La sentencia de conformidad es una resolución judicial anticipada que pone fin al proceso penal mediante el reconocimiento voluntario de los hechos por el acusado, y la aceptación de la pena solicitada por las acusaciones. Esa sentencia es fruto de un acuerdo entre las partes. En este país se utiliza con bastante frecuencia en los procedimientos por delitos contra la hacienda pública. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se firma porque puede llegar a ocurrir lo que ha pasado con Imanol Arias y Ana Duato, acusados de fraude fiscal. La Audiencia Nacional ha condenado al actor a dos años y dos meses de cárcel que no cumplirá porque es una acumulación de penas de delitos cometidos en cinco ejercicios, que no llegan a los seis meses cada uno por lo cual puede beneficiarse de la libertad condicional siempre y cuando no reincida. En cambio, Ana Duato, que se negó a llegar a un acuerdo con la fiscalía y la abogacía del Estado que representa a la AEAT, ha sido absuelta. Y no es la primera vez que ocurre esta circunstancia. Famosos como los futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo, y la cantante Shakira firmaron acuerdos de conformidad. Pagaron, fueron condenados, pero eludieron la cárcel. En cambio, Xabi Alonso se negó a acordar cuando se le acusó de haber suscrito un contrato en el que cedía la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali, radicada en la isla portuguesa de Madeira. Fiscal y abogado del Estado creen que se trató de un negocio jurídico simulado, concebido como estrategia para defraudar a la hacienda pública española ocultando de esta forma la correcta tributación de los rendimientos asociados a los derechos de imagen del futbolista. El Tribunal Supremo ratificó su absolución. El abogado de Carlo Ancelotti tampoco negoció y la Audiencia de Madrid sólo le ha impuesto una condena de 1 año cuando el fiscal pedía cinco.
Los casos de Duato, Alonso y Ancelotti demuestran que, en ocasiones, no es necesario el acuerdo para salir bien parado. En delitos fiscales es bastante corriente este tipo de pactos, pero en los que existen evidencias de corrupción o violencia machista el ministerio público no los busca salvo contadas excepciones. Ahora mismo se está diciendo que en el caso Koldo García, el exasesor de Ábalos quiere llegar a un compromiso con la fiscalía anticorrupción, aunque oficialmente lo ha desmentido. También se maneja la posibilidad de que Santos Cerdán haga algo parecido para salir de la cárcel.
Hay que aclarar que un acuerdo con fiscalía, en la casi totalidad de las causas, no se puede formalizar hasta que el procedimiento entra en la fase de juicio. Mientras esté en instrucción el juez no lo va a autorizar porque la legislación española es garantista y está, por encima de todo, el principio de presunción de inocencia. Sólo se ha producido un asunto atípico que fue el del empresario Víctor de Aldama, que permanecía en prisión provisional por el caso Hidrocarburos pero el juez instructor, Santiago Pedraz, lo dejó en libertad después de que el fiscal lo pidiese alegando que habían llegado un acuerdo mediante el cual Aldama “va a colaborar” en investigaciones en las cuales está implicado como el caso Koldo y otros en los que se encuentra salpicado el Partido Socialista. Es paradójico porque Aldama estaba en prisión ya que el juez entendía que había peligro de fuga y de destrucción de pruebas. No se ha fugado, pero nadie sabe con exactitud el acceso que haya podido tener a los indicios que le incriminan. Además, el juez apenas ha tomado en consideración sus manifestaciones porque no se sustentan en documentación probatoria, al menos de momento. Hay quien piensa que detrás de todo este asunto hay una maniobra judicial para acorralar a Pedro Sánchez y a su equipo. Si es así, los resultados, hasta el momento, han sido negativos.
En los anales de los despropósitos de los acuerdos de conformidad está el propuesto por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al que la AEAT acusa de un delito fiscal por haber defraudado 350.000 euros en las declaraciones del Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022. El famoso correo electrónico que trae de cabeza al fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos, proponía el reconocimiento del delito a cambio del pago de una multa, la cantidad defraudada y los intereses de demora.
La estrategia del abogado de González Amador es equivocada por una simple razón. Ni siquiera se había abierto una causa judicial. La Agencia Tributaria acababa de entregar el informe correspondiente elaborado por la inspección, y ni siquiera se sabía si el fiscal anticorrupción de Madrid, Julián Salto, aceptaría personarse en una hipotética instrucción. Lo que ocurre es que, después de los hechos que han sido desvelados en torno a las actividades del comisionista, se entiende su interés por dar carpetazo al tema. De un delito fiscal se ha pasado a una investigación sobre actividades en las cuales se sospecha la existencia de comisión de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad en documento, y más delitos que afectan al fisco. Aquí lo que ha ocurrido es que González Amador ha sido mal aconsejado, no se sabe bien por parte de quien, pero se apunta al entorno de Isabel Díaz Ayuso, y ha emprendido una batalla legal contra el fiscal general del Estado y los periodistas y políticos que le han acusado abiertamente de ser un defraudador, con el consiguiente perjuicio. Si se hubiesen limitado a esperar la respuesta de la fiscalía sobre la oferta para un acuerdo de conformidad, la causa estaría, ya, pendiente de una sentencia y nada más.
Y para concluir este incompleto análisis sobre los juicios de conformidad, hay uno que suscitó una fuerte protesta ciudadana: el de los ocho condenados por delitos sexuales en Murcia. Es indiscutible que el hecho de que unos abusadores de menores confesos puedan librarse de la cárcel es algo trágico e incompresible. Sólo dos proxenetas y un taxista han ingresado en prisión. El resto, los empresarios que reconocen haber tenido sexo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad se encuentran en la calle.
Hay iniciativas legislativas para impedir los acuerdos judiciales de conformidad en los delitos de corrupción y violencia machista. Pero, de momento, las cosas están como están y la estructura jurídica de este país no anda sobrada de recursos por lo que a veces es mejor dar carpetazos a sumarios que se eternizan en los despachos de los juzgados. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acuerdos porque, al final, puede salir “el tiro por la culata”.