El próximo 30 de enero, los nueve países candidatos a albergar el futuro organismo de control de la UE para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, entre ellos España, presentarán sus propuestas en una audiencia pública conjunta organizada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
Italia, Austria, Lituania, Letonia, Alemania, Irlanda, Francia, Bélgica y nuestro país se postulan para gestionar la Autoridad contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA).
Esta será la primera vez que las audiencias públicas formen parte del proceso para seleccionar la sede de una nueva agencia de la UE, tras la sentencia del Tribunal de la UE que otorgó al Parlamento la misma voz que al Consejo para determinar las ciudades anfitrionas de futuras agencias.
A continuación, la sede de la agencia se determinará mediante votación conjunta del Parlamento y el Consejo. Ambos han alcanzado acuerdos provisionales sobre otras partes del paquete de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Antes de que el paquete pueda convertirse en ley, los colegisladores deben adoptar formalmente las leyes, a lo que se han comprometido antes de las elecciones de la UE en junio de 2024.
Tareas de la AMLA
La AMLA supervisaría el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio. Se encargaría de supervisar directamente las entidades financieras de mayor riesgo -aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembros- y, en cualquier caso, supervisaría una por Estado miembro. También tendrá fuertes poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir tareas de supervisión.
Además, AMLA actuaría como un centro que ayudaría a coordinar las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizaría la convergencia de las prácticas de supervisión. Sobre la base de una propuesta del Parlamento, AMLA también tendrá la tarea de mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales.
Otro de sus objetivos es apoyar a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular apoyando el análisis conjunto y la gestión de FIU.Net, el sistema de TI utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).