La última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la semana pasada, no contiene datos tan positivos como el gobierno de Pedro Sánchez ha querido vender. Más bien, realizando un análisis profundo de los datos que contiene, es una radiografía del fracaso absoluto del Ejecutivo en materia laboral.
Dentro del pacto de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos se recogían una serie de reformas muy profundas en materia de mercado de trabajo que se han quedado a medias o, directamente, no se han aplicado. Eso es lo que refleja la EPA si uno se sale del análisis oficial o del titular fácil.
Según se puede comprobar en los datos publicados por el INE, la precarización del empleo público duplica la del privado. Los temporales en las administraciones públicas suponen un 30,2% del total de las plantillas, casi 3 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia. En el sector privado, por el contrario, la temporalidad es del 14,8%.
Estos datos corroboran el fracaso de los procesos de estabilización porque los procesos anunciados no han surtido ningún efecto. Hay dos grandes focos de temporalidad. La principal se encuentra en las administraciones autonómicas, sobre todo en la sanidad y la educación. El otro es la administración local con los eventuales.
Estos datos son sonrojantes. El gobierno de Pedro Sánchez no ha podido atajar el abuso de la temporalidad y los contratos en fraude de ley de las administraciones públicas. El gobierno se hizo, con todo el bombo y platillo que requiere la propaganda sanchista, la foto por la estabilización del empleo público. Sin embargo, las convocatorias de empleo público anunciadas son una mínima parte de las necesidades de la administración: no se trata solo de estabilizar, sino de recomponer servicios enteros donde durante años no ha habido reposición.
Todo ello, además, en un escenario en el que es el empleo público el que está tirando del carro de la creación de puestos de trabajo.