Protestar porque unos compañeros que les han ido sustituyendo durante años sin cobrar prestación por desempleo cuando terminan la suplencia, tengan derecho mediante una oposición a ingresar en la carrera a la que ellos pertenecen tiene un nombre: corporativismo. Los jueces y fiscales forman parte de un colectivo cerrado que intenta, por todos los medios, impedir la apertura a la sociedad. La reforma del acceso a las profesiones de jueces y fiscales siempre han estado circunscritas a los miembros de clases medias y altas. Y ahora, el gobierno progresista pretende facilitarlo a los estamentos menos pudientes mediante la concesión de becas que pueden llegar al salario mínimo interprofesional durante el tiempo que dure el periodo de formación para presentarse a la oposición. Los actuales miembros de la carrera judicial consideran intolerable esta iniciativa y piden que se retire. No quieren intrusos. Argumentan que lo que se pretende con la reforma es “rebajar los conceptos de mérito y capacidad”.
Jueces y fiscales amenazan con una huelga. Consideran que el paro de diez minutos es sólo el principio. Y los motivos de la protesta los transmite diáfanamente el titular del juzgado número 2 de Santoña, Carlos Miguel Arcay: les preocupa “el proceso de estabilización de los jueces sustitutos que se está llevando a cabo sin realizar realmente un proceso selectivo ni siquiera comparable al del cuarto turno”. Ese llamado cuarto turno no es otra cosa que el ingreso en la carrera para “los juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional”. Un coladero, como reconocen amplios sectores de juristas. En cambio, la reforma del acceso a la carrera prevé la convocatoria de una oposición, en turno restringido, para 954 jueces sustitutos, que las asociaciones conservadoras consideran “un plan para colarlos por la puerta de atrás”. Dicen que es único en Europa, pero lo que se callan es que la figura del juez sustituto no existe en los países de nuestro entorno y que Bruselas ha ordenado al gobierno español, en reiteradas ocasiones, la regularización de la situación profesional de estos jueces, considerados por la UE unos “funcionarios interinos” sobre los cuales existen hasta resoluciones del TJUE.
Lasasociaciones de jueces sustitutosse reunieron el 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. El representante del departamento de Félix Bolaños expuso “de manera clara” que la tramitación del Proyecto de Ley sigue adelante. Algo ante lo que las asociaciones han pedido que se cumplan las exigencias del TJUE. Eso sí, con respeto a los principios de “igualdad, mérito y capacidad”. En el ministerio consideran imprescindible la aprobación de la reforma de acceso antes de este otoño para poder llevar a cabo la oposición en el plazo más breve posible con la intención de incorporar a los jueces casi paralelamente a la constitución de las nuevas secciones de violencia machista que se incorporarán a los tribunales de instancia. Esas secciones van a asumir mas competencias, y no sólo las de violencia contra la mujer por lo que los decanos de los juzgados creen que, de no incrementarse el número de jueces, estas secciones se verán colapsadas. Y ponen fecha: ese colapso se producirá en octubre próximo. Esos mismos jueces decanos son los que protestan contra la incorporación “por la puerta de atrás” de los sustitutos, como dice la de Madrid, presidenta de la conservadora y mayoritaria APM, María Jesús del Barco. Es una evidente contradicción.
Los fiscales, por su parte, protestan por la reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal y porque la nueva reglamentación para el funcionamiento de la fiscalía general del Estado amenaza su independencia. Lo que callan las asociaciones conservadoras es que en el nuevo estatuto que regula el funcionamiento de la fiscalía general desaparece el principio de jerarquía y se refuerza la autonomía de tal manera que un fiscal podrá desobedecer las consignas que le lleguen de su superior. Y eso es una vieja aspiración por la que han luchado tanto la Asociación de Fiscales como la Unión Progresista de Fiscales.
Las asociaciones conservadoras de fiscales y jueces tampoco están de acuerdo con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que traspasa las instrucciones a los fiscales dejando a los jueces como garantes de que, en las diligencias, se está cumpliendo el ordenamiento vigente y la toma de decisiones como los ingresos en las cárceles o las medidas cautelares. Dicen las asociaciones conservadoras que este sistema rompe el “principio de independencia judicial” pero lo que callan es que es otra imposición de Bruselas donde no se entiende la figura del juez instructor.
Tampoco se entiende la posición del Consejo General del Poder Judicial que ha elaborado un dictamen muy critico contra esta reforma. Su presidenta, Isabel Perelló, empieza a posicionarse claramente con la derecha judicial cuando fue elegida por sus inclinaciones progresistas. Perelló pide que “cese cualquier presión o interferencia en la labor judicial" porque, ha sostenido, independientemente de que se esté de acuerdo con las resoluciones judiciales, que "no caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la Constitución nos encomienda al Poder Judicial". Se olvida la presidenta del CGPJ de que, con las acciones de protesta, los jueces y fiscales están interfiriendo en la labor del legislativo. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox en el trámite parlamentario han sido rechazadas y recientemente una ponencia que estudia el pleno del Tribunal Constitucional sobre la amnistía deja clara la prevalencia de la acción parlamentaria sobre la de los jueces.
El conflicto está servido pero las contradicciones también. Jueces y fiscales irán a la huelga casi con toda probabilidad. Tampoco se notará tanto, porque la situación de los juzgados que ellos mismos han creado a lo largo de todos estos años es desastrosa. Al sufrido usuario del servicio le dará igual que le convoquen para declarar o a juicio, un día más tarde. Total, el servicio público de la justicia es el peor valorado por la ciudadanía. No lo decimos nosotros, lo dicen los sondeos.