Ha sido un día después de que el Consejo Fiscal aprobase el informe en el que señala que el cargo de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Histórica es compatible con la actividad de su marido, Baltasar Garzón, para que la sala de Lo Contencioso, que parece haberle tomado la medida al fiscal general, Álvaro García Ortiz, haya hecho pública una sentencia anulando un nuevo nombramiento: Isabel Rodríguez fue designada como fiscala de sala de Lo Militar en sustitución de Delgado.
Ahora, la sección tercera alega que García Ortiz retomó el proceso en un punto distinto al que le habían ordenado. El mismo aspirante al puesto que se opuso al ascenso de Delgado es quien recurrió la ejecución de la sentencia quejándose de que el proceso no había permitido examinar de nuevo todas las candidaturas. Ese nombramiento tiene su importancia ya que eleva al titular a la categoría de fiscal de sala. A Isabel Rodríguez le importaba poco ya que tiene ese rango. De hecho, fue la que se encargó de pronunciarse sobre el recurso de casación contra la sentencia de La Manada y pidió que se elevasen las penas a los condenados por violación. Algo que asumió la sala de Lo Penal. Está claro que la guerra no va contra el designado sino contra el que le nombró: Álvaro García Ortiz lo tiene muy crudo con el Supremo.
Vamos a ver qué dice ahora la sala cuando alguno de los implicados recurra la decisión del Consejo Fiscal de informar favorablemente el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Histórica. El TS anuló ese nombramiento por entender que faltaba el dictamen del órgano consultivo. Y ahora el trámite, según la fiscalía general, ya se ha efectuado por lo que García Ortiz propondrá al gobierno, otra vez, el nombramiento de Dolores Delgado.
El problema es que el Consejo Fiscal aprobó ese dictamen con sólo cinco votos favorables, los dos vocales natos y los tres de la Asociación Progresista. Los miembros de la Asociación de Fiscales a los que secundó el vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, en total siete, se negaron a votar con la excusa de que la documentación que se les había presentado era “insuficiente” para decidir. Una contradicción por parte de la derecha judicial si se tiene en cuenta que desde que el Supremo dictó sentencia hasta ahora ha transcurrido tiempo suficiente como para haber completado toda la información requerida.
Por lo tanto, habrá que ver lo que dice la controvertida sala de Lo Contencioso Administrativo con esta resolución que no cuenta con el apoyo suficiente de los vocales del Consejo Fiscal. A pesar de que la ley está de parte de García Ortiz, al fiscal general le puede pasar lo mismo que le ha sucedido con el nombramiento de Isabel Rodríguez. El Supremo entiende que la sentencia en la que anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de Lo Militar, la primera de todas de este verdadero lio jurídico, no se ejecutó correctamente y que el fiscal general devolvió el proceso para adjudicar la plaza más allá de lo que debía: volvió a convocar al Consejo Fiscal cuando, según los jueces, directamente tenía que hacer otra propuesta de nombramiento.
Y la pregunta que se hace el profano en la materia es la siguiente: ¿en qué quedamos? ¿Es necesario el parecer del Consejo Fiscal en unos casos sí y en otros no? La cosa suena más bien a un intento de torpedear las acciones de García Ortiz buscando excusas de forma y no de contenido. Si se analiza en profundidad la sentencia que anula el nombramiento de Isabel Rodríguez, contra la que no existe desconfianza personal, profesional y política, se ningunea al Consejo Fiscal. Pero en la de Delgado se pide el parecer del organismo consultivo sobre la posible incompatibilidad del cargo al que pretende aspirar con la actividad privada de su marido, titular de un despacho de abogados dedicado a la defensa de los derechos humanos, una de las competencias de la fiscalía de Memoria Democrática.
Por lo tanto, lo más probable es que, si se presenta un nuevo recurso en el Supremo, algo bastante probable ya que hay un fiscal, Luis Ibáñez, que insiste en que cuenta con mejor puntuación que los designados para ocupar la plaza, la sección tercera fallará en contra del nuevo nombramiento alegando que siete de los vocales del Consejo Fiscal no es que se abstuvieran, es que ni siquiera votaron.
Esta guerra sin cuartel del Supremo contra García Ortiz no se puede justificar por motivos ideológicos. El juez que es ponente de todas estas sentencias es Pablo Lucas que ha estado sometido a fuertes presiones por las actividades del centro de espionaje, el CNI, del cual es el encargado de velar por su legalidad, y que es considerado progresista.
García Ortiz sigue sufriendo la persecución de la derecha judicial esta vez a través de las asociaciones representativas de los fiscales. La AF y la APIF están dispuestas a utilizar todas las herramientas legales a su alcance para desmontar, una por una, las iniciativas de su superior quien, además, deberá comparecer ante la sala de Lo Penal del TS al haberse hecho responsable de la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en relación con la comisión por parte de éste de un presunto delito tributario.
No está siendo nada fácil el mandato de García Ortiz al frente de la fiscalía general del Estado. Pero, según señalan en su entorno profesional, está dispuesto a seguir adelante y corregir todos los errores de forma que pueda estar cometiendo. Sabe que, tarde o temprano, Dolores Delgado acabará por ser la fiscala de Memoria Histórica y Derechos Humanos y es perfectamente consciente de que los jueces penales del TS intentarán inculparle de un delito de revelación de secretos.
García Ortiz, no obstante, piensa seguir al frente de la fiscalía general a pesar de que sabe que tiene que hacer frente a una guerra declarada por parte de los jueces mas conservadores del país, de los fiscales que se la tienen jurada y, sobre todo, del sector de la derecha judicial que está dispuesto a cargárselo como sea. La consigna de Miguel Ángel Rodríguez de que “el fiscal general del Estado está a punto de caer” sigue en pie. Y es que Rodríguez manda mucho en este país. Mucho más que el rango que ostenta como asesor y jefe de gabinete de la presidenta de la CAM.