Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado al Ministerio de Vivienda su propia propuesta para un Plan Estatal de Vivienda 2025-2029. Frente al modelo impulsado por el Gobierno central, que pretende movilizar 6.600 millones de euros para reforzar la vivienda pública en colaboración con las comunidades, el PP plantea una alternativa que gira en torno a seis líneas estratégicas. Su eje central: aumentar la oferta de viviendas a través del mercado y proteger la propiedad privada.
Un plan centrado en la propiedad privada
Para los populares, el principal problema es la falta de suelo disponible y la "inseguridad jurídica" de los propietarios. Su receta: liberar más parcelas públicas, incentivar la construcción privada y garantizar que los arrendadores estén protegidos frente a la ocupación y el impago. La propuesta incluye facilitar hipotecas a jóvenes menores de 40 años mediante avales públicos y ofrecer beneficios fiscales a quienes rehabiliten viviendas.
Ladrillo, ladrillo y más ladrillo
El documento presentado por los consejeros de Vivienda del PP defiende recuperar lo que denominan “el modelo de éxito” de los años 70, 80 y 90, cuando miles de familias accedieron a la vivienda en propiedad gracias al impulso de la construcción masiva. Para ello, reclaman un “urbanismo ágil” y leyes que eviten que un error formal anule todo un planeamiento urbanístico.
Además, proponen crear un Portal del Suelo Público para consultar las parcelas vacantes susceptibles de ser convertidas en viviendas. El objetivo es dar transparencia al proceso y facilitar la actuación de promotores privados, a los que también se quiere premiar con incentivos económicos para fomentar la construcción de vivienda protegida.
En cuanto a la rehabilitación, sugieren bajar el IVA de las obras al 4% y permitir deducciones fiscales tanto en el IRPF como en el IBI. Según el PP, esto permitiría renovar un parque de viviendas envejecido, poniendo en circulación más inmuebles sin necesidad de construir desde cero.
Seguridad jurídica frente a la ocupación
Uno de los pilares del plan alternativo es la restauración de la “seguridad jurídica” para los propietarios. Las autonomías populares denuncian la "pérdida de confianza" entre propietarios e inquilinos y exigen cambios legislativos para frenar las ocupaciones ilegales y lo que denominan “inquiocupación”, es decir, los inquilinos que dejan de pagar.
El documento subraya la necesidad de diferenciar entre las familias vulnerables que cumplen sus obligaciones de pago y quienes se aprovechan del sistema. En ese sentido, piden eliminar las limitaciones de precios del alquiler que, según el PP, distorsionan el mercado y agravan la escasez de vivienda.
Críticas al Gobierno y defensa de la cogobernanza
Las comunidades del PP critican duramente el documento inicial del Ministerio, al que acusan de ser una simple “manifestación de intenciones” sin base suficiente para un verdadero acuerdo. Según los consejeros autonómicos, el Gobierno solo tiene competencia para establecer el marco legal y aportar financiación, pero son las comunidades quienes deben aplicar las políticas con base en sus propios enfoques políticos.
Por eso, exigen un nuevo acuerdo basado en la “cogobernanza leal” y en el respeto a sus competencias. A su juicio, solo un pacto amplio entre administraciones podrá garantizar un plan de vivienda eficaz y duradero.
¿Solución real o regreso al pasado?
El plan del PP vuelve a poner el foco en la propiedad privada como vía prioritaria para solucionar la crisis de vivienda, apostando por incentivar a los constructores y a los futuros compradores. Sin embargo, la propuesta ha despertado dudas entre quienes defienden modelos de vivienda más sociales, centrados en el alquiler asequible y el fortalecimiento del parque público.
Mientras el Gobierno insiste en ampliar la oferta pública, el PP busca reactivar el mercado mediante incentivos, seguridad jurídica y colaboración con promotores privados. La pregunta es si ese modelo —centrado en repetir recetas del pasado— servirá para afrontar una crisis que, para millones de familias, ya no se resuelve solo con más ladrillo.