Este martes, el Consejo de Ministros aprobará una de las medidas económicas más relevantes de la legislatura: la condonación parcial de la deuda de quince comunidades autónomas de régimen común, un procedimiento que supondrá que el Estado asuma 83.252 millones de euros acumulados desde la crisis financiera. La medida, que surge del pacto de investidura entre PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en 2023, busca aliviar la presión sobre las autonomías más endeudadas y reorganizar sus cuentas públicas, aunque no está exenta de controversia.
La iniciativa, conocida como “quita de deuda”, no borra la deuda, sino que cambia quién la asume: las comunidades verán sus cuentas saneadas y podrán recurrir al mercado financiero con menos restricciones, mientras que el Estado pasa a registrar estos números rojos en sus balances. Se trata de un procedimiento excepcional, no recurrente, diseñado para no afectar ni al déficit ni a la deuda global de España.
Cómo se calculará la quita
El Ministerio de Hacienda ha diseñado un procedimiento en tres fases basado en el concepto de “sobreendeudamiento” registrado entre 2009 y 2013, durante la Gran Recesión, y comparado con la deuda de los años 2020-2023. La diferencia, unos 80.310 millones de euros, representa lo que, a ojos del Gobierno, se sobreendeudaron las comunidades en aquella etapa.
En la primera fase, el Estado asumirá el 75% de ese diferencial, distribuyéndolo según la población ajustada de cada autonomía. Esta variable no solo considera el número de habitantes, sino factores como el envejecimiento, la escolarización y la dispersión geográfica, que influyen en el coste de mantener servicios públicos. En términos prácticos, esto equivale a una quita media de 1.369 euros por habitante y un 19% de la deuda viva al cierre de 2023.
La segunda fase añade un ajuste para garantizar que ninguna comunidad quede por debajo de ese porcentaje promedio, destinando 11.514 millones adicionales a las más endeudadas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. Finalmente, la tercera fase contempla dos correcciones: 11.506 millones para compensar infrafinanciación de regiones con recursos por debajo de la media y 917 millones adicionales para aquellas que subieron el IRPF entre 2010 y 2022, incentivando así un esfuerzo fiscal previo.
¿Quiénes se benefician más?
Las comunidades más favorecidas en términos absolutos serán Andalucía (casi 19.000 millones), Cataluña (17.000 millones), Comunidad Valenciana (11.200 millones) y Madrid (8.600 millones). En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (448 millones) y Cantabria (809 millones). A pesar de la magnitud del alivio, la medida es voluntaria y cada autonomía decidirá si la acepta tras la aprobación parlamentaria.
Reacciones enfrentadas
La quita ha generado un intenso debate político. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha calificado la medida como “un ejercicio de irresponsabilidad política sin precedentes”, criticando la mutualización de la deuda generada por una mala gestión, especialmente en territorios con gobiernos independentistas. Andalucía, por su parte, ha tildado la propuesta de “traición”, al considerar que solo favorece a las comunidades más endeudadas, y no resuelve los problemas de infrafinanciación histórica.
Entre los socios del Gobierno, también surgen tensiones. Sumar respalda la medida pero reclama un cuarto tramo de 7.000 millones destinado a cubrir gastos extraordinarios, como los generados por la dana en Comunidad Valenciana en octubre de 2024, y propone condicionar la quita a la no rebaja de impuestos sobre sucesiones y patrimonio, para evitar comprometer la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Un parche con riesgos
Aunque la condonación no elimina la deuda, sino que cambia su titularidad del autonómico al estatal, los expertos alertan sobre posibles incentivos perversos: comunidades que podrían asumir riesgos financieros mayores confiando en futuros rescates. Centros de estudios como Fedea insisten en la necesidad de vincular estas medidas a un marco sólido de sostenibilidad, para no repetir errores del pasado.
El Gobierno defiende la quita como un mecanismo necesario para aliviar a regiones sobreendeudadas y garantizar la operatividad de los servicios públicos, asegurando que el esfuerzo es neutral en términos de déficit y deuda del conjunto del país. Hacienda también destaca que el contexto actual, con un crecimiento del PIB y una mejor posición en los mercados financieros, permite asumir esta operación sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
¿Qué ocurre con la deuda que se condona?
La deuda no desaparece. Simplemente, el Estado asume los números rojos de las autonomías, liberando a estas de presión financiera inmediata y mejorando su capacidad de acceso a los mercados. Sin embargo, la medida no resuelve la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica, que permanece desfasado desde 2014. Por ello, aunque la quita de deuda representa un alivio histórico, también abre un debate sobre equidad, responsabilidad fiscal y riesgos futuros para la economía española.
La quita de deuda autonómica de 83.252 millones es histórica y, sin duda, marcará un antes y un después en la relación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, su éxito no solo dependerá de los números, sino de cómo se gestione políticamente y de si logra equilibrar los intereses de los territorios sin generar agravios ni incentivos perversos. El trámite parlamentario y las decisiones de cada comunidad definirán si la medida se convierte en un alivio temporal o en un cambio estructural con efectos duraderos.