La sentencia absolutoria de Dani Alves dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no es firme. Pero algún periodista se ha atrevido a avanzar que el Supremo, que va a ser quien tenga la última palabra, revocará ese fallo. Y lo dice y se queda tan a gusto.
Lo que está sucediendo en torno a la justicia en España recuerda lo de principios de los noventa del siglo pasado cuando estaba de rabiosa actualidad el crimen de las niñas de Alcasser y las figuritas mediáticas de la época, casi todas de derechas, se atrevían a especular con las más increíbles teorías sobre lo que estaba ocurriendo. Hasta tal punto hicieron daño que algunos familiares acabaron por creerse las estupideces que esa gentuza decía en directo. Ahora vuelve a suceder algo parecido sólo que, si entonces esas especulaciones formaban parte de la crónica social, ahora han entrado en el terreno político. Hay quien, desde esas estúpidas tertulias con las que nos torturan a diario, ya ha metido en la cárcel al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o al hermano del presidente. O que José Luis Ábalos era un putero protegido por Pedro Sánchez que metió la mano en la caja mientras en Ferraz y en Moncloa miraban para otro lado.
En estos nuevos juicios paralelos se dice de todo sin, ni siquiera, haber comprobado si esas graves acusaciones figuran en los sumarios abiertos. A diario hay que soportar estupideces que se dicen porque algunos jueces han decidido dilatar tanto sus diligencias que, al final, a quien verdaderamente se está perjudicando es al investigado que hay que recordar tiene el derecho a la presunción de inocencia que, además, es constitucional, que parece que nos hemos olvidado, (algunos magistrados entre otros), que en España existe algo que se llama Constitución donde se regulan los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
Aquí se pone el grito en el cielo cuando este gobierno intenta limitar las acusaciones populares en los procedimientos judiciales a sabiendas de que existen agrupaciones, todas próximas a la extrema derecha, que sólo se personan en las causas que les interesan con la intención de acceder a las investigaciones con el propósito de sacar de contexto lo que les interesan en esas tertulias donde intervienen sus mejores colaboradores a los que ni siquiera les pagan. Ya se encargan de hacerlo los medios en los que hacen acto de presencia. Y es necesario limitar la figura de la acusación popular para evitar este tipo de actuaciones que tanto daño están haciendo a la democracia en España. Porque los voceros de la extrema derecha, esos que reciben y tergiversan las informaciones sacadas del contexto sumarial, están llevando sus análisis a tales extremos que poco falta para que Sánchez sea acusado de corrupción. Una institución jurídica libre de toda sospecha izquierdista, como es el Tribunal Supremo, se ha quejado y, además, con cifras en la mano. La sala de Admisiones recibe una media de diez denuncias a la semana contra los políticos. No hace falta ser muy listos como para pensar en contra de quien se dirigen esas demandas. Hasta tal punto llega la cosa, que la sala de Lo Penal, aunque de manera algo tímida, se ha pronunciado a favor de limitar este tipo de actuaciones. En cierta manera se ponen a favor de la propuesta efectuada por el ministerio de Justicia, aunque no lo digan a las claras, tal vez para no enfrentarse a la lideresa de la asociación judicial mayoritaria, APM, María Jesús del Barco, quien ha puesto el grito en el cielo con la proposición socialista que ha calificado de inconstitucional y, a renglón seguido, ha sido secundada por las otras entidades de signo conservador.
Lo que es intolerable, por mucho que les ampare la libertad de expresión, es que esos periodistas, se encuentren vinculados a la extrema derecha o vayan de independientes, se dediquen a pronosticar el resultado de una causa jurídica. En varias sentencias, tanto el Supremo como el Constitucional, dicen que los jueces deben ponderar esas opiniones y distinguir entre las que son opiniones, y las informaciones, que no es lo mismo.
Una información periodística debe ser rigurosa y basarse en fuentes que han sido contrastadas, Y si su autor no lo demuestra en sede judicial puede acabar por ser condenado, civil y penalmente. De hecho, hasta la primera década de este siglo así ha venido sucediendo. Pero ahora mismo, los propios jueces son incapaces de distinguir la información de la opinión y esta última está protegida por el principio constitucional de la libertad de expresión, pero la primera no. Y cuando los afectados acuden a los tribunales para hacer valer sus derechos se encuentran con ese tipo de sentencias que no son de recibo. Pero es que, actualmente, la sociedad se está moviendo en estos parámetros.
Hay otra circunstancia que acaba por fomentar esos nuevos juicios paralelos: las diligencias judiciales no se concluyen con la rapidez que debiera requerirse. Es imprescindible que la causa del Supremo contra García Ortiz concluya con los interrogatorios a los expertos de Google y WhatsApp este mes de abril. Ángel Hurtado no tiene porqué dilatar más el proceso. Debe elaborar su escrito de conclusiones y elevarlo a la sala de Lo Penal que decidirá si se abre juicio oral contra el fiscal general del Estado y la fiscala jefa provincial de Madrid. En cuanto a otro asunto que ya huele a puchero enfermo, el pertinaz magistrado titular número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, insiste en que tiene que investigar el rescate de Air Europa aún cuando sus superiores de la Audiencia Provincial se lo han prohibido. Pero es que lo de Peinado es una instrucción prospectiva a todas luces y se va a prolongar mientras al juez le de la gana, o se lo pidan en Génova. Total, le queda año y medio para jubilarse, justo lo que en el aparato del Partido Popular creen que queda para la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Y ese es un plazo suficiente como para tener abierto el juicio paralelo que tanto gusta a los ultras peperos.
Los juicios paralelos están a la orden del día. En el siglo pasado, la opinión pública acabó por rechazarlos. Pero, ahora, se han politizado y ahí está a diferencia. Porque se habla a las claras de vulneración del Estado de Derecho cuando lo que están haciendo los protagonistas de semejantes desafueros es eso mismo. Hay que dejar trabajar a los jueces, pero también criticarlos cuando, aprovechando su posición, entran en el juego de los políticos. No se puede hacer juicios paralelos para perseguir políticamente al adversario.