuáles mantenemos y qué reformas de calado introducimos, si es que se introduce alguna. Ahí es donde va a jugarse el parné de los trabajadores. Y lo único que podemos decir a esta hora es que nadie sabe lo que se está negociando. Todo se lleva con demasiado secretismo y no estaría de más que ambas partes pusieran encima de la mesa sus propuestas concretas, los puntos a debatir, lo que se quiere dar y quitar. Así al menos las clases obreras y la opinión pública en general sabrían a lo que se exponen.
Es obvio que Sánchez y Díaz están librando una partida de ajedrez. El presidente del Gobierno negocia con dos sombras detrás que le susurran al oído: por un lado, la ministra Calviño que le va dictando, sotto voce, hasta dónde puede llegar y dónde están las líneas rojas en las concesiones al proletariat; por otro, el comisario Gentiloni con su pinganillo, que le va retransmitiendo en tiempo real lo que podría entrar dentro de la ortodoxia de Bruselas y lo que sería motivo de viaje urgente a España de los “hombres de negro”.
Yolanda Díaz, por su parte, está obligada a exigir que se cumplan los pactos de coalición, de manera que la reforma laboral no quede en una mera operación de cosmética o estafa al obreraje. Si de esta no sale una reforma potente, real y audaz que recupere los derechos perdidos de las clases asalariadas, Díaz haría un papelón y quedaría en mal lugar. Un bluf de reforma cuestionaría su imagen de liderazgo en la izquierda real española de cara al proyecto de frente amplio que se prepara para las próximas elecciones como alternativa al centrismo liberal sanchista. La ministra podemita es la última esperanza de una socialdemocracia de verdad y a la escandinava (llámese también socialismo real, que luego los puristas de la politología nos tachan de poco rigurosos) y se juega mucho en esta partida con el jefe en el Consejo de Ministros. De momento, le ha ganado el primer envite a Calviño, que pretendía imponerse como gran fiscalizadora de la negociación, aguando el fuerte color morado del borrador elaborado por la ministra de Trabajo. Pero Echenique advierte: “Lo que uno ha pactado no lo tiene que volver a pactar, de hecho, lo pactado ya es el punto medio entre PSOE y UP”.
Que aparezca la palabra “derogación” en el documento de preacuerdo no dice demasiado. Solo faltaba que PSOE y Unidas Podemos llevaran semanas de reuniones y contactos para terminar acordando que aquí no se toca nada. En ese caso sería para que unos y otros cogiesen sus carteras y se marcharan a sus casas. Es evidente que el polémico término fetiche tenía que entrar con calzador y aparecer reflejado en negro sobre blanco en el papel porque, de lo contrario, la negociación hubiese sido un episodio surrealista, además de la declaración oficial de suicidio del actual Gobierno.
Ahora bien, el problema sigue siendo el mismo: hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez en la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores, que es de lo que se trata. Llegados a este punto, la música le gusta a los sindicatos, pero falta conocer la letra de la contrarreforma que se prepara (mayormente la letra pequeña, que es donde suele practicarse el trilerismo político para perjuicio y desgracia del proletariado). A su vez, la patronal se mantiene a la expectativa, aunque en principio el comunicado le satisface, ya que contempla que cualquier reforma laboral tendrá que hacerse necesariamente con diálogo social y con participación de los agentes sociales, también de los empresarios. Lo cual quiere decir que la hoja de ruta de Sánchez en busca del consenso que reclama Bruselas va por buen camino.
El nuevo marco laboral que salga de Moncloa tendrá contrapartidas para la patronal y las organizaciones sindicales. Renuncias por ambas partes. Hay muchas cuestiones pendientes: salarios africanos, negociación colectiva desmantelada por Rajoy, precariedad a destajo, temporalidad y desigualdad. Hasta dónde están dispuestos a llegar unos y otros para rubricar un acuerdo es lo que va a debatirse en los próximos días. La prensa afín al Gobierno augura un final feliz a esta historia y predice, entre trompetas y fanfarrias, una reforma laboral profunda y de calado. Pero eso es algo que todavía está por ver. Salen de escena los ministros y entran los secretarios de Estado y directores generales con sus calculadoras y cajas de herramientas. O sea, los fontaneros de verdad. Aquí hay mucha tela que cortar.