El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha ordenado al ICAM, el Colegio de la Abogacía de Madrid, que entregue el expediente que dio lugar a la presentación de una denuncia por la presunta filtración desde la fiscalía de los correos del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es la respuesta judicial a la demanda presentada por uno de los colegiados contra la decisión de la junta de gobierno de demandar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La corporación considera “ que la información contenida en la nota de prensa de la fiscalía para desmentir el bulo de que era el ministerio público el que ofrecía un pacto al novio de Díaz Ayuso y no al revés provocó una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados" y constituyó una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa". En ese expediente, que puede ser fundamental para que la justicia exija al ICAM su retirada de la acusación porque así lo pide un afiliado, los argumentos utilizados se basan en las comunicaciones que mantuvieron la fiscalía anticorrupción y los representantes legales de González Amador. Los famosos correos electrónicos que empiezan a ser cuestionados. Nunca un método de contacto entre las partes, públicas o privadas, había sido tan cuestionado. Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos, el organismo encargado de vigilar la privacidad de personas físicas y jurídicas en este país parece mirar para otro lado.
La práctica totalidad de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en estos momentos se apoyan en los correos electrónicos que mantienen las partes. Aunque no debería ser objeto de este análisis hay que destacar que los famosos “protocolos de la vergüenza” mediante los cuales se conocieron las instrucciones de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre el tratamiento en las residencias de mayores durante la pandemia, se difundieron gracias a las filtraciones de los correos electrónicos facilitados por el entonces consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero. Es, a partir de ese momento, cuando en el ámbito jurídico se empiezan a dar cuenta de la importancia que tienen las comunicaciones digitales para resolver las causas en un sentido u otro.
Por mucho que se empeñen en el Supremo de buscar un responsable de la filtración del correo electrónico de los representantes legales de González Amador, lo que sí es cierto es que ya de por sí es una irresponsabilidad redactar ese tipo de comunicaciones que, desafortunadamente, están siendo validadas legalmente cuando existe la posibilidad técnica de ser tergiversadas. De hecho, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, un experto en manipulación informativa, ya se encargó de modificar las circunstancias en que se estaban desarrollando las propuestas de los defensores de González Amador, mediante la falsificación de un correo que fue filtrado a los medios afines y que acabó convirtiéndose en un bulo, reconocido por el propio Rodríguez en sede judicial.
Ni siquiera los agentes de la UCO, la unidad de investigación de la Guardia Civil, son capaces de reconocer la veracidad de un documento de semejantes características donde se pueden revelar datos sin ser contrastados. A veces, ni siquiera se comprueba la identidad del remitente. Y falsificarla es muy sencillo en el mundo de las redes sociales.
Además, en la justicia funciona un sistema de comunicaciones llamado Lexnet que sus usuarios han denunciado por sus imperfecciones. El sistema funciona como todos los de mensajería electrónica. El documento que ha de comunicarse se adjunta en un correo que, en numerosas ocasiones, no ha funcionado como es debido en el mundo judicial. Y hay denuncias sobre la tardanza en la recepción de resoluciones judiciales en ocasiones fuera de plazo lo que ha impedido a las partes la presentación de los recursos. Hay quejas de los procuradores de los tribunales porque, a pesar de estar identificados, los juzgados les indican que no están dados de alta en el sistema y que, por lo tanto, no les pueden notificar. A finales de los noventa del siglo pasado, cuando se empezó a utilizar el sistema en modo experimental, es cuando se produjo el mayor número de incidencias. Hoy técnicamente se ha conseguido perfeccionar el modelo de mensajería judicial. Pero entrar en el mismo es muy sencillo para cualquier especialista en informática por lo que su manipulación es habitual. En los colegios de procuradores todavía existen profesionales que prefieren utilizar el llamado “buzón judicial”, el apartado que tienen en los juzgados para que se les depositen las notificaciones en papel.
El correo electrónico es el sistema más rápido de comunicación, pero no el más seguro. En la instrucción que lleva a cabo el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, se han recibido numerosos testimonios que demuestran que el documento enviado por los abogados de González Amador, primero a la fiscalía anticorrupción de Madrid y, posteriormente a la fiscalía general, pudo pasar por muchas manos. Hay quien habla del millar tal vez exageradamente. Pero es posible hablar de 200 funcionarios que vieron, e, incluso, pudieron hacer copia o pantallazo del documento. Hablar, entonces, de la comisión de un delito de revelación de secretos no tiene sentido.
El consejo de gobierno del ICAM no debería estar presente en la causa contra García Ortiz si lo que pretende es defender a ultranza la confidencialidad de las comunicaciones de sus afiliados con sus clientes. Hay que buscar otras fórmulas de salvaguardar esa confidencialidad que no sea machacando la institución que en este país se dedica a perseguir los delitos. Y los correos electrónicos no es la mejor fórmula por mucho que se diga que es la más rápida. Cuando el sistema funcionaba mediante la comunicación epistolar, un organismo público del Estado, Correos, garantizaba la privacidad de los envíos. Ahora, nadie se hace responsable de esas comunicaciones, y menos las tecnológicas responsables. Ni Microsoft ni Google ni WhatsApp cuyas sedes sociales ni siquiera están en España. Y más cuando en ese cúmulo de mensajería se mezclan los procedentes de publicidad.
El usuario suele facilitar con demasiada ligereza su dirección de correo electrónico. No es consciente del daño que está haciendo. Y no sólo por las estafas, que están a la orden del día, sino porque cualquier experto en comunicación digital puede acceder a los datos que le envíen. Es la trampa de la que nadie se libra.