El regreso del curso político no ha podido empezar con peor pie para los trabajadores y trabajadoras y para el Gobierno. La esperada votación sobre la reducción de la jornada laboral ha chocado de frente contra el rechazo de Junts per Catalunya, que ha confirmado al Ministerio de Trabajo que mantendrá su enmienda a la totalidad. Con este movimiento, el Ejecutivo se queda sin los apoyos necesarios para tramitar la medida estrella de Yolanda Díaz, que pretendía rebajar las horas de trabajo semanales a 37,5, tras más de cuatro décadas congeladas en 40.
El desenlace supone una derrota amarga, especialmente para la vicepresidenta segunda, que había hecho de esta reforma su principal bandera social. El rechazo no sorprende: ya se intuía desde hacía semanas, pero ahora se convierte en un golpe político en toda regla que deja a la coalición debilitada y al socio minoritario, Sumar, tocado en plena vuelta de vacaciones.
La reunión definitiva
El desencuentro se materializó en una reunión mantenida este lunes entre la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Ambos llevaban tiempo tanteando un acercamiento, pero la distancia nunca se redujo lo suficiente. Desde Trabajo se ofrecieron ayudas y desgravaciones para pymes y microempresas, así como medidas contra el absentismo laboral, en un intento por atraer al grupo catalán. Sin embargo, las patronales catalanas —muy influyentes en Junts— nunca se sintieron cómodas con la propuesta.
Finalmente, Nogueras comunicó el “no” definitivo. Ese voto, sumado al de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, asegura que las enmiendas a la totalidad saldrán adelante el miércoles en el Congreso. El proyecto de ley quedará así devuelto al Gobierno, que tendrá que recomenzar desde cero si quiere volver a presentarlo.
Una derrota calculada
Pese a tener asegurada la derrota, Yolanda Díaz no retirará la propuesta del orden del día. Su objetivo es claro: obligar a cada grupo parlamentario a retratarse públicamente y asumir el coste político de votar contra una medida popular. Tanto en el Ministerio como en los sindicatos se da por hecho que la reducción de jornada cuenta con un respaldo mayoritario entre la ciudadanía, incluso entre votantes de partidos conservadores.
Con esta estrategia, el Gobierno pretende marcar terreno y poner de relieve la desconexión entre las élites políticas y la población trabajadora. El debate, lejos de cerrarse, promete convertirse en una piedra en el zapato para los partidos que se oponen.
La respuesta sindical
Los sindicatos UGT y CCOO no han tardado en movilizarse. Sus líderes, Pepe Álvarez y Unai Sordo, anunciaron manifestaciones el mismo día de la votación, tanto en Madrid, cerca del Congreso, como en decenas de ciudades de toda España.
“Pedimos que retiren las enmiendas a la totalidad”, exigió Sordo, que criticó duramente a los diputados que, en sus palabras, “ganan 100.000 euros al año, tienen casas en propiedad y acciones heredadas” mientras rechazan mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en la hostelería, la limpieza o el comercio. Para el líder sindical, se trata de “un ejemplo perfecto de la desconexión entre representantes políticos y gente corriente”.
Álvarez, por su parte, recordó que no se trata de aprobar la medida de inmediato, sino de permitir que se debata en el Parlamento: “No es de recibo que se castigue a la inmensa mayoría de personas que queremos que se reduzca la jornada por razones que nada tienen que ver con esta cuestión”.
Un proyecto con historia
La reducción de jornada fue uno de los compromisos más destacados de Sumar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El acuerdo de coalición con el PSOE ya contemplaba una primera bajada a 38,5 horas semanales antes de finales de 2024, pero ese objetivo no se cumplió. Para 2025, la meta era alcanzar las 37,5 horas, lo que habría supuesto el mayor avance en derechos laborales desde la implantación de la jornada de 40 horas en 1983.
El texto contaba con el respaldo firme de UGT y CC OO, pero con el rechazo frontal de las patronales CEOE y Cepyme, además de las catalanas Foment y Pimec. Para Junts, la ausencia de consenso con los empresarios fue una de las razones de su negativa. “Junts no rechaza la reducción de jornada, rechaza esta ley”, matizan desde su grupo parlamentario.
Tras el fracaso parlamentario, el Ministerio de Trabajo ya piensa en un segundo intento. No ha especificado plazos, pero asegura que el proyecto volverá al Consejo de Ministros para ser reactivado más adelante. Paralelamente, prepara medidas que no requieren aprobación parlamentaria, como el registro horario digital y accesible para la Inspección de Trabajo, que permitirá controlar con mayor precisión las horas trabajadas.
Los sindicatos respaldan esta estrategia y advierten de que la cuestión no desaparecerá: “La reducción de jornada va a perseguir a los grupos durante toda la legislatura”, insistió Sordo. Álvarez fue aún más contundente: “Esto va a ser una pesadilla. Nadie se podrá escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada”.
Un debate de fondo
Más allá de los cálculos políticos, lo cierto es que la medida tendría un impacto directo en 12,5 millones de personas trabajadoras. Según los sindicatos, favorecería especialmente a las mujeres, que suelen acumular más cargas de cuidados, y contribuiría a mejorar la conciliación. Además, subrayan que ya existen convenios sectoriales en hostelería, limpieza o comercio que contemplan jornadas inferiores a las 40 horas, lo que demuestra que la reducción es viable.
El enfrentamiento entre Gobierno, patronales y partidos evidencia una brecha ideológica profunda sobre el futuro del trabajo. Para unos, la reducción es un paso necesario hacia una mayor calidad de vida; para otros, un lastre para la competitividad empresarial.
Lo que está claro es que el debate sobre el tiempo de trabajo ha regresado al centro de la política española. La derrota de Yolanda Díaz no cierra el capítulo: lo abre con más fuerza. A partir de ahora, cada partido deberá explicar por qué apoya o rechaza una medida que, según las encuestas, cuenta con un amplio respaldo social.