La cosa se pone fea de verdad. Después de lo que dijo el presidente Sánchez sobre que “la oposición juega con las cartas marcadas” gracias a la complicidad de “algunos” jueces, el colectivo ha decidido cerrar filas en defensa de los compañeros señalados. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha quejado hasta tal punto que exige que se les deje “trabajar con independencia”. Y las asociaciones judiciales conservadoras se movilizan en contra del gobierno progresista como no lo habían hecho hasta ahora. Sólo falta que María Jesús del Barco, la presidenta de la mayoritaria APM, se declare en huelga de hambre. Ya se habla de acciones similares a las que se llevaron a cabo para protestar por la política retributiva del ministerio de Justicia con amenaza de huelga incluida. Pero mientras tanto se siguen sin resolver los graves problemas de la justicia: el Supremo no obedece a una instancia superior como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no aplica sus resoluciones de obligado cumplimiento según las leyes europeas, o las aplica a medias. Según los datos del CGPJ el retraso en los juzgados es cada vez mayor, y la ciudadanía sigue sin comprender cómo es posible que dirigentes populares como Miguel Ángel Rodríguez, estén en condiciones de adelantar decisiones judiciales que todavía no han sido hechas públicas.
Y se va más lejos. Perplejidad ciudadana ante las tibias declaraciones del cabeza visible de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, que quedo en libertad por decisión del juez Santiago Pedraz, que instruye una causa que no tiene nada que ver con sus confesiones ante magistrados que investigan otros hechos. Nadie entiende una decisión que se parece más bien a un premio por contar cosas sobre un asunto que no se investiga en el juzgado que tomó la decisión de encarcelarlo. Y, sobre todo, porque no aportó prueba alguna de las acusaciones que hizo. Todo suena a fanfarronería. Claro está que Aldama lo defiende un abogado que fue juez de la Audiencia Nacional y que es especialista en este tipo de maniobras: logra la libertad de sus clientes a cambio de contrapartidas poco ortodoxas. A un sospechoso de cometer delitos y de poder eludir la acción de la justicia al tener medios suficientes para ello no se le deja en libertad porque abra la boca y haga unas declaraciones ante un juez distinto al que lo encarceló.
Y, mientras tanto, en las redes sociales, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso sigue avanzando decisiones judiciales que se hacen públicas días después. ¿Cómo obran en poder de Miguel Ángel Rodríguez? Eso es lo que se le debería preguntar cuando comparezca ante el juez del Supremo, Ángel Hurtado, el mes que viene. Es cierto que Rodríguez abandonó la política activa cuando cesó como secretario de Estado de Comunicación en el gobierno de José María Aznar y que, desde entonces, su actividad profesional la orientó hacia el sector privado. Pero siempre mantuvo contacto con el núcleo duro del PP a través de FAES. La fundación que preside Aznar es el centro donde, según la izquierda, se coordina la persecución al gobierno progresista. Y no sólo las acciones que se puedan idear desde Génova o las unidades territoriales del PP, sino desde los ámbitos económicos, culturales y, lo más importante, judiciales. Por sus despachos pasan dirigentes empresariales, influyentes personajes de las finanzas, del ámbito social y cultural y, como no, de la judicatura.
Se dice que de ahí partieron estrategias como la del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el borrador para reformar el órgano de gobierno de los jueces con ese controvertido criterio de que sean los magistrados los que deberán elegir directamente a sus representantes y la frustrada elección de uno de sus jueces más afines, Manuel Marchena, como presidente del Tribunal Supremo. También pasan los dirigentes de las asociaciones fiscales conservadoras que mantienen una guerra sin cuartel contra su jefe, Álvaro García Ortiz, hasta el punto de personarse en la investigación que se lleva cabo contra él por un presunto delito de revelación de secretos, y mandar a uno de sus dirigentes a declarar ante el magistrado por haber visto cómo García Ortiz y su segunda, Ángeles Sánchez Conde, manipulaban un teléfono móvil el día en que se registró la sede de la fiscalía general.
Eso por no hablar de la fuerte oposición del Senado, la cámara que domina el PP, a la recusación de José María Macías, para debatir la constitucionalidad de la ley de amnistía. La vinculación de Macías al Partido Popular es evidente. Fue elegido por el partido conservador para ocupar la vacante del TC a pesar de su fama de halcón cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial caducado durante cinco años y, en tal circunstancia, fue el inspirador del famoso informe en el que se oponía a la amnistía a los líderes del procés cuando ni siquiera se había planteado la presentación de esa ley. Ha sido recusado por el fiscal porque su ideología es claramente incompatible con la norma cuya constitucionalidad se va a debatir.
Los jueces van a seguir dando la batalla a todos los niveles. No quieren perder esos privilegios adquiridos en las etapas de Aznar y Rajoy donde se cometieron verdaderas barbaridades como era la designación discrecional de jueces de las instancias superiores, Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores territoriales, y audiencias provinciales. Aunque ellos lo van a negar contundentemente las órdenes, presuntamente, podrían llegar de Génova y de la FAES. Son capaces, incluso como se ha denunciado aquí mismo, de modificar sus resoluciones si con ello abren una grieta entre los socios parlamentarios para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez.
Por ello van a seguir insistiendo con decisiones tan absurdas como la del juez Peinado que ha pedido la relación de todos los funcionarios adscritos a Moncloa como si fuesen sospechosos de actos presumiblemente corruptos que, según las encuestas, ni siquiera ocupan un lugar prioritario en las preocupaciones de la ciudadanía.
Más les valdría que se ocupasen de resolver anomalías como la de la saturación en los juzgados. Los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales de toda España volvieron a aumentar durante el tercer trimestre de 2024,tendencia al alza que se mantiene desde 2022. Entre julio y septiembre pasados ingresaron 1.734.977 nuevos asuntos, lo que ha supuesto un aumento del 4,8 %respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí que es lo que importa al ciudadano porque esta sistemática acumulación está incrementando el retraso en la gestión de las causas.