A punto de terminar julio, las instancias judiciales, salvo las guardias y asuntos urgentes, echan el cierre. Cierto es que, como todo bicho viviente, jueces, letrados de la administración de justicia y demás funcionarios de juzgados tienen derecho a sus periodos de descanso retribuidos. Pero lo que no se puede consentir es ese parón en una administración cuya lentitud desespera a los usuarios y que se encuentra colapsada estructuralmente. Pero es “la tradición”, las llamadas “vacaciones judiciales” es algo que viene funcionando desde que la “mili se hacía con lanza” que diría un castizo. Y luego está lo de la “apertura del año judicial”. Tampoco se entiende que el ejercicio de esta actividad no coincida con el periodo natural. Pero las cosas son así, los protocolos son esos. Es un anacronismo con el que este gobierno intentó acabar estableciendo turnos vacacionales como en casi todas las actividades productivas y abriendo los juzgados en agosto como debe de ser. Pero sobre esa iniciativa que data de la época de la primera legislatura de Pedro Sánchez, nunca más se volvió a hablar. Y es que jueces y magistrados son muy suyos. Su conservadurismo les hace negar la realidad y la evolución de los tiempos. Está pasando, ahora, con esa cerrazón que les lleva hasta a la huelga, de negarse a que accedan a la carrera sus compañeros sustitutos “por la puerta de atrás” como dice la ultraconservadora presidenta de la APM y decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco.
No sólo no se ha suprimido el privilegio, sino que, además, se ha ampliado al periodo a las navidades, del 5 al 29 de diciembre. Eso supone que esos días se consideran inhábiles a efectos judiciales por lo que el plazo determinado para resolver los asuntos no cuenta en esos periodos. Por poner un ejemplo, si una instancia ordena un plazo de cinco días hábiles para una resolución habrá que esperar a septiembre porque el mes de agosto no cuenta a la hora de contabilizar los plazos.
La situación actual de los juzgados en España es un tema que preocupa a la ciudadanía. Con retrasos en los procedimientos judiciales y la carga de trabajo que afecta a los profesionales del derecho, es esencial entender las causas y las medidas que se están implementando para mejorar este sistema. Los expertos atribuyen la situación, que según las asociaciones judiciales cada vez es más dramática, a la falta de medios. Es una contradicción porque en la reforma emprendida en la llamada ley Bolaños, que está siendo contestada por la derecha judicial, se contempla la creación de 673 nuevas plazas para jueces y 331 para fiscales mediante la convocatoria de las oportunas oposiciones.
Este anuncio debería haber sido recibido positivamente, pero las asociaciones judiciales conservadoras, mayoritarias en el sector, advierten que la mayoría de esas plazas se adjudicarán casi directamente a los jueces y fiscales sustitutos. Parece como si los actuales miembros de las carreras fiscal y judicial se negasen a la apertura del sistema de acceso manteniendo una posición endogámica. Las asociaciones conservadoras se quejan de que “el sistema propuesto en el proyecto de ley convierte en jueces y fiscales a mil sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño”.
Lo que omiten o, por lo menos manipulan, es que la Comisión Europea remitió una carta a Bolaños instándole a regularizar la situación de los jueces sustitutos. En una misiva, fechada a 25 de julio de 2024, la Comisión dice que los jueces sustitutos "dado que ejercen la jurisdicción con idéntica amplitud que los jueces titulares a los que sustituyen y ejercen sus funciones con los mismos derechos y deberes en el ámbito jurisdiccional, deben ser considerados trabajadores fijos". Papel mojado para las asociaciones conservadoras que señalan que el ejecutivo de Pedro Sánchez “pone como excusa Europa para invadir el poder judicial”.
Este enfrentamiento da la medida de la resistencia de jueces y magistrados a que se cambie su estatus. Han aceptado de mala gana la reforma de la planta judicial que está convirtiendo los juzgados en tribunales de instancia. Se quejan de que la creación de una nueva sección que agrupará los delitos de violencia machista y vicaria y que obligará a multiplicar los recursos, pero no dicen nada de la reducción de la carga de trabajo que les supone la creación de los MASC, Medios Alternativos de Solución de Conflictos en vía extrajudicial que obliga a pactar a las partes, sobre todo en las vías civil y mercantil, antes de acudir a los tribunales. Eso sí, ahora reclaman los derechos laborales que ya están en vigor en otras actividades como son los correspondientes a la conciliación familiar.
El sueldo base de un juez de primera instancia oscila entre los 50.000 y 60.000 euros brutos anuales a los que hay que añadir los complementos específicos, antigüedad, destino, productividad, residencia e idiomas, entre otros muchos. El abanico salarial es muy abierto. Puede llegar hasta los 120.000 euros anuales de sueldo base de un magistrado del Tribunal Supremo. A esas cantidades hay que añadir las dietas y las guardias.
Pero es que, además, los jueces y fiscales suelen tener una “segunda actividad” que es la formación de los futuros aspirantes a ingresar en las carreras fiscal y judicial. Eso es, precisamente, lo que se va a limitar con la ley Bolaños y ahí está la clave de la protesta que llevan a cabo. Se desconoce la cuantía de las facturaciones en concepto de academias de preparación de las oposiciones porque no está clara su tributación. Se quiere acabar con esta opacidad y, a la vez, limitar las compatibilidades en la materia.
Lo único que les faltaba a los miembros de la administración de justicia es que también se acaben las “vacaciones judiciales”. Además del periodo retribuido, los jueces, magistrados, fiscales, letrados y la práctica totalidad de los funcionarios de la administración de justicia gozan de las correspondientes licencias por asuntos propios y compensaciones de guardias en festivos.
Tal vez es por toda esa serie de privilegios de que gozan los miembros de las carreras fiscal y judicial por lo que se considera poco apreciable cuestionar los periodos de vacaciones judiciales. Pero lo que es cierto es que no nos podemos quejar de la lentitud de una administración paralizada un mes en verano y quince días en navidades. Habría que evaluar, en números, la productividad para saber lo que nos cuesta a cada ciudadano esa broma llamada “vacaciones judiciales”.