PP, Vox y Junts blindan el statu quo empresarial y lanzan un mensaje demoledor a la mayoría social trabajadora: sus derechos son moneda de cambio.
La reducción de la jornada laboral sin merma salarial ha sido tumbada en el Congreso por una mayoría coyuntural e ideológicamente desconectada del presente. Mientras la ciudadanía avanza, las derechas —y quienes se disfrazan de transversalidad nacionalista— han optado por devolver al cajón una propuesta que no solo respondía a las demandas sindicales, sino que proponía una modernización imprescindible del mercado laboral español. PP, Vox y Junts han escenificado, por motivos distintos pero convergentes, una resistencia conservadora ante una transformación que ya es imparable en buena parte de Europa.
El veto de las tres derechas: la alianza contra el futuro
El rechazo a la tramitación de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario no es solo un revés legislativo. Es un diagnóstico político de la coalición reaccionaria que se está gestando a plena luz del día entre PP, Vox y Junts. Cada uno desde su relato, han coincidido en bloquear una reforma que, según todos los estudios sociolaborales, beneficiaría directamente a más de 12 millones de personas trabajadoras en España.
El PP de Feijóo ha hecho suyo el argumentario más ortodoxo del neoliberalismo empresarial, mezclando demagogia con cinismo: “si es tan fácil, trabajemos la mitad y cobremos el doble”, ironizó Juan Bravo, ignorando décadas de datos sobre productividad, salud mental, y conciliación. Es la misma derecha que gobernó con sobresueldos, desregulación laboral y rescates a la banca, pero que hoy dice proteger a las pymes con un discurso que ni las grandes patronales europeas se atreven ya a sostener.
Vox, por su parte, representa una visión obsoleta y autoritaria del trabajo: negacionismo económico, desprecio por el sindicalismo y un desprecio velado a la clase trabajadora, a la que identifica como un problema antes que como el motor de la economía. Su posición no sorprende, pero sí alarma la normalización de su discurso dentro del hemiciclo, sin que el PP muestre el más mínimo rechazo. La ultraderecha no necesita llegar sola al poder: le basta con dictar la agenda.
Y luego está Junts, que con su enmienda ha querido exhibir independencia política, pero ha terminado validando la agenda de las derechas españolas. El discurso de Miriam Nogueras y Josep María Cervera apela a un supuesto "modelo catalán de relaciones laborales", pero lo que subyace es la defensa de una élite económica catalana profundamente reaccionaria, que jamás aceptó que los derechos laborales fuesen universales. Acusando a Díaz de “precipitación” y “falta de diálogo”, Junts legitima una lectura elitista de la política: todo lo que venga de lo social debe subordinarse al cálculo empresarial.
¿El resultado? Un bloqueo que castiga a la mayoría social y premia a las élites económicas, esas mismas que aplauden desde la CEOE y Foment del Treball.
El falso diálogo y la trinchera ideológica de la derecha
Resulta profundamente hipócrita que PP y Vox acusen a Yolanda Díaz de “ideologizar” una reforma laboral que nace del diálogo con los sindicatos, se apoya en estudios de productividad internacional, y responde a una demanda creciente de los propios trabajadores. Si algo define a esta propuesta es su racionalidad técnica: una reducción de jornada sin merma salarial no solo mejora la salud física y mental, sino que impulsa el empleo, reduce el absentismo y aumenta la eficiencia. No es una “ocurrencia”, es un paso lógico tras la reforma laboral que recuperó derechos tras décadas de precariedad.
Pero la derecha, cuando habla de “datos objetivos”, en realidad quiere decir obediencia a los intereses empresariales. El consenso, en su boca, es el consenso de las élites; el diálogo, solo con la patronal. Lo que no pueden aceptar es que el sindicalismo esté vivo, que haya fuerza organizada en la calle, y que el Gobierno escuche más a UGT y CCOO que a CEOE. Esa es la verdadera incomodidad de PP y Vox: el empoderamiento de los trabajadores como sujeto político.
Y Junts no está exento de esta lógica. Su apelación a “soluciones mágicas impuestas” esconde un desprecio de clase muy bien articulado en el lenguaje tecnocrático. Su supuesta defensa de “un concepto más amplio del tiempo de trabajo” no es más que una excusa para no mojarse, para mantener contenta a una patronal catalana que no tolera reformas que afecten a sus márgenes. Su transversalismo es una coartada: ni de izquierdas, ni de derechas, pero siempre con los de arriba.
La estrategia del Gobierno de forzar la votación, como reconocía Díaz, era necesaria: que cada cual se retrate. Y lo han hecho. El bloque del rechazo ha demostrado que no tiene un proyecto de país más allá de bloquear lo que beneficie a la mayoría, y proteger al 1%.
Una derrota legislativa, no política
Es fácil caer en la tentación de leer esto como una derrota para el Gobierno y, en especial, para Yolanda Díaz. Pero sería un error. Esta votación, en realidad, ha situado el debate donde debe estar: en la sociedad. Sindicatos y ciudadanía ya están en marcha, y la calle volverá a jugar un papel crucial, como en la reforma laboral o en la subida del SMI. Que la ministra renunciara a defender el texto en tribuna y hablase solo tras el veto es un gesto elocuente: no hay nada que debatir con quienes no quieren dialogar.
Porque esta no es solo una cuestión de números: es una batalla de relatos. ¿Queremos una economía centrada en las personas o en los balances de las grandes empresas? ¿Debe el trabajo adaptarse a la vida o viceversa? ¿Vamos a seguir aceptando jornadas agotadoras, salarios estancados y precariedad mientras la productividad aumenta?
Yolanda Díaz ha sido clara: “será ley”. No es una promesa vacía. Es un compromiso político que ya cuenta con el respaldo de amplios sectores sociales, incluso fuera de la izquierda. El fracaso de la votación no es el fin del camino, sino la constatación de que queda mucho por hacer, dentro y fuera del Congreso.
Lo ocurrido en el Congreso es parte de una estrategia más amplia de parálisis institucional por parte de las derechas, que buscan desgastar al Gobierno a base de vetos, chantajes y ruido. El problema no es la jornada de 37,5 horas. El problema es que hay una parte del arco parlamentario que no acepta que la política pueda mejorar la vida de la gente corriente.
Pero la historia está llena de reformas que comenzaron siendo impopulares en los despachos y terminaron siendo imbatibles en las urnas. La jornada de ocho horas, los fines de semana, las vacaciones pagadas, el SMI… Ninguna fue regalada. Todas se conquistaron. Esta no será la excepción.