Las denuncias en el Supremo de casos en los que están implicados los políticos han aumentado en los últimos años según revela un portavoz del alto tribunal. Cuando se acude a la justicia en demanda de un hecho que se considera punible, si en el mismo están vinculados aforados, el asunto se debe estudiar en la sala de Lo Penal del TS que habitualmente acaba por desestimar.
El 99% de ellas se inadmiten. El último ejemplo ha sido la denuncia de un particular contra Isabel Díaz Ayuso por la muerte de 7.291 ancianos durante la pandemia que ha sido archivada pero que ha tenido una fuerte repercusión mediática y en redes sociales. El fenómeno de las denuncias de particulares crece año tras año decido, según los expertos, a la polarización social que se está viviendo en este país.
En este incremento de las denuncias políticas en el Supremo hay que tener en cuenta que un elevado porcentaje las presentan las organizaciones de ultraderecha en ocasiones creadas para tal efecto. Hazte Oír, Manos Limpias y la fundación Abogados Cristianos son un claro ejemplo. Detrás de ellos está la ultraderechista Vox. Después de que a este grupo se le haya cerrado la puerta del Constitucional debido a que no cuenta con el número suficiente de diputados legalmente requerido para presentar recursos, la formación de Santiago Abascal, que cuenta con un importante aparato jurídico, ha redoblado sus esfuerzos en los tribunales y, en especial, en el Supremo. Dirigen sus objetivos contra ministros a los que acusan de prevaricación, y parlamentarios. Pero los jueces de la instancia suelen sacudir fuertes varapalos a los abogados de la formación. El último ha sido por el recurso contra el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta de Consejo de Estado. Si lograron tumbar a la anterior candidata, Magdalena Valerio, en esta ocasión se les ha dicho que no están legitimados para recurrir este nombramiento.
Hay grupos de particulares que parecen haber sido creados específicamente para presentar las denuncias. En el caso de Carmen Calvo otra entidad totalmente desconocida, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, DENAES. Pero si examinamos la relación de sus responsables comprobaremos que su secretario general es un tal Santiago Abascal. No es otro que el líder de Vox que suele actuar de esa manera, duplicando las acusaciones para tener mas fuerza en los procedimientos. En el caso de Carmen Calvo, la sala de Lo contencioso Administrativo, a Vox les recuerda que la jurisprudencia del TS niega la legitimación de los partidos políticos para cuestionar judicialmente actos cuya anulación no les reportaría ninguna ventaja específica ni les evitaría ningún perjuicio concreto que les cualifique, lo que consideran que concurre en este caso, y sobre la Fundación DENAES, que ha actuado en esta causa con la misma defensa y representación procesal que Vox, la sala señala que no es determinante de su falta de legitimación su relación con dicho partido político, sino el examen de sus fines fundacionales y sus actividades, que no han permitido al tribunal apreciar un derecho o interés legítimo para justificar el acceso a la jurisdicción.
Y es que para el Supremo se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza estas personaciones. La Constitución las permite, pero el tribunal de casación cuenta, en estos momentos, con 25 bajas que se deben cubrir urgentemente. Hay salas con problemas para constituir las secciones correspondientes. Y en ese contexto, las lluvias de demandas no contribuyen a ayudar, sino todo lo contrario: entorpecen, colapsan el organismo.
Pero Vox y las asociaciones que están creándose para utilizar la vía judicial contra los actos del gobierno no tienen en cuenta estas circunstancias. En el fondo subyace la idea de la ultraderecha de convertir los tribunales en una especie de “tercera cámara” susceptible de revisar los actos del gobierno y del parlamento. La explicación es sencilla. El conservadurismo de los jueces les favorece y en multitud de ocasiones han logrado una victoria que no han tenido en el Congreso, el Senado y las cámaras territoriales al no contar con los apoyos suficientes.
Es mucho más fácil denunciar en los juzgados porque, con un poquito de suerte, les toca un magistrado proclive a sus ideas como ha ocurrido en el caso del juez 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en la instrucción que lleva a cabo contra la esposa del presidente Sánchez. Unas diligencias previas que se llevan a cabo por la denuncia del seudosindicato Manos Limpias, probablemente la organización que cuenta con mayor número de demandas en el TS y el mayor historial en lo que a personaciones de particulares se refiere. Su presidente, Miguel Bernard, a pesar de haber sido absuelto del delito de chantaje en el caso de Ausbanc, ha quedado señalado por tal asunto, aunque no le tiemblan las manos a la hora de firmar nuevas querellas.
Las demandas con mayor repercusión mediática fueron las presentadas por Vox para que el Supremo suspenda la aplicación de la ley de amnistía, que todavía se encuentra pendiente de resolución, y la petición del grupo de anular la investidura de Pedro Sánchez. Pero no todas las querellas y demandas han sido presentadas por la ultraderecha. La de un ciudadano que en principio fue anónimo pero que posteriormente se ha identificado como Juan Pablo López López, director jubilado de una agencia de sucursal bancaria, que presentó la famosa “Carta de presentación demanda judicial penal contra Isabel Natividad Díaz Ayuso”. una denuncia contra los llamados “protocolos de la vergüenza”, las instrucciones de la Consejería de Salud de la CAM para priorizar la asistencia hospitalaria durante la pandemia.
El Supremo la archivó por considerarla “demasiado genérica y no demuestra la causalidad entre las órdenes de no derivación a los hospitales y las muertes”. La mano derecha de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, lo celebró como un triunfo: “yo he perdido la cuenta (de las sentencias favorables a la presidenta madrileña). Seguramente que quienes juegan con el dolor de las familias les importa poco saber que sus miserables acusaciones no tienen fundamento… quizá por eso el PSOE quiere controlar la justicia, no sólo para absolver a socialistas sino para condenar adversarios”.
Serrano no tiene en cuenta que la mayoría de las sentencias del Supremo son favorables a los intereses de las derechas política y judicial. Y por eso acuden no sólo grupos, asociaciones y fundaciones sino particulares con la idea de que en esta institución van a obtener beneficios que no se les va a dar en los ámbitos políticos.