Diario16+ lo anticipó hace unos meses. Mientras no se resuelva la situación personal de Puigdemont para que pueda regresar a España sin riesgo de dar con sus huesos en la cárcel, el gobierno de Pedro Sánchez lo va a tener muy difícil para sacar adelante las leyes en el Congreso y, por supuesto, en ellas se incluyen los Presupuestos Generales del Estado. Sólo así se pueden entender las prisas en el Tribunal Constitucional por pronunciarse sobre la ley de amnistía y más concretamente si en ella se incluyen los delitos de malversación de caudales que la sala de Lo Penal se niega a admitir dentro de la medida de gracia.
Lo ha dejado muy claro el secretario general de Junts, Jordi Turull. El pacto para delegar a Catalunya las competencias en materia de inmigración no es suficiente. Además de la amnistía hay otros dos asuntos pendientes, la oficialidad del catalán como lengua en Europa, y las inversiones comprometidas. Amnistía y catalán ya no están en manos del gobierno que lo único que puede hacer es presionar a Bruselas en lo que se refiere a este último asunto. Pero la medida de gracia es el gran triunfo de la derecha judicial. Paralizar sus efectos prácticamente no ha sido tomado en consideración por los condenados del procès por malversación. A todos menos a Puigdemont que sigue en Waterloo sin poder regresar a Catalunya. La única vez que lo hizo en público a punto estuvo de ser detenido y él no quiere volver a vivir esa situación.
El presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, ha pedido celeridad a su segunda, Inmaculada Montalbán, para que elabore lo más rápido posible la sentencia sobre el recurso del Partido Popular a la ley de amnistía. En esa ponencia se espera un pronunciamiento sobre si los líderes independentistas malversaron caudales públicos, el delito que la norma no incluye en el perdón. Según el TS, “el legislador excluyó de la amnistía aquellos delitos de malversación en los que hubiera mediado propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Y lo hizo invocando las directrices del dictamen de la Comisión de Venecia que, en modo alguno, imponían esta exigencia, en la medida en que sólo sugería un nexo causal más reforzado entre los hechos amnistiables y la finalidad con la que aquellos delitos habían sido cometidos”. Además del propio Jordi Turull, fueron condenados por malversación Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva. Los cuatro y Puigdemont, que nunca fue juzgado pero que se encuentra en busca y captura, son los que se beneficiarían de un hipotético pronunciamiento favorable del Constitucional.
Pero el fallo de la corte de garantías todavía tardará unos meses. Se calcula que, como muy pronto, podría estar listo en el verano. Cuatro meses en los cuales los votos de los siete diputados de Junts en el Congreso van a costar muy caros al gobierno progresista. Y ese es el gran triunfo de los magistrados del Supremo que hace unos días volvieron a ratificarse en los argumentos expresados en su resolución sobre en encaje de la malversación en la ley de amnistía. Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo insisten en que los condenados obtuvieron un “beneficio personal de carácter patrimonial” al cometer la malversación que se les atribuye.
Puigdemont sabe que, si pisa territorio español, el juez Pablo Llarena al que ha denunciado por prevaricación, le va a aplicar el mismo rasero. Y mientras que los otros condenados se han podido beneficiar de indultos a la espera de sentencias definitivas sobre su situación personal, el expresident sabe que no es ese su caso y que sólo una sentencia favorable sobre la medida de gracia le permitiría negociar su vuelta, un retorno que quiere que sea con todos los pronunciamientos favorables y, a ser posible, en olor de multitudes.
Lo que no entienden en la derecha catalana es que esas condiciones favorables al regreso de su líder no están en manos del gobierno de Madrid y que, condicionando los acuerdos parlamentarios por asuntos como éste, lo único que están haciendo es favorecer la estrategia de esos jueces a los que ellos niegan cualquier autoridad. El gobierno quiere negociar su apoyo parlamentario para los presupuestos generales del Estado de 2026, los únicos que habría elaborado esta legislatura en la que se viene prorrogando las grandes cuentas desde 2023. Al ejecutivo de Pedro Sánchez le está costando mucho sacar adelante iniciativas legales no sólo por la oposición de Junts sino también por la de los diputados de Podemos que están vendiendo muy caros sus votos. La última oposición del grupo que lidera Ione Belarra afecta a la proposición de ley sobre la delegación de competencias a Catalunya en materia de inmigración que, si no se negocia, acabará por ser rechazada en el Congreso. Y habrá otro lio con los independentistas catalanes que volverán a acusar a Madrid de incumplimientos de los acuerdos pactados en Ginebra.
De eso es de lo que no se da cuenta Carles Puigdemont quien basa su estrategia en un continuo chantaje al gobierno progresista con el único propósito de lograr lo que él quiere: que se arregle su situación personal. Pero el expresident no es consciente de que cada vez que su partido dice no a las iniciativas progresistas en el parlamento de Madrid está dando alas a la derecha judicial que ve como la situación se encuentra prácticamente bloqueada. Y todo porque la justicia se ha empeñado en boicotear como sea a este ejecutivo. A veces no hace falta tener mayoría parlamentaria para lograr ese propósito. Basta con una sentencia que afecta a una persona irresponsable y sin sentido de Estado para que las cosas terminen como están acabando.