Las asociaciones judiciales, por supuesto las conservadoras, han puesto el grito en el cielo y han pedido la intervención del Consejo General del Poder Judicial por un supuesto mensaje del anterior presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a José Luis Ábalos donde le “adelantaba” la absolución del mayor de los mossos, la policía autonómica catalana, Josep Lluís Trapero, procesado por rebelión. En realidad, no se sabe bien de qué protestan porque Navarro, que ya no preside la instancia, lo único que concreta es que la sentencia se haría pública dos meses después del mensaje y parece ser que insinúa la posibilidad de que el fallo sea la absolución. El mismo Navarro avisa a Ábalos de que los medios comenzaban a sospechar sobre el contenido de esa sentencia. Y es cierto, el presidente de la Audiencia Nacional no revelaba nada nuevo porque durante el verano de 2020 la prensa ya adelantó el fallo del tribunal. Pero ya estamos en las de siempre. Ahora la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente han pedido al consejo que intervenga por “la gravedad” de los hechos y vuelven a hablar de posibles responsabilidades penales por revelación de secretos. Navarro ya no es presidente de la Audiencia Nacional y está en excedencia especial de la carrera judicial.
Lo que es chocante es la fuente de esa información, la UCO de la Guardia Civil. Y luego dirán que esa unidad está bajo sospecha de manera interesada. No se entiende cómo un asunto que no tiene que ver con las actividades de Ábalos por las que se encuentra investigado sea objeto de una filtración. Al final, la conclusión es la de siempre. Las asociaciones de extrema derecha, Hazte Oír y Manos Limpias, siguiendo con la estrategia de enfangar judicialmente todo lo que puedan, anuncian la presentación de una denuncia contra el ex presidente de la Audiencia Nacional por un delito de revelación de secretos. Una vez haya sido admitida a trámite, Hazte Oír solicitará que testifiquen José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vox, por su parte, ha pedido la comparecencia parlamentaria del ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Se trata de un hecho gravísimo que la justicia debe investigarlo”, señalan los portavoces de la formación de extrema derecha. En otras palabras, que, tal y como sucede últimamente, los ultras van a rentabilizar al máximo este nuevo detalle facilitado, como no podría ser de otra manera, por la UCO de la Guardia Civil.
Según han contado los periodistas que firman la información, ésta se ha obtenido gracias a las conversaciones intervenidas en los teléfonos de Ábalos durante el registro que se llevó a cabo en su domicilio de Valencia. No se entiende cómo se ha podido entregar a la prensa conservadora esta conversación sino es con fines políticos. El contexto en que se produjo el “chivatazo” del juez al entonces dirigente socialista es evidente. Pedro Sánchez diseñaba una política tendente a la búsqueda de la normalización en Catalunya después del enfrentamiento del procès y de la violencia callejera desatada por las condenas del Supremo. La sentencia que absolvía a Trapero podía abrir el camino hacia esa normalización. Ya se empezaba a diseñar la ley de amnistía y estaban abiertas unas mesas de diálogo con la Generalitat en las que las dos partes tenían puestas sus esperanzas. Sólo así se puede entender que la “indiscreción “del presidente de la Audiencia Nacional fuese recibida positivamente por los socialistas hasta el punto de que Ábalos le dijo al juez que se la transmitiría inmediatamente a Pedro Sánchez.
Pero que se sepa, todo esto no tiene nada que ver ni con las mordidas ni la corrupción que se atribuye al todavía diputado, a Santos Cerdán y a Koldo García. Desde el punto de vista jurídico los hechos tendrán la gravedad que quiera la derecha judicial pero penalmente sólo se puede acusar al expresidente de la Audiencia Nacional de revelación de secretos, una figura delictiva que está siendo utilizada con bastante frecuencia en esto que cada vez se parece más a una persecución política con el objetivo de debilitar al gobierno progresista.
No. El hecho de que José Ramón Navarro adelantase el sentido de la sentencia en el juicio de Josep Lluís Trapero no es corrupción. Ni siquiera reviste la gravedad que pretende hacer ver la derecha judicial. No se puede calificar, como han hecho algunos, de “información privilegiada” porque la misma no se pudo utilizar más que con un solo fin: la “normalización de la vida ciudadana en Catalunya”. Además, lo que hizo el presidente de la Audiencia Nacional es una práctica muy común en los juzgados. Incluso en la propia Audiencia Nacional algún juez mantenía contactos con personalidades del mundo de la política para informarles de cómo iban las causas que salpicaban a sus partidos. La jueza del Tribunal Constitucional, Concepción Espejel, fue recusada en la causa Gürtel por las sospechas que recaía sobre ella en torno a sus contactos con Génova. Lo mismo ocurrió con Enrique López que, además, acabó siendo consejero de Justicia y Presidencia en la Comunidad de Madrid.
El recorrido que tenga las acciones que se lleven a cabo por este asunto en el mundo judicial dependerá, como siempre, de la voluntad del instructor al que le toque por reparto las denuncias. Pero mucho nos tememos que estamos ante un nuevo caso de persecución judicial contra un juez que, además, ha sido señalado, sin motivo alguno, de estar próximo al Partido Socialista. La caverna mediática ha destacado la invitación al magistrado del entonces ministro de Transportes a un viaje a Georgia organizado por Air Europa. Y han tirado del hilo de ese ovillo. También se ha dicho que Navarro aspiraba a una plaza en el Tribunal Supremo. Eso no es cierto porque el juez ha pedido excedencia de dos años para entrar a trabajar en el sector privado.
Así pues, será mejor que no se hurgue en esta historia que tiene escasa trascendencia y menor repercusión por mucho que intenten engordarla como “información privilegiada”.