No es que pretenda exculpar a Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Seguridad en el gobierno de Rajoy. La jueza María Tardón le imputa por unos hechos concretos de los que se han obtenido pruebas suficientes como para meterle en la cárcel por aquello de que no vaya a destruir esas pruebas. Pero lo cierto es que existen muchos bufetes de abogados en este país que se dedican a constituir sociedades, muchas de ellas Offshore, en paraísos fiscales o donde sea menester, para ocultar dinero de procedencia ilícita. Es la forma que tienen de actuar muchos profesionales del derecho que, por prestarse a ese juego, cobran elevadas minutas. Crean redes de sociedades opacas que no dejan rastro. Incluso, si el cliente puede permitírselo, constituyen fundaciones en paraísos fiscales, Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein, o si hay que actuar con presupuesto limitado, entonces un apartado de correos en Gibraltar. Lo que ocurre es que Francisco Martínez tiene muchas cuentas pendientes con la justicia, demasiadas. Ha de contar a los jueces qué es eso de la “policía patriótica” que actuó bajo su mandato, sus relaciones con el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, o su vinculación a la trama Kitchen
Lo que es difícil de creer es que Martínez haya cobrado sólo 1.500 euros al hacker, José Luis Huertas alias “Alcasec”, por haber constituido las empresas investigadas que fueron utilizadas, presuntamente, para blanquear dinero procedente de la venta de datos en el mercado negro. Martínez declaró ante la jueza y el fiscal que no conocía la evolución o finalidad de esas sociedades. La llamada operación “Borraska” trascendió hace una semana cuando se practicaron hasta cuatro detenciones, incluida la del “youtuber” Álvaro Martín Rodríguez, conocido como “Valyrio”, en Andorra que se encuentra pendiente de extradición. A todos se les relaciona con una red que se dedicaba a atacar empresas estratégicas, tanto públicas como privadas, para hacerse con millones de datos sensibles con la intención de ponerlos a la venta en el mercado negro.
Francisco Martínez se encargó, según las pesquisas policiales, de crear las empresas que sirvieron para blanquear el dinero procedente de estas actuaciones ilegales. El exsecretario de Estado declaró que su relación con “Alcasec” era la de un referente dado que buscaba ayudarle a entrar en entornos profesionales y a que montara una empresa. Según la versión de su defensa, el hacker estaba desarrollando un buscador que organiza, con inteligencia artificial, información y datos de fuentes abiertas en internet. La jueza ha decidido investigar a los cuatro detenidos por delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, y organización criminal.
Sea creíble o no su versión, el asunto ha vuelto a destapar algo muy conocido en los ambientes jurídicos: la colaboración de abogados en la constitución de sociedades que sirven para blanquear dinero procedente de acciones delictivas. No sirve de nada las actuaciones que llevan a cabo en el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el Sepblac dependiente del ministerio de Economía. En la memoria publicada este año, que abarca los ejercicios de 2022 y 2023, el organismo reconoce que, desde la pandemia, ha surgido “una brecha de riesgos que el crimen organizado pretende aprovechar, pues la educación tecnológica de los intervinientes no es siempre del todo actualizada. Distintas actividades realizadas online se utilizan, pues, para encubrir movimientos fraudulentos mediante dos procesos. Hablamos del nacimiento de estructuras desarrolladas y bien organizadas dedicadas al ciber fraude y una accesibilidad sencilla a todo tipo de estructuras de fraude a través de la denominada dark web”.
El Sepblac destaca, como mayor logro en esta materia, la detección de operaciones sospechosas. Una de ellas fue la que denunció la CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que dio lugar a las investigaciones policiales que acabaron en el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional cuya titular es María Tardón. Según los datos del servicio, fueron 222 las actuaciones que llevaron a cabo en el periodo objeto de la memoria, a todas luces insuficientes si tenemos en cuenta el volumen de activos que se han detectado a través de las llamadas sociedades Offshore. En el mundo financiero, las sociedades Offshore u opacas son sociedades de tipo mercantil que se encuentran domiciliadas, como regla general, en un paraíso fiscal. Pueden ser de una persona física o jurídica, la cual tiene la consideración de no residente, y están exentas del pago de impuestos. Aunque en la mayoría de los casos su constitución es legal, lo que es cierto es que se encuentran bajo la lupa de las autoridades porque pueden llegar a ocultar activos procedentes del terrorismo, narcotráfico y otras actividades delictivas. Últimamente, el mercado negro de datos digitales se ha convertido en un importante negocio dentro de la economía sumergida que requiere de la actuación y asesoramiento de abogados expertos en sociedades mercantiles. Si se echa un vistazo a los bufetes que se anuncian en internet podremos encontrar este tipo de servicios incluso por 350 euros. Por eso los expertos no descartan que Martínez haya recibido esas pequeñas cantidades por llevar a cabo las gestiones para constituir las sociedades de la red capitaneada por Alcasec.
Lo que ocurre es que Francisco Martínez ya tiene varias deudas pendientes con la justicia. La más destacada es el caso Kitchen, una pieza del caso Villarejo en la que se investiga una operación supuestamente diseñada por el ministerio de Interior en 2013 y financiada con fondos reservados, para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentos presuntamente comprometedores para altos cargos de ese partido. El asunto está pendiente del señalamiento de juicio oral y el fiscal pide para él 15 años de cárcel.
Hasta 2019 no dejó el Partido Popular que le captó por ser un brillante letrado del Congreso de los diputados. Cuando empezó a tener problemas con la justicia dijo que su gran error fue “serle leal a miserables como Jorge, (Fernández Díaz, ministro), Rajoy (Mariano) o Cospedal, (Dolores). Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y fácil de probar". Lo cierto es que el PP intenta desvincularse de este personaje considerado “un brillante profesional” pero que acaba por meterse en todos los charcos con el consabido dolor de cabeza para Feijóo y los suyos.