El problema no es si ha habido acuerdo entre el PSOE y el PP para que la Mesa del Congreso nombre a los cinco vocales de la Junta Electoral Central que corresponden al organismo. La cuestión es que, según la tradición, a Vox le correspondería una de esas vocalías por ser la tercera fuerza parlamentaria. Pero la formación ultraderechista fue apartada de la mesa y el quinto puesto ha sido para Sumar. Para maquillar la correlación de fuerzas, la formación de Yolanda Díaz ha registrado la adhesión para su candidata, Alba Nogueira, de otros grupos como ERC, EH Bildu y BNG, con lo que han llegado hasta 41 escaños, ocho más que Vox. Y eso ha sido tenido en cuenta a la hora de que la mesa del Congreso excluya, definitivamente, al candidato presentado por Vox.
Por lo tanto, los cinco vocales que corresponden al Congreso serán dos para los socialistas, dos para los populares y uno para Sumar. Ahora, los ultraderechistas recurrirán ante los tribunales la decisión del órgano de gobierno de la cámara baja y lo que hay que tener en cuenta es que un recurso de estas características puede llegar a paralizar la resolución. Por lo tanto, se mantendría el actual bloqueo de la Junta Electoral Central que lleva 14 meses en funciones cuando debería haber sido renovada, como máximo, 90 días después de las últimas elecciones.
Este bloqueo no es tan grave como los que acontecen en otros organismos institucionales ya que la ley otorga a la Junta Central un mandato ilimitado en el supuesto de que no se produzca la renovación. Este año no está previsto ningún tipo de consulta por lo que el trámite se puede dilatar sin inconveniente alguno. Pero en el supuesto de una convocatoria de elecciones, con una JEC no renovada, se podrían cuestionar los resultados. Al menos habría quien pondría en tela de juicio la falta de transparencia. Por eso no es de extrañar que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hubiese pedido, hace unos días, el acuerdo urgente en el Congreso para desbloquear la situación.
Un acuerdo entre PP y PSOE sobre el que hay dudas. Hay quien dice que los dos grupos mayoritarios han consensuado el reparto de vocalías, dos para cada uno, y han aceptado que la quinta sea para Sumar basándose en la composición de la mesa del Congreso en la que no está presente Vox. El Partido Popular niega tal acuerdo. Y así están las cosas.
Con o sin acuerdo hay algo que está claro. La formación que preside Santiago Abascal va a recurrir y habrá que ver hasta dónde llega el juez al que le toque resolver. Cabe la posibilidad de la adopción de medidas cautelares suspendiendo el acto del Congreso, aunque, tal y como están las relaciones de la Cámara Baja con el poder judicial, una medida semejante provocaría más crispación de la existente en las instituciones públicas. Y todo para un asunto que apenas tiene relevancia.
Según la ley orgánica 5/1985, de régimen electoral central, la JEC está compuesta por 13 vocales, ocho de los cuales son designados por el Tribunal Supremo y los otros cinco por la Mesa del Congreso. Todos ellos deben ser expertos legisladores, jueces, magistrados y catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas y Sociología. El TS ya comunicó el nombramiento de los ocho miembros que les corresponde y sólo faltaban los de la Cámara Baja. Hasta ahora, la mayoría de estos últimos correspondía a los socialistas, tres frente a dos de los populares. Y ello no impidió que el organismo expedientase a políticos del PSOE. La última resolución ha sido confirmada por el TS y es una multa a Pedro Sánchez de 2.200 euros por haber utilizado medios públicos con fines electoralistas antes del 23 de julio de 2023. Es curioso pero la mayoría de las resoluciones de la anterior JEC fallaron a favor de recursos de los populares y Vox y en contra de los socialistas.
Eso hace suponer que un vocal más o menos en el máximo órgano de gobierno electoral no es relevante a la hora de decidir, y mas teniendo en cuenta que la mayoría sigue siendo nombrada por el Tribunal Supremo. Aún así, en Vox han hecho un mundo de lo que ellos denuncian como “un nuevo acuerdo del bipartidismo” que tanto en el PP como en el PSOE niegan. Y la cosa llega tan lejos que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, anima a la formación ultraderechista a llevar a los tribunales a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el reparto de vocales. A su entender, al partido de Santiago Abascal "se la ha jugado" tanto el Partido Socialista como la presidenta de la cámara baja.
Se supone que en unos días se conocerán los entresijos de esta decisión. En Génova había dos posturas enfrentadas sobre esta renovación. Miguel Tellado se opuso públicamente al acuerdo al que había llegado la secretaria general, Cuca Gamarra, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Tales diferencias hacen presuponer una división entre los conservadores cuyas consecuencias son desconocidas en estos momentos. Gamarra y Tellado mantienen posturas divergentes que acaban por tener incidencia en asuntos como este de la renovación de la Junta Electoral Central.
Las diferencias en el seno de la oposición no sólo se refieren al Partido Popular. Vox ha decidido ponerse al frente y criticar abiertamente al partido de Núñez Feijóo. Y ese enfrentamiento se va a trasladar al ámbito judicial. No todos los conservadores apoyan a ciegas al PP y más a los que ocupan los despachos de Génova. Hay numerosos jueces y fiscales que apuestan por la estrategia del partido de Abascal. Y habrá que ver cómo se traduce esa división en la batalla que mantienen contra los progresistas.