El Partido Popular va a recusar a las magistradas del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán y María Luisa Segoviano, en el debate del pleno de este martes en el que se decidirá sobre el amparo solicitado por Chaves, Griñán y otros tres exdirigentes de la Junta en relación con su condena por los ERES de Andalucía. Al mismo tiempo van a pedir al presidente, Cándido Conde-Pumpido, que se abstenga. En la hipótesis de que estas acciones lleguen a buen fin la votación de la ponencia elaborada por Segoviano quedaría en empate entre los jueces progresistas y los conservadores y, por lo tanto, sería desestimado el recurso de amparo. Los populares exponen una serie de motivos que, según ellos, hacen incompatibles a los tres magistrados con las decisiones que van a discutirse.
En Génova se olvidan de que si hablamos de incompatibilidades en el mundo judicial tendríamos que empezar por el anterior presidente del TC, Pedro González-Trevijano, quien votó favorablemente la intervención del organismo que presidía en los debates del Congreso y Senado para aprobar una reforma que le afectaba a él personalmente porque tendría que dejar inmediatamente su cargo, una intervención que llegó a ser calificada de golpe de Estado. González-Trevijano ni siquiera se planteó abstenerse como ahora piden los del PP que tiene que hacer Conde-Pumpido.
Si hablamos de incompatibilidades deberemos preguntarnos cómo el 20 de junio de 2013, Francisco Pérez de los Cobos, militante del Partido Popular, aceptó la presidencia del Tribunal Constitucional. En 1977 había sido candidato por Fuerza Nueva en las elecciones generales. Militó en el Partido Popular al menos entre 2008 y 2011, por lo que una vez se supo de su militancia ideológica provocó una ola de impugnaciones y recusaciones. Bajo su presidencia, se estimó el recurso de inconstitucionalidad de la Declaración Soberanista de Catalunya que daría origen, posteriormente, a la anulación parcial del nuevo Estatuto de Autonomía votado por el Parlament, el Congreso y el Senado y avalado por la ciudadanía en referéndum. Todo ello supuso el inicio del procès cuyas consecuencias todavía estamos pagando.
Fuera del Tribunal Constitucional la mas escandalosa incompatibilidad es la del último presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Entre 1996 y 2004 estuvo en situación de servicios especiales dentro de la carrera judicial, debido a que ejerció como director general de Objeción de Conciencia entre1996 y 2000, y como director general de relaciones con la justicia entre 2000 y 2004, ambos cargos del ministerio de Justicia. Hasta donde se sabe, Lesmes nunca se abstuvo cuando en la comisión permanente, el núcleo duro del Consejo, se designó a casi un centenar de jueces y magistrados conservadores rechazándose las candidaturas de todos los pertenecientes o relacionados con la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Lesmes fue cuestionado, pero nadie se planteó su recusación o dimisión hasta que se fue, avergonzado por los casi cinco años que llevaba en el puesto de forma irregular por haber caducado su mandato.
Y si hablamos de incompatibilidades debemos volver al seno del Tribunal Constitucional, sobre todo para analizar la trayectoria de los magistrados de signo conservador, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macias. Por la regla de tres que pretende el PP, Macias debería ser recusado cuando toque tratar el tema de la constitucionalidad de la ley de amnistía porque fue el instigador de la resolución del Consejo General del Poder Judicial contra la misma cuando, ni siquiera, había sido presentada en el Congreso de los Diputados lo que se calificó como escandaloso por parte de sectores políticos. Macías siempre ha sido considerado un halcón dentro de la derecha judicial por lo que no está muy habilitado, que digamos, para tratar este tipo de asuntos.
César Tolosa fue presidente de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su época más beligerante. La más significativa fue la que estableció los límites del estado de alarma durante la pandemia que llegó a declarar ilegales los confinamientos por considerar que deberían de haber sido decretados en un estado de excepción. Con ese historial, Tolosa está desautorizado para entrar en diversos recursos de inconstitucionalidad, pero nadie le cuestiona.
Del sector conservador la magistrada más controvertida es Concepción Espejel. En excedencia, es magistrada de la Audiencia Nacional y fue presidenta de la sala de Lo Penal. Espejel fue recusada cuando intentó introducirse en el tribunal que iba a juzgar la pieza política del Caso Gürtel. La recusación prosperó y la jueza tuvo que apartarse. En 2014, María Dolores de Cospedal pronunció la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort.
El Partido Popular duda de Inmaculada Montalbán porque fue magistrada del Tribunal Superior de Andalucía cuando la realidad es tozuda y señala que siempre se dedicó a la violencia de género, incluso siendo la presidenta del observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Por mucho que diga el dirigente popular, Elías Bendodo, nada tiene que ver que haya sido condecorada con la medalla de Andalucía en 2012. Si hay que tener en cuenta ese dato, también se podría aplicar al ya citado de Espejel, la famosa gran cruz de San Raimundo de Peñafort, como la “querida Concha”. En cuando a la ponente, María Luisa Segoviano, es cierto que fue magistrada de la sala de Lo Social del Tribunal Supremo y que intervino, incluso redactando, algunas de las sentencias de los ERES de Andalucía, pero en ninguna tuvo implicación en las sentencias penales.
Los jueces del Tribunal Supremo tienen mucho que callar en lo que se refiere a incompatibilidades. La última, la más escandalosa, es cuando han intervenido directamente en la interpretación del delito de malversación para negarse a conceder la amnistía a los condenados del procès. Si nos atenemos a los argumentos del Partido Popular de que Conde- Pumpido debe abstenerse porque cuando se juzgó los ERES era fiscal general del Estado, ni Marchena ni Llarena ni el resto de los miembros de la sala de Lo Penal del TS deberían de haber intervenido en ese auto en el que se niegan a aplicar la medida de gracia y, encima, como han repetido numerosos juristas, empleando fundamentos políticos donde atacan al poder ejecutivo interfiriendo gravemente en el principio de separación de poderes establecidos en el Estado de Derecho.
Por lo tanto, mejor dejamos de escupir al aire, señores de la derecha judicial, no vaya a ser que se nos acabe por caer en nuestra cara.