Se jubiló en septiembre del año pasado y el que más o el que menos esperaba su regreso a la vida pública. Y lo ha hecho en unas jornadas organizadas por la conservadora Unión del Pueblo Navarro. Manuel García Castellón no ha defraudado a sus seguidores de derechas. Ha calificado de “horrible” la situación política y judicial española que le recuerda “a tiempos pasados”. Cree que “todo es por la falta de controles internos y externos, que son imprescindibles porque si no la última barrera es el juez y antes la UCO o la Policía y se trata de no llegar ahí, sino resolverlo antes”. Cuando se le pide mayor concreción se muestra críptico: “me refiero a los controles en todos los campos económicos, públicos y privados”. Niega la existencia de “lawfare” en la judicatura calificando de “trolas” las informaciones al respecto, y concluyó manifestado que echa de menos “los tiempos del consenso de la época de Suárez”. Toda una declaración de intenciones. Muy parecida a las expresadas últimamente por sus compañeros de profesión, ambos magistrados del Supremo, Carlos Lesmes y Manuel Marchena.
Lesmes, que fue presidente del CGPJ y del Supremo, al que se le critica la designación discrecional de 120 jueces y magistrados en las mas altas instancias judiciales durante su mandato, recibió, recientemente, el premio especial jurídico de la Fundación Marqués de Oliva y aprovechó la ocasión para arremeter contra los poderes ejecutivo y legislativo y para quejarse de la “persecución” que dice está sufriendo él y algunos compañeros por parte de diputados del Congreso. Pidió recuperar la unidad y el respeto hacia la justicia señalando que “las decisiones de los jueces deben ser respetadas porque respetarlas es respetar la ley”. Y lo dice un juez que ha sido criticado porque ha llenado las altas instancias judiciales de magistrados conservadores y afines al Partido Popular por mucho que nieguen tal condición. Por supuesto, subrayó la necesidad de “cuidar” la independencia judicial, y en especial “en estos delicados momentos institucionales que atraviesa España”. Continúo haciendo referencia a la necesidad de un pacto de convivencia institucional, como respuesta a la actual polarización política que esta tensionando el tejido empresarial y social. En definitiva, el magistrado concluyó con una petición contundente: “respetar la ley y fortalecer el sistema judicial como eje de nuestra democracia”.
Los diez minutos que duró la intervención de Lesmes fueron en línea con lo expresado estos días por su compañero de la sala de Lo Penal, Manuel Marchena, que aprovecha la presentación de su libro, “La justicia amenazada” para expresar el pesimismo en que se encuentra inmerso porque “el equilibrio entre los poderes del Estado no puede ser una declaración formal: cuando se rompe, la justicia se ve amenazada”. Y ahora cree que se está produciendo esta circunstancia. Pone como ejemplo al fiscal general del Estado. Más o menos viene a decir que el ministerio público se está entrometiendo en la labor judicial por órdenes directas del poder ejecutivo, vamos, de Moncloa. Y lo dice el autor del famoso auto en el que utilizaron motivaciones de tipo político para negarse a secundar la amnistía a los líderes soberanistas catalanes que había aprobado el legislativo en clara rebeldía contra otro de los poderes del Estado.
Es la campaña que están llevando algunos jueces y magistrados que deberían estar calladitos y no inmiscuirse en la política. A no ser que lo que pretendan es obtener tajada si el Partido Popular gana unas hipotéticas elecciones generales adelantadas. Tal vez sea ese el motivo por el que ha saltado a la palestra un compañero suyo recién jubilado y por lo tanto libre de expresarse como le dé la gana sin las cortapisas de encontrarse en activo en la judicatura.
Lo que pretende probablemente García Castellón es cobrarse una deuda que tiene pendiente el gobierno del PP. Regresó de su destino de oro, el juez de enlace con Italia, que le permitía una vida tranquila y muy cómoda en Roma con una elevada remuneración. En fuentes judiciales se dice que fue el propio José María Aznar el que le pidió su regreso al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional para intentar contrarrestar las numerosas causas abiertas contra el Partido Popular, la Gürtel, Púnica, Lezo y lo que ya empezaba a hacer saltar las alarmas en Génova, las actuaciones de un comisario de policía, José Manuel Villarejo, que desembocarían en la Operación Kitchen. García Castellón era consciente de que iba a perder mucho dinero y una situación cómoda para volver al “potro de tortura” que es la instrucción en la Audiencia Nacional. Y encima le pedían la resolución de esos asuntos de la manera más favorable para los intereses de los conservadores. Desde los tiempos de Banesto, de todos eran conocidas las afinidades políticas del juez. Conservador a ultranza, tesorero de la Asociación Profesional de la Magistratura que mantiene fluidas relaciones con Génova, en un principio le salvó su gran profesionalidad en el caso de Mario Conde y compañía. La incipiente extrema derecha, por aquél entonces, buscaba alguien que liderase su movimiento. Y el banquero de Tuy era la persona ideal. Por ese motivo los ultras se posicionaron, presionaron y desprestigiaron hasta el límite de sus posibilidades al juez que entonces estaba de refuerzo en el juzgado número 3 cuyo titular era un controvertido magistrado que acabó siendo expedientado, Miguel Moreiras.
La vuelta de García Castellón a la Audiencia Nacional no respondió a las expectativas generadas por un juez escrupulosamente profesional. Unos días antes de reabrir el caso Tsunami Democràtic que llevaba guardado en sus cajones durante cuatro años, se mostró públicamente contrario a amnistiar a los líderes del procès. Sólo de esa manera se pueden entender los autos en los que los señalaba como los inspiradores de acciones terroristas que los dejaba fuera de la medida de gracia. Sus superiores de la sala de Lo Penal le enmendaron la plana y el asunto se archivó. Igual que ocurrió con el sumario en el que investigaba una presunta financiación exterior de Podemos, investigación que fue calificada de “prospectiva” por sus superiores. Le ordenaron que llamase a María Dolores de Cospedal, para que explicase su relación con la trama Kitchen. Lo hizo a regañadientes y prácticamente por compromiso. Vació de contenido la operación Púnica limitándola a media docena de alcaldes.
Hay quien le señala para ocupar un alto cargo cuando la derecha regrese al poder. Presidente del Constitucional, del Consejo de Estado o del Tribunal de Cuentas. García Castellón entra en las quinielas para ocupar una importante responsabilidad institucional. Hay que pagar la deuda contraída con él.