La providencia del juez Juan Carlos Peinado, que autoriza a la Guardia Civil a analizar todos los correos electrónicos de Begoña Gómez desde 2018, no es una medida jurídica, sino una operación política disfrazada de instrucción judicial. Así lo ha denunciado la propia Fiscalía, que considera la diligencia desproporcionada, carente de motivación y violadora de derechos fundamentales. Detrás de esta maniobra no hay una búsqueda de verdad, sino de titulares. No hay justicia: hay estrategia. Y el objetivo es claro: desgastar al Gobierno desde los tribunales.
El caso Begoña Gómez: sin indicios, sin límites, sin garantías
La Fiscalía ha dado un paso que, aunque poco frecuente, resulta imprescindible: frenar una diligencia judicial que no solo carece de base sólida, sino que rompe con los principios fundamentales del derecho procesal. El juez Peinado, ya advertido anteriormente por la Audiencia de Madrid, ha ordenado a la UCO revisar todos los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018. Ni se delimita el objeto de la investigación, ni se explicita qué se busca, ni se justifica por qué todos esos correos estarían vinculados a un posible delito.
La Fiscalía no se anda con rodeos: la providencia “adolece de la más elemental motivación”, vulnera el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y se adopta por vía incorrecta. Lo que debería haber sido un auto judicial razonado se convierte en una providencia opaca, sin garantías ni filtros. Es decir: una puerta abierta al espionaje institucional sin control judicial efectivo.
Y, sin embargo, lo más grave no está en el contenido de la medida, sino en su función política. No hay voluntad de investigar hechos. Hay voluntad de fabricar sospechas. La maniobra es conocida: iniciar una causa, inflarla mediáticamente, colocar el foco en el entorno presidencial y alimentar la idea de “corrupción” sin necesidad de pruebas. Todo eso, sin condena ni juicio. Basta con que exista el proceso y, sobre todo, el titular.
Un frente togado al servicio de la desestabilización política
Lo que está en juego no es solo la intimidad de Begoña Gómez, sino la separación de poderes y la salud institucional de la democracia española. Asistimos a una ofensiva sostenida de sectores judiciales que actúan, de facto, como oposición política. Ante la incapacidad de la derecha para ganar mayorías en las urnas, se consolida una vía alternativa: la erosión del Gobierno a través de causas judiciales instrumentalizadas, amplificadas por terminales mediáticas afines y sostenidas por un relato de desconfianza permanente.
El caso Begoña Gómez es solo la última pieza de una estrategia mayor. No importa si hay delito: importa que haya ruido. La investigación se convierte en arma. La toga, en púlpito político. Y el proceso penal, en un escaparate para la confrontación ideológica. En este escenario, jueces como Peinado actúan sin temor a consecuencias, amparados por un sistema de autorregulación judicial bloqueado y por la complicidad de un poder mediático que convierte la sospecha en condena pública.
El derecho a la defensa, el principio de proporcionalidad o la presunción de inocencia se ven relegados frente a la lógica del linchamiento simbólico. No se trata ya de aplicar justicia, sino de ocupar titulares. Y el daño colateral es el Estado de derecho.
El juicio ya no se celebra en tribunales, sino en portadas
“De la toga al titular” no es una metáfora. Es la descripción precisa de una maquinaria que ha sustituido el expediente judicial por el espectáculo. Una parte de la judicatura —no toda, pero sí influyente— ha cruzado una línea: ya no instruye, actúa. Ya no investiga, interpreta políticamente.
Frente a esta deriva, la Fiscalía ha plantado cara. Y debe ser respaldada no solo por el Gobierno, sino por todas las fuerzas democráticas que entienden que la justicia no puede usarse como campo de batalla partidista. Porque cuando los jueces se convierten en oposición, la política deja de resolverse en las urnas para resolverse en los juzgados.
Y si esa lógica se impone, habremos perdido algo mucho más profundo que una causa concreta: habremos aceptado que la democracia puede ser torpedeada desde dentro de sus propias instituciones.