Pedro Sánchez y Pablo Iglesias buscan un acercamiento después de la cruenta refriega entre ministros de la pasada semana. El enfrentamiento en el Ejecutivo de coalición ha alcanzado el punto máximo de ebullición tras los actos de saqueo callejero durante las protestas contra el encarcelamiento del rapero Hasél y el presidente del Gobierno quiere reconducir la situación a toda costa. Ahora bien, la pregunta que cabe plantearse es si esto es reconducible, si tiene solución, si es posible alargar la farsa de que ambas familias de la izquierda española pueden llegar a entenderse y agotar la Legislatura sacando adelante programas y leyes útiles para el país.
Por momentos no parece posible que el Ejecutivo pueda mantenerse en el poder otros tres años (ni siquiera tres cuartos de hora más), pero socialistas y morados se han convertido en ese matrimonio que va aguantando lo que le echen, pese a que no se quiere. Iglesias tiene sus propias urgencias políticas, todos estos meses en el poder han desgastado el proyecto de Unidas Podemos, y ha decidido movilizar a su militancia, apretar el acelerador, meterle presión a Sánchez. Es lo que se llama ponerse en modo campaña electoral permanente, aunque las próximas elecciones estén muy lejos aún en el horizonte temporal. Más que comportarse como el vicepresidente segundo de una nación, el líder morado gobierna ya para sus bases con el único objetivo de salvar las muebles, como ha ocurrido in extremis en Cataluña.
El futuro de la formación morada es incierto e Iglesias sabe que si cae en el entreguismo, si se pliega a las exigencias del socio mayoritario de coalición, está perdido. Eso explicaría su giro radical de los últimos días, su crítica furibunda contra la calidad de la democracia española, su guerra sin cuartel contra las políticas de igualdad de Carmen Calvo (Ley Zerolo) y su no condena explícita contra los disturbios y la violencia callejera a raíz de la detención y envío a prisión de Pablo Hasél. Iglesias tiene que decidir entre perder el Gobierno o perder el partido y en ese terreno se moverá a partir de ahora.
En todos estos meses de experiencia gubernamental, Unidas Podemos se ha comportado como un Pepito Grillo del PSOE, un vigilante full time contratado para que los socialistas no se descarríen por la senda extraviada del neoliberalismo radical. Diríase que su función se ha limitado a hacer las veces de guiñol del garrote, es decir, ese muñeco implacable que se dedica a darle estopa a otro personaje de la obra cuando se porta mal en el teatrillo de títeres. Sin embargo, a la hora de evaluar la gestión, el balance real de los ministerios podemitas no es precisamente sobresaliente.
Bien porque no ha contado con suficiente margen de maniobra, bien por inexperiencia, los ministros que provienen del mundo morado y sus respectivas confluencias −Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades)− están pasando de puntillas, casi en un anonimato gris, por el gabinete de coalición. ¿Alguien podría decir qué ha hecho en todo este tiempo un hombre como Castells, que tiene en su mano una cartera tan importante como la de Universidad? ¿Qué reformas ha acometido, qué políticas ha impulsado, qué está haciendo para sacar a nuestras universidades de la precariedad y el atraso secular, como demuestran todos los rankings internacionales que se publican sobre los mejores campus del mundo, en los que no aparece ni un solo centro de enseñanza superior de nuestro país? Solo Yolanda Díaz (Trabajo) acredita una digna hoja de servicio en esfuerzo y resultado en un escenario endiablado, como es una pandemia de proporciones históricas y su posterior crisis económica.
Quiere decirse que la contribución de los de Iglesias al Gobierno no ha cumplido con las expectativas ni con lo que se esperaba de un proyecto potente que venía para renovar la izquierda española en momentos de crisis. Así las cosas, Unidas Podemos ha terminado convirtiéndose en poco menos que un gendarme puesto ahí para sancionar los desvaríos capitalistas del PSOE, para guardar las esencias teóricas de la izquierda utópica y poco más. Escaso bagaje en términos prácticos.
Ahora Pedro Sánchez sí puede decir con motivos que no puede dormir por las noches. El Gobierno se ha situado al borde de la implosión por las rencillas internas y esto está pasando en el peor momento, cuando la extrema derecha va ocupando nichos y graneros entre el lumpen de los extrarradios urbanos (las zonas rurales de la España vaciada ya las tiene conquistadas a base de propaganda taurina y cinegética). En ese escenario convulso, el presidente del Gobierno se encuentra ahora en la tesitura de tener que negociar la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial con el PP, que le ha puesto como condición que aparte a Pablo Iglesias para evitar que Podemos consiga su cuota de poder en el órgano de gobierno de la judicatura. Y la tentación del jefe del Ejecutivo, sometido a grandes presiones de barones socialistas y poderes fácticos, es grande.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ya ha lanzado el globo sonda de que la formación morada “está al margen de cualquier conversación para renovar” la cúpula de gobierno de jueces y magistrados y que el PSOE “está aceptando” la condición impuesta por Pablo Casado para que Sánchez margine a sus socios de coalición. “Este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia”, asegura Egea, que ha ido más allá al asegurar que “el pirómano no puede elegir al bombero: es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante”.
De momento, Moncloa asegura que nada ha cambiado, que Podemos tendrá su parte en la tarta en forma de vocales del CGPJ, como no puede ser menos tratándose de uno de los dos socios de Gobierno. En las próximas horas es más que probable que entre PSOE y UP se firme una tregua, un pacto de no agresión, aunque no se escenifique públicamente (Presidencia ya ha negado una cumbre Sánchez/Iglesias en los próximos días). Y el contenido del tratado parece evidente: los socialistas se comprometerán a seguir defendiendo la participación de los morados en la renovación de los cargos judiciales mientras que Pablo Iglesias aceptará rebajar la tensión, incluso cabe la posibilidad de que haga algún gesto o modulación del discurso para rebajar la tensión en las calles, quizá una condena explícita de la violencia. El asunto del rapero Hasél ya está amortizado; no da para más. Y a unos y a otros les conviene pasar página porque hay que seguir gobernando.