El Consejo de Ministros desbloquea por fin la subida adicional del 0,5% en los salarios del funcionariado, pactada con los sindicatos y que debía haberse aplicado desde principios de año. Aunque la medida supone un pequeño respiro para quienes trabajan en la Administración, tanto CCOO como UGT critican la demora del Ejecutivo y recuerdan que aún hay compromisos sin ejecutar, como la jornada de 35 horas, la jubilación parcial o mejoras retributivas para 2025.
Un acuerdo con retraso
El Gobierno ha decidido aprobar este martes la subida salarial del 0,5% pendiente desde comienzos de 2024 para los empleados públicos. Esta medida beneficiará a más de tres millones de personas que trabajan en la Administración General del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. La subida, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, llega en cumplimiento del acuerdo marco firmado con los sindicatos CCOO y UGT para el periodo 2022-2024.
Este incremento del 0,5% se suma al 2% ya aprobado a comienzos de este año, elevando la subida total en 2024 al 2,5%. La condición para que este aumento se activara era que la suma de la inflación (el IPC armonizado) de los años 2022, 2023 y 2024 superase el 8%. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que esa suma asciende al 11,6%, por lo que el Gobierno estaba obligado a aplicar el alza acordada.
Sin embargo, los sindicatos han lamentado que la medida llegue con mucho retraso. “Estamos ante una aplicación tardía que tenía que haberse resuelto hace ya un año y medio”, denuncian fuentes de CCOO y UGT. Aunque valoran positivamente que el Ejecutivo cumpla con lo pactado, consideran que esta demora afecta a la confianza en la Administración y al poder adquisitivo del personal público.
Malestar sindical
Más allá de este 0,5%, los sindicatos advierten de que el acuerdo firmado con el Ministerio de Función Pública sigue sin completarse. Entre los puntos aún sin resolver destacan la implantación definitiva de la jornada laboral de 35 horas semanales, la posibilidad de acceder a la jubilación parcial, la revisión de la clasificación profesional o la negociación de las mejoras retributivas para 2025.
En palabras de UGT Servicios Públicos, “la subida es una buena noticia, pero no puede esconder los incumplimientos”. Por ello, junto al Área Pública de CCOO, han convocado una reunión de sus principales responsables de Función Pública este jueves 3 de julio, tras la cual ofrecerán una rueda de prensa conjunta.
Ambos sindicatos insisten en que la falta de avances en estas materias no solo afecta a la calidad del empleo público, sino también a los servicios que se prestan a la ciudadanía. “Una Administración moderna y eficiente necesita condiciones laborales dignas y previsibles. No se puede hablar de transformación sin cumplir con lo pactado”, afirman desde CCOO.
Una década de pérdida de poder adquisitivo
Aunque las subidas acumuladas desde 2022 parecen significativas —un 3,5% ese año, otro 3,5% en 2023 y un 2,5% en 2024—, los representantes sindicales recuerdan que durante más de una década los empleados públicos han sufrido una pérdida importante de poder adquisitivo.
Desde los recortes implantados en 2010, el personal funcionario ha visto cómo sus sueldos quedaban congelados o subían por debajo del coste de la vida, mientras aumentaban las cargas de trabajo. La subida global del 9,5% pactada en el marco 2022-2024 intenta paliar esta brecha, pero no la cierra por completo. “Aun con estas subidas, muchos empleados públicos siguen por debajo de los niveles salariales previos a la crisis de hace 15 años”, recalca UGT.
Además, los sindicatos alertan de la creciente precariedad en algunos sectores del empleo público, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, donde la temporalidad, la sobrecarga y los contratos parciales siguen siendo un problema estructural.
Desde el punto de vista económico, el aumento salarial también se interpreta como una medida que puede favorecer ligeramente el consumo interno. En un contexto de inflación aún elevada y encarecimiento de productos básicos, este ingreso adicional, aunque modesto, podría suponer un alivio para miles de familias.
No obstante, la cantidad que recibirán los trabajadores y trabajadoras apenas compensa el encarecimiento acumulado de la vida. Por ejemplo, en muchos hogares el gasto mensual en alimentación, vivienda o energía ha subido bastante más que ese 0,5%, lo que limita el impacto real de la medida.
Por eso, los sindicatos insisten en que se debe abordar una revisión profunda de las políticas retributivas de la función pública, apostando por una mayor estabilidad, equidad y poder adquisitivo real a largo plazo.
¿Y ahora qué?
El foco ahora se traslada al cumplimiento del resto de puntos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. La presión sindical irá en aumento en las próximas semanas, sobre todo si el Gobierno no da señales claras de querer avanzar en materias como las 35 horas, las jubilaciones parciales o las mejoras para el próximo año.
Además, los sindicatos quieren implicar a las comunidades autónomas y ayuntamientos en estas negociaciones, ya que una parte importante del personal público trabaja en estos niveles de la Administración.
Con más de tres millones de empleos públicos afectados y servicios esenciales en juego, la pelota está de nuevo en el tejado del Ejecutivo. La subida del 0,5% puede ser un primer paso, pero está lejos de cerrar un ciclo que, para muchos trabajadores y trabajadoras del sector público, ha sido más de promesas que de hechos.