El Gobierno ha puesto freno a los planes del BBVA de absorber al Banco Sabadell. Tras más de un año de trámites, informes de la CNMC y consultas públicas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la operación... pero con condiciones muy estrictas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido proteger el interés general con una fórmula tajante: nada de fusiones por al menos tres años (ampliables a cinco), ninguna reestructuración de plantilla y mantenimiento total de la autonomía operativa del Sabadell.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, fue rotundo al presentar la medida: “Autonomía jurídica, patrimonio independiente y gestión separada”. Así, el Gobierno pretende evitar una excesiva concentración bancaria y proteger la cohesión territorial, el empleo y el crédito a pequeñas y medianas empresas.
Cinco condiciones clave: blindaje completo del Sabadell
Estas son las principales líneas rojas que el Gobierno ha marcado para permitir la operación:
Separación jurídica y patrimonial: El Banc Sabadell deberá seguir existiendo como banco independiente, con su propia personalidad jurídica y sin absorberse legalmente dentro del BBVA.
Gestión autónoma: Las decisiones sobre préstamos, recursos humanos, red de oficinas y obra social deberán tomarse desde el propio Sabadell, sin injerencias de la dirección del BBVA.
Prohibición de despidos: No se podrá ejecutar ningún expediente de regulación de empleo derivado de esta operación.
Red de oficinas protegida: No se permitirá el cierre de sucursales como medida de sinergia, en un intento de mantener la presencia bancaria en todo el territorio.
Supervisión continua: Cada banco deberá presentar informes periódicos que acrediten el respeto a estas condiciones, y el Gobierno podrá ampliar el plazo de separación hasta los cinco años.
Estas condiciones suponen un golpe a los planes de integración del BBVA, que esperaba generar sinergias de hasta 850 millones de euros gracias a la fusión. Ahora, esa rentabilidad queda en entredicho.
¿Seguirá el BBVA adelante con la opa?
Carlos Torres, presidente del BBVA, se enfrenta a una decisión difícil: mantener la oferta hostil con condiciones que reducen notablemente su atractivo o retirarla por considerarla inviable. Desde la entidad recuerdan que legalmente pueden dar marcha atrás si las nuevas reglas alteran los beneficios esperados. No se descarta incluso una batalla judicial, ya que el banco considera que el Gobierno ha ido más allá de lo permitido por la Ley de Competencia.
El BBVA tendrá que rehacer su folleto de opa e incluir los nuevos escenarios para ser aprobado por la CNMV, previsiblemente en julio. Desde entonces, los accionistas tendrán entre 15 y 70 días para aceptar o rechazar la oferta.
Catalunya celebra el blindaje del Sabadell
En el ámbito político y empresarial catalán, las medidas han sido recibidas con alivio. El president Salvador Illa aplaudió que el Ejecutivo haya “antepuesto el interés general, protegiendo a las familias, las pymes y la economía de los territorios”. También la patronal Foment del Treball dio por “amortizada” la opa tras conocer las condiciones, asegurando que “no interesa ya a los accionistas” y que una fusión hubiera significado la pérdida de hasta 70.000 millones en créditos para empresas.
Desde el Sabadell no se han opuesto frontalmente, pero han señalado que el BBVA deberá valorar si la operación sigue teniendo sentido con las nuevas reglas del juego. Las sinergias, que eran uno de los pilares del proyecto, se esfuman al tener que mantener dos estructuras separadas y plantillas intactas.
Choque con Bruselas
La decisión del Gobierno español no ha pasado desapercibida en Bruselas. La Comisión Europea ha expresado dudas sobre si esta intervención podría suponer una vulneración del derecho comunitario. En particular, preocupa que se utilice la Ley de Competencia para frenar una operación que ya había recibido el visto bueno del Banco Central Europeo y de la CNMC.
El Ejecutivo se defiende alegando que actúa dentro de los márgenes que la ley le permite, para proteger “el interés general”, incluyendo la cohesión territorial, la vivienda asequible, el empleo y el acceso a servicios financieros en todo el país. Además, ha contado con el respaldo jurídico de la Abogacía del Estado.
¿Qué viene ahora?
Todo apunta a semanas de alta tensión entre el BBVA y el Gobierno. Si la entidad bancaria opta por continuar con la opa, deberá asumir una larga travesía sin sinergias y con estructuras duplicadas. En caso de desistir, sería una victoria política del Gobierno y de la sociedad catalana, que ha defendido en bloque la independencia del Sabadell.
Sea cual sea el desenlace, la operación marcará un antes y un después en la política de fusiones en España. La etapa de consolidación bancaria post-crisis puede haber encontrado, por fin, un límite claro: la defensa del interés público por encima de la rentabilidad privada.