El salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido protagonista de un notable aumento en los últimos años, pasando de 736 euros en 2018 a los actuales 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Este crecimiento del 54%, muy por encima de la inflación acumulada (19%), ha supuesto una mejora significativa del poder adquisitivo para millones de trabajadores. Ahora, el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo propone un nuevo incremento que podría situar esta renta mínima en 1.184 euros mensuales, en línea con el compromiso del Gobierno de garantizar el 60% del salario medio, tal como estipula la Carta Social Europea.
¿Qué proponen los expertos?
El informe elaborado por esta comisión, integrada por académicos, sindicalistas y técnicos gubernamentales, plantea dos escenarios de subida para 2025:
- Incremento del 3,4%: El SMI ascendería a 1.173 euros mensuales, lo que equivaldría a un aumento anual de 546 euros.
- Incremento del 4,4%: El salario mínimo se elevaría a 1.184 euros al mes, sumando 700 euros más al año.
Ambas opciones garantizarían que el SMI no pierda poder adquisitivo y que continúe siendo una herramienta clave en la lucha contra la desigualdad salarial. Además, estas propuestas superan la previsión de inflación para 2024, fijada en un 2,8% interanual, lo que supondría una ganancia neta para los trabajadores.
Impacto en la economía y el empleo
Los expertos subrayan que las subidas del SMI en España han tenido efectos positivos, tanto en términos de reducción de desigualdades como en la mejora de las condiciones laborales. Desde 2018, el empleo ha crecido significativamente, con 2,3 millones de nuevos trabajadores y una caída de la tasa de paro del 14,5% al 11,2%. Aunque las patronales, como CEOE y Cepyme, han manifestado reservas sobre el impacto en las pequeñas y medianas empresas, estudios del Banco de España y de organismos internacionales coinciden en que los efectos negativos sobre el empleo son mínimos y, en muchos casos, compensados por el aumento de la productividad.
En palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “el salario mínimo es una herramienta de justicia social que beneficia no solo a los trabajadores más vulnerables, sino también al conjunto de la economía, al generar un efecto arrastre en los convenios colectivos”.
El diálogo social: un terreno complejo
El próximo paso será la negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para concretar la subida definitiva. Mientras que CCOO y UGT han solicitado incrementos más ambiciosos, entre el 5% y el 6%, los representantes empresariales aún no han definido una postura clara. Sin embargo, se espera que el consenso sea difícil de alcanzar, dado el distanciamiento entre las partes tras las tensas negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral.
Por su parte, Yolanda Díaz confía en alcanzar un acuerdo: “Creo que hay margen para el diálogo. España necesita un SMI que garantice una vida digna y sea un ejemplo en Europa”.
Más allá del salario mínimo
El informe del Comité de Expertos también aborda desafíos como el riesgo de “bunching” o concentración salarial en torno al SMI. Este fenómeno podría perjudicar a trabajadores cualificados que terminan percibiendo sueldos similares a los de empleados con menor experiencia. Para evitar este problema, los expertos recomiendan fomentar políticas que impulsen la negociación colectiva y mejoren las condiciones laborales en todos los sectores.
Además, se analiza cómo la reducción de la jornada laboral podría influir en la relación entre el SMI y el salario medio. Aunque no afectaría directamente a la cuantía mensual del salario mínimo, sí incrementaría el coste por hora trabajada, potenciando la productividad.
Un compromiso con la Carta Social Europea
El objetivo del Gobierno de mantener el SMI en al menos el 60% del salario medio está respaldado por el artículo 4 de la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021. Este compromiso no solo busca garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores, sino también consolidar un modelo de desarrollo económico más equitativo y sostenible.
En palabras del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “no se trata solo de subir el salario mínimo, sino de avanzar hacia una economía que respete los derechos laborales y reduzca las desigualdades estructurales”.