La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estudia la resolución del promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, que recomienda archivar la diligencia informativa contra el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien, en una intervención pública, criticó a la exministra de Igualdad y eurodiputada, Irene Montero, por la ley del “sólo sí es si”, diciendo que “de repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir… A un jurista, que llevamos desde el Derecho Romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”. El instructor, Ricardo Conde, entiende que Velasco no hablaba en calidad de juez sino como un ciudadano corriente por lo que se puede acoger al derecho constitucional de la libertad de expresión. De lo que se olvida Conde, magistrado de la Audiencia Provincial de Toledo, por supuesto conservador, es de que Velasco se refirió, en varias ocasiones, a su condición de juez como, por ejemplo, “a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento…” Y es muy difícil diferenciar la condición de juez de la de ciudadano y más si es notoria esta condición al ser magistrado de la Audiencia Nacional.
Conde ha tenido en consideración para recomendar el archivo de la causa que Velasco, al formular su crítica contra la exministra, no invocó su condición de juez. Un argumento que cae por su propio peso cuando se escucha la totalidad de la intervención del magistrado. Velasco participaba en la V Conferencia Internacional de Compliance, la asociación de cumplimiento normativo. En su programa se deja claro que en los bloques de debate intervendrían “magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento”. Por lo tanto, intervino en calidad de juez. De eso no cabe duda. Al ciudadano Velasco no le habría invitado nadie. Y luego está sus constantes referencias a su formación jurídica a la hora de contestar el principio del consentimiento reflejado en la ley. La excusa del promotor de la acción disciplinaria es sólo eso, una excusa para dar carpetazo a una manifestación que entra dentro del ámbito de la disciplina judicial.
Por su parte, Montero ha contestado a los argumentos del funcionario del Consejo General del Poder Judicial señalando que “cuando ellos te intentan humillar es su derecho,libertad de expresión. Cuando tú les describes como corruptos o golpistas con toga, te denuncian por daños a su honor como García Castellón. Les falta poner en los papeles que algo habrán hecho, poco les hacemos”. Cuando Montero se refiere al exjuez de la Audiencia Nacional recientemente jubilado seguro que tiene en la mente sus manifestaciones efectuadas, también, en la conferencia de Orense en la que criticó la ley de amnistía. Ahora bien, en esa ocasión García Castellón dijo que sus opiniones las realizaba “a título personal y como ciudadano”. No obstante, el instructor de casos emblemáticos como el de Banesto tuvo que ser llamado al orden por sus superiores por llevar a cabo “instrucciones prospectivas” que tuvo que archivar. Concretamente la que intentaba averiguar una presunta financiación irregular en Podemos de la que supuestamente se habrían aprovechado los fundadores de la formación morada.
La adscripción política del juez Velasco está clara. Abandonó la carrera judicial para ser nombrado director general de Justicia de la Generalitat valenciana, gobernada por el Partido Popular de Eduardo Zaplana, entre 1995 y 2003. Tras más de ocho años en el puesto, Velasco fue destituido por el titular de Justicia, Víctor Campos, por sus desavenencias políticas con el secretario del departamento, Fernando de Rosa, también del Partido Popular.
Reingresó en la carrera judicial siendo destinado al Juzgado de Instrucción 3 de Valencia en noviembre de 2003. Al año siguiente obtuvo plaza en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid. En 2008 ingresó en la Audiencia Nacional. En la actualidad está destinado en la sala de Apelaciones. Con anterioridad ocupó la plaza vacante del juzgado número 6 hasta que su titular, García Castellón, la reclamó. En esa instancia se hizo cargo de instrucciones como la Púnica un caso de corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid cuyo juicio se está celebrando estos días. Envió a la cárcel a Gerardo Díaz Ferran, uno de los empresarios más emblemáticos del país, y a Francisco Granados, el número 2 de Esperanza Aguirre.
Pero es que hay más en su intervención de la Conferencia de Compliance. Allí se despachó a gusto contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, a la que llegó a acusar de haberse apropiado de un software de la Universidad Complutense. Un juez no puede suplantar las funciones de los fiscales por mucho que estuviese hablando “a título personal” como le justifica el instructor del Consejo General del Poder Judicial. Un magistrado no puede acusar y menos públicamente. Pero Velasco lo hizo, además de criticar abiertamente la composición de “un gobierno de perdedores” señalando que habían formado coalición “el quinto partido en votos y el segundo”
Son suficientes argumentos para habérsele abierto, por lo menos, un expediente disciplinario. Pero Ricardo Conde ni siquiera es vocal del CGPJ. Es magistrado de la Audiencia Provincial de Toledo, y ha sido renovado para el cargo de promotor de la acción disciplinaria “por unanimidad del pleno del Consejo”. Ocupó el mismo cargo en el mandato del anterior CGPJ, ese que estuvo ejerciendo irregularmente durante cinco años. Sus compañeros destacan de él “su buena gestión”.
Se entiende perfectamente. No quiere complicaciones y más cuando deberá pronunciarse, también, sobre las actuaciones del juez numero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el caso Begoña Gómez, y en la actuación del magistrado del Supremo Ángel Hurtado, por la queja que ha presentado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para Conde, de extracción conservadora que huye de toda polémica, la institución en la que ocupa un puesto de relevancia política está demasiado polarizada y para los asuntos de su competencia el enfrentamiento entre los vocales progresistas y conservadores es evidente.
Por lo tanto, es muy difícil que este Consejo General del Poder Judicial meta en cintura los desmanes cometidos por algunos jueces. El primer asunto en el que están mirando para otro lado es el del miembro de la sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que se despachó a gusto contra la izquierda en una intervención pública y que, parece ser, se va a ir de rositas.